domingo, 25 de junio de 2017

DERECHOS HUMANOS - 2017


CARPE DIEM

Los alumnos del curso Derechos Humanos, de la Maestría en Derecho Constitucional, de la Escuela de Post Grado de la Universidad Andina del Cusco.



Con los alumnos




Cuzco, 9, 10, 11, 23, 24 y 25 de junio de 2017

viernes, 9 de junio de 2017

CONFERENCIA - AMAG - LA PRETENSIÓN DE REPOSICIÓN EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


En el Salón de Capacitación de la Corte Superior de Justicia del Cusco, en el marco de las actividades de la Academia de la Magistratura - Sede Cusco, se llevó a cabo la Conferencia "La pretensión de reposición en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional" con la asistencia de más de 40 participantes del Poder Judicial, Ministerio Público y público en general.







Cuzco, 8 de junio de 2017.

miércoles, 7 de junio de 2017

NOTICIAS


Sorteo de Libros donados por la Dra. Marianella Ledesma Narváez.

Gracias a una donación de libros de parte de la Dra. Marianella Ledesma Narvaéz, Magistrada del Tribunal Constitucional, Cátedra Judicial viene sorteando, entre los asistentes a sus sesiones de estudio de los días martes, los textos donados.

En la Sesión del día martes 30 de mayo de 2017, el Mg. Fernando Murillo Flores, entregó el libro sorteado al Ganador del sorteo, el Abogado Hernán Huacasi Gonzáles.





En la Sesión del día martes 6 de mayo de 2017, el Dr. Pedro Alvarez Dueñas y el Mg. Fernando Murillo Flores, entregaron el libro sorteado a la ganadora del sorteo, la Abogada Ruth Elena Ñahue Choque.


  
Cáredra Judicial agradece a la Dra. Marianella Ledesma Narváez la deferencia para con nosotros, en difundir cultura jurídica.

Cuzco, 7 de junio de 2017.

lunes, 5 de junio de 2017

CONFERENCIAS sobre el IX PLENO CASATORIO CIVIL


Fue un gusto participar, conjuntamente que los Jueces de Paz Letrados Titulares de La Convención, Señores: Jorge Luis Linares Cuadros y Marco A. Flores Espezúa, en un ciclo de tres conferencias sobre el IX Pleno Casatorio Civil.

El ciclo, organizado por el Señor Juez Jorge Luis Linares Cuadros, fue todo un éxito.





Un especial agradecimiento a Jair Daniel Mozo Huamán por su invalorable apoyo, en lograr una masiva concurrencia en el Auditorio de la Municipalidad de Quillabamba.

Quillabamba, 1 de junio de 2017
   

domingo, 4 de junio de 2017

Derecho Procesal Constitucional


Con alumnos de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, del curso de Derecho Procesal Constitucional.

Con todos los alumnos.


Con las alumnas


Con los alumnos




Cuzco, 6 y 7 de mayo - 3 y  4 de junio de 2017

domingo, 28 de mayo de 2017

TEORIA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES

CARPE DIEM

Los alumnos del Curso Teoría General de las Obligaciones, de la Maestría en Derecho Civil y Comercial de la Escuela de Post Grado de la Universidad Andina del Cusco:




Con los alumnos:



Cuzco, 12, 13, 14, 26, 27 y 28 de mayo de 2017.

jueves, 18 de mayo de 2017

“El plazo estrictamente necesario y el proceso de hábeas corpus”


Fernando Murillo Flores

El Hábeas Corpus es un proceso constitucional cuya finalidad es el restablecimiento del ejercicio del derecho a la libertad cuando éste es vulnerado, vale decir, cuando se está ante: 1) una detención arbitraria; 2) un exceso del plazo constitucional de detención por comisión flagrante de delito (24 horas); de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y cometidos por organizaciones criminales (15 días) y, 3) una vulneración del plazo estrictamente necesario de detención, el mismo que ahora será particularmente oponible ante la inacción de la investigación, dentro período máximo de detención legítima, al haberse consignado en el texto del literal f, del numeral 24, del artículo 2 de la Constitución, por la modificación introducida mediante la Ley N° 30558. (publicada en el diario oficial, el 09 mayo 2017).

Para comprender lo que es el plazo estrictamente necesario, debemos estar conscientes que los plazos de 24 hrs., y 15 días, son plazos constitucionalmente establecidos como máximos, es dentro de ellos que tiene lugar el primero; dentro de dichos límites temporales se debe cumplir el plazo estrictamente necesario, por quienes efectúan la detención.

