viernes, 1 de enero de 2010

El Magistrado Constitucional

Fernando Murillo Flores

La jurisdicción constitucional se inauguró en el Perú cuando se estableció en la Constitución de 1979 el Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC), a partir de su vigencia, el Perú tuvo en sede de dicho Tribunal el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes, es decir, la facultad de expulsar del sistema jurídico una ley que estuviese por la forma o por el fondo en contra de la Constitución, de esa manera – al menos en teoría – estaba garantizada su supremacía normativa. Pero junto a esa misión, el constituyente también le encomendó al indicado tribunal el conocimiento de los procesos constitucionales de la libertad (el amparo y el hábeas corpus).

Posteriormente la Constitución de 1993 consideró también en su seno la jurisdicción constitucional, personificada en el ahora denominado Tribunal Constitucional (TC), encomendándosele, básicamente, las mismas responsabilidades constitucionales.

Según la historia, el balance del desempeño del TGC (1) fue negativo (1980-1992), frente al balance que ahora podría hacerse del que corresponde al TC (1993-2009) que a diferencia del anterior estaría centrado más en uno cualitativo que cuantitativo, sin dejar de reconocerse que el TC ahora tiene mayor presencia y protagonismo con importantes sentencias y precedentes vinculantes acompañados, no en pocos casos, de fuerte polémica especializada y política.

En tributo a la verdad, el pobre desempeño del TGC se debió a graves deficiencias en su diseño constitucional entre los que, sin ingresar a profundidad, podríamos enunciar algunas: la barrera de obtener 50,000 firmas para iniciar un proceso de inconstitucionalidad; el reenvío procesal de las causas sin resolverse y el sistema de designación de sus magistrados (3 designados por el Poder Legislativo; 3 designados por el Poder Ejecutivo y 3 designados por el Poder Judicial) que en boca del gran Aguirre Roca (2) fue “poner al gato de despensero”.

Pero el éxito o el fracaso de un Tribunal Constitucional, dando por descontado un buen diseño del sistema (como el número de sus miembros, su competencia y facultades), transita por difíciles caminos que implica contestar las siguientes preguntas en función de las personas que aspiran a ser designados miembros del TC: ¿Quién debe ser?, ¿Quién lo elige?, ¿Cómo lo elige?. Como siempre, el factor humano, es importantísimo.

¿Quién debe ser magistrado del TC? En principio alguien que además de estar debidamente capacitado desde la perspectiva académica y profesional, sea de una conducta democrática impecable e intachable, con un apego cierto al constitucionalismo, considerado éste como un sentimiento que implica entender la Constitución como una norma superior que plasma el proyecto de una nación y constituye – en palabras del viejo Marshall – un límite al poder.

Pero no todo queda allí en el plano personal, la exigencia de ser magistrado del Tribunal Constitucional implica además constituirse en un magistrado cuya única razón de ser sea el apego al texto constitucional y a su correcta interpretación, olvidándose del origen de su designación lo que implica dejar atrás e ignorar cualquier consigna política o sometimiento partidario para convertirse sólo en guardián de la Constitución, sin que ello implique – porque no habría modo – que el magistrado elegido no tenga sus propias tendencias ideológicas como es natural.


¿Quién elige ser magistrado del TC y cómo lo elige?

Actualmente a los magistrados del TC los designa el Poder Legislativo mediante una votación que debe sumar 1/3 del número legal de sus miembros, es decir, se elige a un magistrado del TC con 80 votos a favor.

Este sistema de elección no tendría porque ser malo, si dicha votación estuviese siempre orientada a elegir al más idóneo, pero el hecho de necesitarse semejante mayoría calificada no es sino – en muchos casos – motivo para no elegir al mejor, sino sólo a quien sea más simpático a las fuerzas políticas que juegan en el Congreso e ingresar a un peligroso juego del te doy para que tú me des, el famoso toma y daca.

Actualmente el Congreso debe elegir a dos magistrados del TC, pues el período de 5 años de dos de ellos ya está próximo a vencer, sin embargo, a la convocatoria del Congreso se han presentado muy pocos postulantes pues, como es lógico, quienes se precien de su carrera académica y profesional no están dispuestos a un baloteo político sin consideración alguna, como sucedió en la anterior elección que sin duda se reflejó en un bajón en el desempeño actual del TC, sin dejar de contar algunos exabruptos verbales que agudizaron la tensión normal a la que está sujeta el TC en su difícil misión.

Si acaso el Congreso estuviese consciente de la responsabilidad histórica – no política – que tiene al designar a los magistrados del Tribunal Constitucional, brindaría todas las garantías a los postulantes para ser evaluados sólo en función de su capacidad académica y profesional, así como de su trayectoria ante el Estado Constitucional de Derecho y las tendencias ideológica que como tales deben tener respecto a la libertad, a la vida, a los derechos civiles, políticos y económicos.

Pero, lamentablemente el Congreso afronta otro problema personal e institucional: el descrédito. Este problema lo convierte en una caja de pandora. ¿A qué postulante serio le interesará ingresar a un proceso de selección político sin reglas claras?, ¿A quién que se precie le interesará ser designado por congresistas cuyo comportamiento personal y público es deplorable? ¿Qué buena elección podría hacerse en el seno de un Congreso cada vez más deslegitimado?

Cualquier aspirante serio a la magistratura constitucional desearía ser evaluado en función de su trayectoria y por un Congreso prestigioso, lo que sin duda le daría legitimidad a su nombramiento, y le permitiría tener un desempeño a la altura de la responsabilidad que demanda el control de la supremacía constitucional y vigencia real de los derechos fundamentales.

Pero esa expectativa ahora es sólo una ilusión, la jurisdicción constitucional reclama a sus mejores hijos, a los que estén dispuestos a engrandecerla, pero el precio a pagar puede ser muy caro, tan caro que un postulante serio podría ser fulminado antes de tiempo, dejando fuera de carrera a quienes sí están capacitados para llevar en sus hombros el inmenso peso de decir que es y que no es constitucional, y en carrera a quienes muy bien podrían ser los aludidos por Groucho Marx que dirían antes sus electores: “estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros”.

Por ahora sólo cabe tener la esperanza que el diablo deje de rondar por el Congreso, que se den señales claras y confiables de que el sistema de elección realmente funcione en tributo a la jurisdicción constitucional que el Estado Constitucional de Derecho reclama en el Perú.
[1] Este fue el motivo para que el autogolpe de 1992 no dejase en pie a dicho tribunal.
[2] Este Notable Magistrado lo fue tanto del TGC como del TC.

viernes, 25 de diciembre de 2009

Fundamento para la titularidad de derechos por la persona jurídica

Por: Javier André Murillo Chávez

La titularidad de derechos por la persona jurídica es un tema aceptado por la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia; sin embargo, el fundamento de la misma es algo que aún es discutido y presenta en posiciones unitarias aún un leve sustento. Sin embargo, ¿son estas posiciones excluyentes para sustentar necesariamente de manera separada esta titularidad?

Para comenzar, el profesor Juan Espinoza define a estos entes de la siguiente manera:

“la persona jurídica o colectiva es la organización de personas (naturales o jurídicas) que se agrupan en la búsqueda de un fin valioso (lucrativo o no lucrativo) y que cumple con la formalidad establecida por el ordenamiento jurídico para su creación (que puede ser mediante la inscripción en Registros Públicos o a través de una ley)” (Espinoza 2008: 711).

Concordando con esta definición, encontramos que la persona jurídica es un sujeto de derecho definido como centro de imputación de un plexo de derechos y deberes; sin embargo, a diferencia del ser humano, como sujeto de derecho, la persona jurídica es una creación social o creación del derecho.

Como sujeto de derecho, la persona jurídica tiene capacidad de goce (aptitud para ser titular de derechos y deberes) de lo cual se desprende que es titular de derechos. A nivel general, el fundamento de la titularidad de derechos por la persona jurídica es su categoría jurídica como sujeto de derecho que se basa, como señala Espinoza, siempre y en última instancia al ser humano. Así, “el sujeto de derecho que conocemos como persona jurídica puede tener, entonces, todos los derechos que corresponden a su naturaleza, esto es, aquellos que correspondan a su subjetividad (digamos, su condición de sujeto no persona)” (Pazos 2005: 105).

Sin embargo, en un análisis más profundo del tema específico en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, Ángel Gómez Montoro señala que

“la plena efectividad de los derechos fundamentales exige reconocer que la titularidad de los mismos no corresponde sólo a los individuos aisladamente considerados, sino también en cuanto se encuentren insertos en grupos y organizaciones, cuya finalidad sea específicamente la de defender determinados ámbitos de libertad o realizar los intereses y los valores que forman el sustrato último del derecho fundamental” (Gómez 2000).

Con esto Gómez Montoro, señala que el fundamento de la titularidad de derechos por la persona jurídica es la titularidad de los individuos insertos en grupos y organizaciones, lo cual se basa en el derecho constitucional a la asociación (Artículo 2 numeral 13 de la Constitución). Así, Gómez Montoro señala luego que

“si el derecho a asociarse es un derecho constitucional y si los fines de la persona colectiva están protegidos constitucionalmente por el reconocimiento de la titularidad de aquellos derechos acordes con los mismos, resulta lógico que se les reconozca también constitucionalmente la titularidad de aquellos otros derechos que sean necesarios y complementarios para la consecución de esos fines” (Gómez 2000).

De la misma manera, nuestro Tribunal Constitucional señala que la titularidad de derechos por las personas jurídicas

“se desprende implícitamente del artículo 2, inciso 17 de nuestra Carta Fundamental, pues mediante dicho dispositivo se reconoce el derecho de cada persona de participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Este derecho, además de constituir un derecho fundamental por sí mismo, es, a su vez, una garantía institucional, en la medida en que promueve el ejercicio de otros derechos fundamentales, ya en forma individual, ya en forma asociada” (T.C. 2002)

De esta manera, cambia el sustento jurídico del que desprende el fundamento del Tribunal Constitucional Español del derecho a la asociación (Artículo 2 numeral 13) al derecho a la participación asociada (Artículo 2 numeral 17); sin embargo, aún sustenta la titularidad en los individuos insertos en grupos y organizaciones. De esta manera, señala el Tribunal Constitucional peruano: “en la medida en que las organizaciones conformadas por personas naturales se construyen con el objeto de que se realicen y defiendan sus intereses, esto es, actúan en representación y sustitución de las personas naturales, muchos derechos de éstos últimos se extienden sobre las personas jurídicas.” (T.C. 2002).