El Tribunal Constitucional (TC) expresó: “A mayor abundamiento, el plazo establecido actúa solamente como un plazo máximo y de carácter absoluto, pero no impide que puedan calificarse como arbitrarias aquellas privaciones de la libertad que, aún sin rebasar dicho plazo, sobrepasan el plazo estrictamente necesario o límite máximo para realizar determinadas actuaciones o diligencias. En tales casos, opera una restricción a la libertad personal que la norma constitucional no permite. Un claro ejemplo de ello es la prolongación injustificada de la privación de la libertad personal en aquellos casos en que se requiere solamente de actuaciones de mero trámite, o que las diligencias ya han culminado, o que de manera injustificada no se han realizado en su debida oportunidad, esperando efectuarlas ad portas de vencerse o incluso ya vencido el plazo preestablecidos.” (Exp. N°  06423-2007-PHC/TC. F. 8)

Definiendo el plazo estrictamente necesario, podemos afirmar que es, dentro de los plazos máximos de detención, aquél que debe emplearse para tipificar en forma adecuada el delito cometido, reunir los medios probatorios que demuestren la existencia de un caso penal y presentarlo ante el Juez Penal competente. El TC estipula: “Como es evidente, el límite máximo de la detención debe ser establecido en atención a las circunstancias de cada caso concreto, tales como las diligencias necesarias a realizarse, la particular dificultad para efectuar determinas pericias o exámenes, el comportamiento del afectado con la medida, entre otros.

Delineando el contorno del plazo estrictamente necesario podemos decir: i) el plazo de detención, sea el de 24 hrs., o el de 15 días, tiene como término inicial la detención en sí, de modo que no es válido postergar o diferir el inicio de las actuaciones necesarias para sustentar el caso a horas o días posteriores del plazo máximo; ii) lo que determina el plazo estrictamente necesario es la complejidad del caso objeto de investigación; iii) en ningún caso las actuaciones necesarias para sustentar el caso deben desarrollarse, de ordinario, consumiendo el plazo máximo de detención. En consecuencia, si el inicio de las investigaciones se posterga de manera injustificada, si el caso no es  complejo, y si la investigación concluye antes del límite del plazo o se pretende extenderla hasta el vencimiento del plazo de manera innecesaria, cabrá la posibilidad de presentar una demanda de hábeas corpus, para restablecer el ejercicio del derecho a ser investigado en el plazo estrictamente necesario y ser conducido al Juez Penal competente.

Sin embargo, cabe una precisión y es la siguiente, el segundo párrafo del literal f, del inciso 24, del artículo 2 de la Constitución, que trata del plazo máximo de detención de 15 días para los casos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, espionaje y organizaciones criminales, establece que, de la detención en estos casos, las autoridades policiales “Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.”

Entonces, si el detenido está sometido a una investigación policial, bajo la dirección del Ministerio Público en los supuestos expuestos, y de la misma se da cuenta al Juez – como manda la Constitución – “quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.”, sin duda alguna no cabrá acudir a otro Juez Penal para presentar un hábeas corpus, sino al que fue comunicado de la detención para que éste efectúe el control del plazo de detención estrictamente necesario, con lo cual ya no estamos ante la amplitud de la competencia del Juez Penal para conocer un hábeas corpus (cf. Código Procesal Constitucional. Artículo 28), sino que éste tendrá que interponerse ante el Juez del que se anotició de la detención. Sería saludable otorgar el mismo tratamiento para las detenciones en flagrancia.

Somos conscientes que los responsables de la detención, es decir, la Policía Nacional del Perú (PNP) en un primer momento, y luego el Ministerio Público (MP), son potencialmente infractores del plazo estrictamente necesario de detención y eventualmente afrontarán demandas de hábeas corpus que por la duración de dichos procesos muchas veces podríamos estar ante una sustracción de la materia, ex ante proceso o ex post proceso, conforme al segundo párrafo del artículo 1, e inciso 5, del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, sin embargo, en el primer caso podrían emitirse sentencias pedagógicas que, precisamente por ser tales, establezcan de modo intenso y particular algunas características del plazo estrictamente necesario que deban cumplir la PNP y el MP sin olvidar que ésta entidad, constitucionalmente, de acuerdo al artículo 159.4 de la Constitución, conduce “desde su inicio la investigación del delito” teniendo como colaborador de tal misión a la PNP.