Por otro lado, Gema Rosado y Javier Pazos tienen posturas distintas. Por un lado, Rosado señala que la titularidad de derechos por las personas jurídicas en la dignidad humana de las personas asociadas; de esta manera, señala que

“la dignidad humana no ha de entenderse, en exclusiva, como la del individuo aislado, en soledad, sino en comunidad. (…) el hombre vive en sociedad y (…) también en ella, y, a veces sólo en ella, ejerce derechos y que se organiza y forma agrupaciones precisamente para la defensa de sus intereses y derechos. Así pues, bien puede decirse que la efectividad de los derechos fundamentales de las personas físicas también se realiza a través de la protección y garantía de los derechos de las organizaciones en que se integran.” (Rosado 2004: 127-129)

De otro lado, Pazos señala: “No debemos olvidar que las instituciones jurídicas son medios y no fines en sí mismos. Por ello, en tanto sirvan al hombre con cierta coherencia, serán bienvenidas. La creación de categorías jurídicas se justifica en la utilidad de las mismas.” (Pazos 2005: 104). Concordando con él, Solozábal citado por Rosado, señala

“que el derecho de asociación ‘corresponde también a la propia asociación’, si bien ‘esto no puede significar olvidar el carácter necesariamente instrumental de este reconocimiento, inherente por lo demás a la propia técnica de la personificación, que es un medio al servicio de las necesidades de los individuos, propósito que está detrás de la titularidad colectiva de los derechos individuales.’” (Rosado 2004: 130)

Así, observamos que ellos fundamentan la titularidad de derechos por las personas jurídicas en la utilidad o funcionalidad de estos entes creados por el derecho. Es decir, si bien se le reconocen derechos a las personas jurídicas siempre es debido a la utilidad que presten a los seres humanos individualmente concebidos; podríamos señalar que esta fundamentación se basa en la naturaleza artificial de la persona jurídica.

Definitivamente, como ya mencionó nuestro Tribunal Constitucional, las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales en cuanto sean compatibles con su naturaleza; es decir, como creación del derecho; sin embargo, la fundamentación de esta decisión es discutible como hemos observado. Pese a lo controversial, se puede encontrar un punto de equilibrio en la argumentación.

En principio, las personas jurídicas, como sujetos de derecho, son titulares de derechos y deberes; como sabemos, un componente del sustrato fundamental de una persona jurídica es la pluralidad de personas individuales (u otras jurídicas) que la componen; estas, a su vez, son titulares de derechos por la dignidad de la persona humana. De esta manera, estas personas, al constituir y formar personas jurídicas, se encuentran ejerciendo su derecho a la asociación (Artículo 2 numeral 13 de la Constitución) y su derecho a la participación asociada (Artículo 2 numeral 17 de la Constitución). Otro elemento fundamental de la persona jurídica son sus fines u objeto social, los cuales siempre buscan ser satisfechos por la pluralidad de personas que se asocian; por lo tanto, las personas jurídicas son entes útiles creados por el derecho.

En conclusión, analizando cuatro posturas de la doctrina y la jurisprudencia, se observa que todas están relacionadas y son bastante cercanas; pero, lo más importante es que no son excluyentes y se complementan una a la otra para fortalecer el sustento. Sin embargo, no debemos dejar de lado que estamos pensando en las personas jurídicas como fin de la argumentación; de esta manera, cabe reflexionar sobre qué son las personas jurídicas: ¿un ente abstracto o una reunión de personas naturales (en última instancia)?

Según la primera (como sujeto de derecho) y la cuarta (como ente útil) postura que hemos analizado, la persona jurídica sería un ente abstracto que engloba diversas personas naturales (en última instancia); sin embargo, según la segunda (como personas naturales con titularidad de derechos asociadas) y la tercera (como personas con dignidad humana asociadas) postura, la persona jurídica es la agrupación de personas naturales (en última instancia) con dignidad humana que es fundamento para la titularidad de derechos.

En el tema de fundamentación o sustento, las cuatro posturas son complementarias; sin embargo, en el tema general sobre la naturaleza jurídica y concepción, como advierte Genaro Carrió, citado por Monti:

“Con frecuencia no está claro lo que se busca con estas indagaciones, aunque es posible que, como observó Carrió, al preguntar sobre la naturaleza jurídica se aguarde una respuesta que dé una clave, una pauta o criterio único para la solución de todos los casos que caen bajo un determinado conjunto de reglas, tanto los que claramente están abarcados por ellas como los dudosos. Aunque la intención puede ser comprensible, concluye el autor citado, tal búsqueda sería inútil” (Monti 2002: 25).

Discutir acerca de las dos últimas posturas acerca de la naturaleza de las personas jurídicas que hemos diferenciado: la primera postura es la denominada “de la ficción” y la segunda, “de la realidad”; como señalaba Carrió, sería una búsqueda inútil puesto que ambas posturas son correctas, simplemente son diferentes.

Por otro lado, en nuestro ordenamiento, como ha señalado nuestro máximo interprete de la Constitución, se ha optado por segunda postura: considerar a la persona jurídica como la agrupación de personas naturales (en última instancia) con dignidad humana que se encuentran ejerciendo el derecho a la participación asociada (Artículo 2 numeral 17). En todo caso, a nivel de argumentación o sustento, las posturas se deberían usar de manera complementaria de manera que la argumentación sea eficaz para el fin buscado: la titularidad de derechos por las personas jurídicas.

Bibliografía

ESPINOZA Espinoza, Juan
2008 - “Derecho de las Personas”. Lima: RODHAS.

ROSADO Iglesias, Gema
2004 - “La titularidad de derechos fundamentales por la persona jurídica”. Valencia: Tirant lo Blanch.

PAZOS Hayashida, Javier
2005 - “La capacidad de la persona jurídica: apuntes indiciarios”. En "Ius et veritas". Año 15, no. 31. Lima, pp. 102-112.

T.C. (Tribunal Constitucional peruano)
2002 - Sentencia Exp. 0905-2001-AA/TC: Caso Caja Rural de Ahorro y Crédito de San Martín.
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/00905-2001-AA.html

GOMEZ Montoro, Ángel
2000 - “La Titularidad de Derechos Fundamentales por personas jurídicas (Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español)” [en línea] en “Cuestiones Constitucionales” (Web). Nº 2 Enero-Junio.
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/2/art/art2.htm

MONTI, José Luis
2002 “Teoría elemental de las personas jurídicas”. Buenos Aires: Ad hoc

sábado, 14 de noviembre de 2009

EL PRINCIPIO DEL MÍNIMO DE FORMALISMOS EN LOS PROCESOS DE VIOLENCIA FAMILIAR


Mariliana Cornejo Sánchez[1].

INTRODUCCIÓN

Que la heterogeneidad y el pluriculturalismo de nuestra sociedad exige la aplicación de principios generales del derecho para responder a patologías sociales que muchas veces desbordan los límites legales, pues no debemos de olvidar que el derecho regula la convivencia social, la misma que es compleja y que se sobre dimensiona. Al respecto debe tenerse en cuenta que las directrices o códigos universales son las ideas fundamentales, axiomas jurídico, postulados éticos o criterios que positivizados o no, inspiran y orientan la creación o interpretación del ordenamiento jurídico dándole un sentido o integrándolo, por lo que no debe de olvidarse que estos principios están sobre el derecho escrito y que en muchos casos son anteriores a este. No se debe de perder de vista que los principios son el resultado del progreso, así como de las necesidades y de la mutación de la sociedad que van enarbolando nuevos paradigmas o estereotipos de sociedad. Que el problema de violencia familiar parece haberse internalizado en el hombre (justamente por su condición de tal – ser complejo ) y se ha constituido en un problema transgeneracional pues nadie podrá negar que en cualquier estatus social, este aparece con mayor o menor intensidad. Sin embargo, no podemos dejar de identificarlo y procurar armonizarlo, toda vez que la familia es el baluarte de la sociedad.

GENERALIDADES

Las declaraciones internacionales sobre derechos Humanos así como la Constitución Política del Perú han definido a la familia como una unión natural destinada a la realización de los actos humanos propios de la generación. Es así que el artículo 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé que: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado”; en este mismo sentido el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 establece que se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos. El artículo VI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948 reconoce como derecho fundamental de toda persona el de constituir una familia, elemento fundamental de la sociedad y de recibir protección para ella. Declaraciones internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico por expresa disposición de la Cuarta Disposición Final de la Constitución Política del Estado y por cuya razón son de obligatorio cumplimiento al momento de resolver controversias relativas al derecho de familia.

Por su parte la Constitución del Estado en su artículo 4 manifiesta que:”La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad”.

Finalmente el jurista Alex Placido Vilcachahua[2] ha definido a la familia como: “ (…) aquella comunidad iniciada o basada en la asociación permanente de un hombre y una mujer, de origen matrimonial o extra matrimonial, destinada a la realización de los actos humanos propios de la generación; que está integrada por personas que se hayan unidas por un afecto natural, derivado de la relación de pareja, de la filiación y, en última instancia, del parentesco consanguíneo y de afinidad, que las induce a ayudarse y auxiliarse mutuamente y que, bajo la autoridad directiva o las atribuciones de poder concedidas a una o más de ellas, adjuntan sus esfuerzos para lograr el sustento propio y el desarrollo económico del grupo”.

Adhiriéndome a esta definición quiero agregar que la familia es un grupo humano complejo donde existe un recambio generacional y porque dentro de este confluyen los sentimientos mas sensibles del ser humano, como el amor, el odio, el rencor, los celos, la intolerancia, los desatinos e imponderables que muchas veces llevan a conductas de confrontación que llevan a una densidad emocional.

Que en este contexto, los problemas que se suscitan dentro de este núcleo familiar se vinculan directamente con los derechos fundamentales de la persona al cual las declaraciones internacionales sobre la materia protegen privilegiadamente por tratarse de derechos humanos. Que en forma concreta cuando se trata de violencia intra familiar está afecta su desarrollo, vulnera su derecho a la vida a la integridad personal sea física o psicológica, a la salud a la seguridad personal, a la libertad personal y hasta la plena libertad sexual causando graves secuelas en sus miembros. Entonces, cómo responder rápidamente ante estos atropellos; considero que los operadores de justicia, tiene que ser ingeniosos y creativos para interpretar y desarrollar estas declaraciones que protegen a la familia, no dejando de lado fundamentalmente la realidad socio cultural en la que se presentan los problemas referidos a la familia, para cuyo fin deberán interpretar y aplicar las normas de conformidad con el principio de la realidad que a decir de Marcial Rubio Correa[3] consiste en que: “(…) un problema de naturaleza constitucional, debe resolver (sic) a partir de los elementos de hecho que dan las relaciones sociales objetivas que se producen, para lo cual, si es preciso, hay que eliminar la desnaturalización o sesgo que sobre ellos, produzcan la formas jurídicas.
Primarán los efectos que aconseje aplicar la realidad objetiva y no los que aconsejen las formas usadas”

Que la Ley de Violencia Familia, en su artículo 3 ha establecido que: “Es política permanente del Estado la lucha contra toda forma de violencia familiar, debiendo desarrollarse con este propósito las siguientes acciones:

(…)
d) Establecer procesos legales eficaces para las víctimas de violencia familiar, caracterizados por el mínimo de formalismo y la tendencia a brindar medidas cautelares y resarcimiento por los daños y perjuicios causados...” (el subrayado es mío).

Así el artículo 7 inciso f) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Pará” a establecido que: “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
f. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entro otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”.

Empero, el artículo referido a nuestra Ley de Violencia Familiar se percibe que es débil e incipiente y para fortalecerlo debemos recurrir al artículo 25 inciso 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la misma que prescribe que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que dañen o afecten los derechos fundamentales de la persona. Consecuentemente los que estamos involucrados en el tema del derecho de familia no podemos sustraernos de utilizar estos mecanismos internacionales en forma oportuna y eficaz. En este sentido, es propicio citar lo dicho por Gerardo Eto Cruz[4], respecto de la aplicación de las normas principios a efectos de resolver un conflicto presentado ante la justicia ordinaria:

“Por otro lado, en el ámbito del método jurídico, dicha constitucionalización del orden jurídico conduce a que las distintas controversias jurídicas no sean resueltas sólo apelando a las normas-regla que el conjunto normativo específico provea (derecho civil, penal, laboral, etc.), sino también a las normas-principio contenidas en los mismos

conjuntos normativos o en la Constitución en forma de derechos fundamentales[5]. La creciente incorporación de los principios en la resolución de los casos judiciales ha generado, pues, una revolución copernicana en el método jurídico. Del tradicional método de la subsunción judicial, aplicado a las denominadas normas-regla se ha pasado, de modo muy intenso en los últimos años, a emplear el método ponderativo construido para la aplicación de las normas-principio[6]. Dicho cambio en el modo de operar con las normas jurídicas, producida principalmente por la presencia en el ordenamiento jurídico de las normas constitucionales (de carácter fundamentalmente principialistas) genera, además de un cambio en el paradigma jurídico del que muchos han hablado[7], un modo distinto en el modo de ejercer el control constitucional.

¿QUÉ DECISIÓN TOMAR?

Debo de confesar que en el ejercicio de la función jurisdiccional que desempeño he dejado de lado la aplicación estricta de la ley de violencia familiar porque considero que la realidad, la razón y la justicia importan mas para resolver el problema, que el estricto cumplimiento de las formas; considerando prioritariamente los principios de la realidad y de tutela jurisdiccional efectiva.

En este sentido, mientras se cumplen con todos las actos que comprenden la vía del proceso único, desarrollado en los artículos 164 al 173 del Código de los Niños y Adolescentes, se puede observar la agonía de la parte agraviada, quien además de soportar el tiempo que dura el trámite pre jurisdiccional (que implica en primer lugar la puesta en conocimiento de la policía o al teniente gobernador, al presidente de la comunidad, al jefe de los ronderos o por último al juez de paz del escenario donde se produjo la agresión), ahora tiene que esperar lo que dure el proceso judicial, lo que finalmente origina en la victima una sensación de cansancio. Que si bien éste último pronunciamiento no se puede soslayar porque los hechos ocurren en cada núcleo de familia alejado de la metrópoli, sin embargo es necesario preguntarse qué debe hacer el juez cuando ya se encuentra instaurado un proceso por violencia familiar a raíz de la demanda interpuesta por el Ministerio Público. Considero que no queda otra alternativa, que dar una solución inmediata, para cuyo fin se convoca al abogado de oficio y al Ministerio Público quienes en el acto de la audiencia única no programada garantizarán la legalidad del acto y que las medidas cautelares dictadas por el juzgado no afecten los derechos de las partes. Al actuar de esa forma, es decir pretiriendo el desarrollo normal del proceso, se privilegia el acceso a la justicia de las partes en desmedro de la coraza del formalismo, pues se da una solución rápida y sencilla a las patologías familiares, evitando asimismo se continúe con los actos de barbarie que se pueden presentar dentro de las relaciones familiares. Asimismo, aprovechando que en el acto de la audiencia se tiene la presencia de las partes; el juez en su calidad de director del proceso valiéndose de los principios de oralidad e inmediación, puede siempre y cuando respetando el derecho de defensa de las partes, aprovechar para dar recomendaciones y/o establecer regímenes de visitas, alimentos, orientar si aún el padre no ha reconocido a sus hijos, para que acudan a los centros de salud con la finalidad de controlar la natalidad y en fin, proporcionar una serie recomendaciones para la integración y fortalecimiento de los lazos familiares, así como exhortar a las partes a que eviten realizar actos que resquebrajen la unidad familiar.

Considero que estos alcances pueden contribuir a desarrollar lo que significa el mínimo formalismo dejando a salvo la lucidez de ingenio de los operadores del derecho y explorando su alta capacidad interpretativa cuál es la de utilizar el método dinámico de interpretación. Al respecto es pertinente citar la siguiente casación[8]:

“(…) el Juez no puede sujetarse a la voluntad del legislador, es decir, el Juez no puede actuar como la boca que pronuncia las palabras de la ley, como antiguamente se postulaba; por el contrario, está llamado a interpretar y aplicar la norma jurídica en un contexto social determinado, en tiempo y lugar en donde operan los factores sociales, económicos, políticos, culturales, entre otros, pues el Derecho vigente regula las relaciones jurídicas emergentes en dicho contexto (…)”


LO QUE SUCEDE EN EL DESPACHO LA REALIDAD DEL DÍA A DÍA

Una razón que justifica la aplicación del principio del mínimo de formalismo para dar una solución oportuna y eficaz a los problemas de violencia familiar que se presentan, está dado por el contexto geográfico y social en el que eventualmente se producen. Así por ejemplo, es más justificado hacer uso de dicho principio en una zona geográfica rural que una zona urbana; para poder entender esto, quiero relatar mi experiencia diaria al tratar estos casos en el día a día de mi despacho judicial.

Sucede que todos los días se presentan voluntariamente al juzgado parejas de convivientes, casados, padres e hijos, hermanos y otros familiares, indicando que tienen un proceso de violencia familiar y que antes de que el proceso continúe como su trámite regular desean solucionar sus conflictos de buena manera. Si somos muy apegados a lo que dice la ley, una respuesta a lo indicado por las partes sería, según el caso, que esperen a que el demandado conteste la demanda o que se fije fecha para la audiencia única o que en todo caso concurran el día que ya fue señalado para la realización de la audiencia única, una respuesta en este sentido agravaría aún mas el problema existente, toda vez que estas personas dedicadas por lo general a la agricultura, provienen de centros poblados o zonas que se encuentran a muchas horas de distancia e incluso días, por cuanto al ser una zona de ceja de selva no existen vías de comunicación que permitan conectarlos rápidamente con la ciudad, en todo caso los caminos que existen no se encuentra adecuadamente mantenidos. Sumado a esto se tiene que para constituirse al juzgado han tenido que gastar no solo el tiempo que le dedican a las labores agrícolas, al oficio o al comercio al que se dedican, lo que ya de por si representa un desmedro en sus ingresos, sino el dinero que se ha tenido que pagar para poder transportarse desde tan lejos, lo que termina por agravar su situación; produciendo en las partes sentimientos de frustración, cólera y desesperanza al ver que la administración de justicia es indiferente a sus problemas y a sus deseos por arreglar sus conflictos. Encima de ello, hay que sopesar el riesgo de que a la audiencia programada no asistan o asista una sola parte, pues como ya se dijo es una zona de difícil acceso que hace casi imposible notificar oportunamente a las partes o que no se los pueda ubicar, es por ello que desde todo punto de vista es casi obligatorio que en estos casos se reciba a las partes para que expongan de sus problemas y así poder solucionarlos. Con ello no sólo se brinda una solución oportuna al problema, sino que se manda un mensaje a la población, en el sentido de que el Estado y de manera mas concreta, el Poder Judicial no es indiferente a sus necesidades y realidades socioculturales, que estamos a su alcance, que quienes administramos justicia, somos seres humanos que sentimos y sufrimos como ellos y que estamos para servirlos, para ser efectivo lo que por justicia les corresponde; evitando con ello que nos perciban como algo tan frío y abstracto, como es el de ser un Poder mas del Estado, un poder que es incapaz de dar solución oportuna a los problemas de la población.

ALGUNOS DATOS ESTADISTICOS

Considero que todo lo expuesto estaría incompleto si no se hace referencia al número de procesos de violencia familiar que son resueltos anticipadamente aplicando el principio del mínimo de formalismo. En este sentido, se tiene que de los procesos que son resueltos mediante la conciliación en el juzgado del que soy Juez, un número considerable de ellos se dio como consecuencia de que las partes previo dialogo se constituyeron voluntariamente al juzgado para conciliar; dando origen a que el juzgado en aplicación del principio del mínimo de formalismo lleve a cabo una audiencia no programada o extraordinaria.

Así por ejemplo que de los 45 procesos de violencia familiar que fueron resueltos mediante la conciliación en los meses de agosto y setiembre del años dos mil nueve, se tiene que 18 de ellos fueron resueltos en el acto de la audiencia no programada con ocasión de la aplicación del principio del mínimo de formalismo; lo que representa un 40% por ciento del total de proceso conciliados.

Como se observa, un porcentaje considerable de procesos de violencia familiar son resueltos mediante la conciliación propiciada por las partes en el acto de la audiencia no programada, lo que demuestra la necesidad de aplicar el principio del mínimo de formalismos para la solución oportuna, adecuada y eficaz de los procesos de violencia familiar.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Para resolver los problemas sobre violencia familiar, el juez además de regirse por lo dispuesto en la legislación nacional, debe observar prioritariamente, los principios previstos en la Constitución del Estado y en las declaraciones internacionales sobre derechos humanos.

SEGUNDA.- El principio del mínimo de formalismos es especialmente aplicable en los procesos de violencia familiar, porque dado el derecho fundamental que se viene afectando - la dignidad de la persona – es urgente poner fin a los actos que la afectan; así como disponer lo necesario para que no sea afectado nuevamente, sin que para ello sea necesario que el proceso concluya en el acto de la audiencia programa o mediante una sentencia.

TERCERA.- Una de las razones que justifican la aplicación del principio del mínimo de formalismos para la realización de la audiencia no programada esta constituido por el contexto social, cultural y económico en el cual se encuentran quienes son partes en un proceso sobre violencia familiar. Así, es más razonable aplicar dicho principio cuando quienes son parte en el proceso son personas de escasos recursos económicos, son campesinos, analfabetos o provienen de zonas geográficas de difícil acceso.

CUARTA.- La realización de la audiencia no programada con ocasión de la aplicación del principio del mínimo de formalismo permite hacer efectivo a su vez otros principios procesales, como son el de dirección procesal, inmediación y oralidad.

QUINTA.- Que el Ministerio Público así como los abogados de oficio deben estar prestos al llamado del juzgado para la realización de la audiencia no programada, no siendo la notificación formal por cuanto ella acarrea perdida de tiempo.

ANEXO:

Se adjunta parte del contenido del acta de la audiencia no programada, referente al saneamiento del proceso y a la aplicación del principio del mínimo de formalismo.

SANEAMIENTO DEL PROCESO.- Que el saneamiento del proceso, es la actividad que realiza el Juez, para inmacular, expurgar o purificar el proceso de todo vicio, defecto, omisión o nulidad que pueda impedir interiormente resolver la litis sobre el fondo; para cuyo efecto, debe verificar los denominados presupuestos procesales como son la competencia, capacidad civil, procesal y requisitos de la demanda; así como, analizar los presupuestos materiales tales como, el derecho invocado, la legitimidad para obrar e interés para obrar. Que en el presente caso, el Juzgado de Familia, es competente por expresa disposición de la ley 26260 (Ley de Violencia Familiar), artículo 18°. Que conforme se observa de la demanda interpuesta por el señor Representante del Ministerio Público, se puede verificar que el denunciado y el denunciante (Ministerio Público), gozan de capacidad civil y procesal; asimismo, los requisitos para la procedencia de la demanda se han cumplido conforme lo exige el artículo 130 y 424 del Código procesal Civil.
Que el Proceso de Violencia Familiar, conforme lo establece el artículo 3° inciso d) de la ley de Violencia Familiar, establece que dichos procesos deben ser caracterizados por el mínimo de formalismo, y la tendencia a brindar medidas cautelares y resarcimiento por los daños y perjuicios causados así como para facilitar la atención gratuita en los reconocimientos médicos requeridos por la Policía, Ministerio Público o Poder Judicial. Que este artículo debe ser concordado con el artículo 25 inciso 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la misma que prescribe que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que dañen o afecten los derechos fundamentales de la persona. Que por la sensibilidad que caracteriza a los procesos de violencia familiar, dada su connotación relacionada a la dignidad humana, el Estado debe responder en forma inmediata, para evitar se vulneren derechos fundamentales de la persona.
Que la tramitación del proceso, se encuentra diseñado conforme lo establece el artículo 20 de la ley acotada, ello es como proceso único, el mismo que implica la notificación a las partes, la absolución por el demandado, la fijación de fecha para la audiencia entre otros actos procesales; que esta tramitación, en muchos casos como en el presente, no se adecua a la realidad, porque los justiciables muchas veces provienen de zonas periféricas de largas distancias los mismos que vienen en busca de justicia a la metrópoli; que en este caso, al juzgador no le queda otro remedio que atender de manera prioritaria y privilegiada, tanto más si se tiene en cuenta que los ahora justiciables se han presentado en forma personal, sorteando dificultades de tránsito y generándose desmedro económico, manifestando su deseo de arreglar su situación.
Que en este entender, gozando el Juzgado de Defensora de Oficio y utilizando la comunicación telefónica ha logrado constituir a la Defensa y representante del Ministerio Público para proceder a llevar a cabo la presente diligencia; asimismo se consultó a la parte demandada si desea contar con un abogado, quien manifestó que no es necesario; sin embargo, la señora Juez, teniendo en cuenta la función de control judicial si es necesario suspenderá la diligencia para dar la oportunidad de que se asigne un abogado al demandado. En consecuencia habiéndose entablado la relación jurídica procesal, se da por SANEADO el proceso, disponiéndose la continuación de la diligencia.-.





[1] Juez del Juzgado de Familia de la Provincia de La Convención. Corte Superior de Justicia de Cusco.

[2] Temas de Derecho de Familia y del Niño. Programa de Actualización y Perfeccionamiento de Magistrados, organizado por la Academia Nacional de la Magistratura. Pág. 34.
[3] RUBIO CORREA. Marcial. La Interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional. Pontificia Universidad Católica del Perú. Pág. 234-235.
[4] ETO CRUZ. Gerardo. Control constitucional y poder político. Navegando por los archipiélagos de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Pág. 4

[5] La principal contribución a la distinción entre normas regla y normas principio: ALEXY, Robert: Teoría de los derechos fundamentales, Traducción de Ernesto Garzón Valdés, 3ª reimpresión, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002. Vid. igualmente DWORKIN, Ronald: Los derechos en serio, Prólogo de Albert Calsamiglia, Planeta Agostini, Buenos Aires, 1993; HART, H.L.A.: El concepto de Derecho, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1963; ATIENZA, Manuel y RUÍZ MANERO, Juan: Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, Ariel, Barcelona, 1996.
[6] Sobre el método de la ponderación judicial vid. ampliamente el apéndice “La fórmula del peso”, en ALEXY, Robert: Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica, Traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo, Prólogo de Manuel Atienza, Palestra, Lima, 2007. Vid. también PRIETO SANCHÍS, Luis: Derechos fundamentales, neoconstitucionalismo y ponderación judicial, Palestra, Lima, 2002.
[7] El cambio en el paradigma jurídico ha sido anunciado sobre todo por la corriente que ha dado en llamarse “neoconstitucionalismo”. Sobre el particular puede verse: CRUZ, Luis M.: Estudios sobre el neoconstitucionalismo, Porrúa – Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, México, 2006; BARROSO, Luis Roberto: El neoconstitucionalismo y la constitucionalización del derecho. El triunfo tardío del derecho constitucional en Brasil, UNAM, México, 2008. CARBONELL, Miguel (Coordinador): Neoconstitucionalismo(s), 2ª edición, Trotta, Madrid, 2005; AA.VV.: Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos, Miguel Carbonell (editor), Trotta, Madrid, 2007.
[8] Casación N° 2414-2006-Callao. Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema

¿EL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES NO VULNERA EL DERECHO A LA IDENTIDAD?

Mariliana Cornejo Sánchez.
Juez de Familia de la Provincia de La Convención.
Corte Superior de Justicia de Cusco.

Una de las funciones de los juzgados de familia es el conocimiento de la declaración de abandono material y moral de menores que se encuentran en esa situación, al margen de realizar todo el trámite previsto y prescrito en los artículos 243 y siguientes del Código de los Niños y Adolescentes, es preciso tener en cuenta que el artículo 145 de mismo código prescribe que: ”Si durante el proceso se comprueba que el niño o el adolescente carece de partida de nacimiento, corresponde al Fiscal Especializado solicitar la inscripción supletoria ante el Juez de Paz Letrado de su domicilio, de conformidad con las normas legales pertinentes. En tales casos, el procedimiento judicial es gratuito. Esa inscripción sólo prueba el nacimiento y el nombre. La naturaleza y efectos de la filiación se rigen por las normas del Código Civil”.

Normalmente dadas las características y los hechos fácticos como se originan los procesos de abandono, estos se caracterizan por el desamparo de los menores sometidos a este tipo de procesos y, como consecuencia de ello, se tiene que en su mayor parte carecen de partida de nacimiento. El artículo 145 al establecer que el fiscal solicite la inscripción supletoria ante el juez de paz letrado en su domicilio; el mismo que inclusive es gratuito, considero que constituye una rémora burocrática para dar respuesta a un derecho desde ya vulnerado al menor, cual es el derecho a la identidad.

Los artículos 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 24.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles; el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño; el artículo 3 de la Declaración de los Derechos del Niño y el artículo 2.1 de la Constitución del Estado, establecen, de manera uniforme, que todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre y a una nacionalidad, así como a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

Estas prescripciones respecto a la inmediatez de su inscripción deben estar desprovistas de todo trámite burocrático, si bien el artículo 145 del Código de los Niños y Adolescentes establece que el fiscal puede solicitar su inscripción, ello significa desde ya que tiene que utilizar otro mecanismo procesal como es el tramite de inscripción ante un Juez de Paz Letrado.

Considero que el juez antes de fijar o elegir la norma jurídica pertinente debe de interpretarla y si es posible crearla y recrearla a la luz del ordenamiento internacional pues en el caso de menores no se puede permitir que un derecho sustancial como es el de la identidad y nombre queden de alguna manera postergados con trámites que muchas veces se vuelven hasta tediosos. Es preciso definir que: “(…) el derecho a la identidad personal es el derecho que tiene toda persona a que se le reconozca y respete como un ser distinto a los demás individuos, entendiendo por identidad el “conjunto de atributos […], tanto de carácter biológico como los referidos a la personalidad, que permiten precisamente la individualización la individualización de un sujeto de derecho en sociedad” así lo ha establecido la Corte Constitucional Colombiana, citado en el Libro de Derecho Internacional de Derechos Humanos de Fabián Novak y Sandra Namihas. Pág. 215.

En este contexto teniendo como base esta definición nada impide al juez de familia (artículo 2.24 de la Constitución del Estado), que cuando conoce procesos de abandono de menores puede y debe inmediatamente ordenar su inscripción ante la RENIEC con solo un oficio el mismo que solo lo identificara e individualizara mas no le dará filiación, pues ello corresponde a otra institución jurídica tanto mas si se tiene en cuenta de que el arcaico artículo 23 del Código Civil prescribe: “El recién nacido cuyos progenitores son desconocidos debe ser inscrito con el nombre adecuado que le asigne el registrador del estado Civil”, pues como es lógico de inferir el juez con mucha más razón esta facultado para que dicha identificación sea inmediata y así pueda responder a las exigencias internacionales sobre derechos humanos. Por lo expuesto, considero que el artículo 145 debe ser redefinido.