En ese sentido, la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los plazos máximos de detención y el plazo estrictamente necesario dentro de ellos, recae en forma directa en el MP. El proceso de hábeas corpus será siempre viable para oponer, a la detención y su extensión innecesaria en el tiempo, el respeto del plazo de detención estrictamente necesario, ante el Juez Penal competente para conocer el caso a quien por mandato constitucional se le debe dar cuenta de la detención.

En un Estado Constitucional de Derecho, la libertad es un derecho sagrado, cuando sea restringido con una detención constitucionalmente tolerada, no sólo deben respetarse los plazos máximos de detención, sino – además – el plazo estrictamente necesario, para lo cual el esfuerzo personal y profesional de la PNP, bajo la dirección y responsabilidad del MP deben optimizarse al máximo para conducir al detenido ante el Juez competente quien, finalmente, determinará la situación procesal del detenido.     


lunes, 15 de mayo de 2017

“48 horas, organizaciones criminales y el plazo estrictamente necesario.”


Fernando Murillo Flores

Uno de los derechos constitucionales más importantes, el más importante para el desarrollo de una sociedad, es el derecho a la libertad. Nuestra Constitución reconoce tal derecho, el artículo 2 expresa: “Toda persona tiene derecho: (…) 24. A la libertad (…). En consecuencia:

(…) “f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito.
El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia.
Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.” (texto original)

El dispositivo constitucional trascrito nos permite afirmar que así como la Constitución consagra el derecho a la libertad de las personas, también lo limita cuando sobre éstas pesa un mandato judicial o son detenidas por la Policía, por efecto de la comisión flagrante de un delito, supuesto éste en el que dicha detención, para la investigación y presentación del caso – si hubiese mérito para ello – ante el Juez Penal correspondiente, es por un plazo máximo de 24 horas, cuyo término inicial es la hora de la detención material. Este plazo no es de aplicación cuando el delito instruido es de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, en cuyos casos el plazo máximo es de 15 días.

El texto constitucional que reseñamos ha sido modificado por el siguiente: “f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la distancia.
Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.” (Texto modificado por el el Artículo Único de la Ley N° 30558, publicada en el diario oficial, el 09 mayo 2017).

Son tres los temas a analizar luego de la modificación constitucional: a) la ampliación del plazo de detención en caso de flagrancia, de 24 horas a 48 horas; b) la inclusión, dentro del plazo máximo de detención de 15 días, de los delitos cometidos por organizaciones criminales y, c) la incorporación del concepto del plazo estrictamente necesario.

a)  El plazo de detención de 24 horas en caso de flagrancia, rigió desde 1980, con la promulgación de la Constitución de 1979, por más de 15 años; la brevedad de este plazo se justifica en función directa de la pronta necesidad e importancia de conducir a una persona detenida, ante el Juez para que determine su situación procesal. Desde nuestro punto de vista la ampliación no está justificada, a menos que se pueda alegar que para preparar el caso la infraestructura y el personal es cada vez menor, frente a la incidencia de comisión de delitos en flagrancia, pero si ello es así, entonces a futuro el plazo de 48 horas será también insuficiente, cuando lo correcto era dejar el plazo tal cual y redoblar los esfuerzos para cumplirlo y si en algún momento era necesario un plazo mayor, dejarlos para la calificación posterior en función del principio de razonabilidad. Es conocido aquél caso en que un grupo de 50 personas más o menos, ingresaron un día a un domicilio y cometieron varios delitos contra el patrimonio, era materialmente imposible poner a disposición del Juez Penal a ese grupo de personas, dentro del plazo de 24 hrs., pero sí conducirlas en un plazo estrictamente necesario, dadas las circunstancias de perpetración flagrante del delito por ese número de personas.  Ahora tendremos casos que podrían ser llevados al Juez dentro de las 24 horas, pero como los operadores saben que ahora tienen uno de 48 horas, las primeras 24 horas se tornarán en pasivas, pues está en nuestra cultura el hacer las cosas a última hora.
    
b)  Considerando el nivel de delincuencia actual, así como la forma de como ésta se comete y que cada vez es más compleja, está plenamente justificado el comprender dentro del plazo máximo de detención aquellos delitos cometidos por organizaciones criminales, pues el nivel de investigación debe ser lo suficientemente prolija para poder presentar el caso al Juez Penal.

c)  El plazo estrictamente necesario fue establecido en un precedente vinculante (valor normativo) por el Tribunal Constitucional (Exp. N° 06423-2007-PHC/TC - Puno), razón por la que no era necesaria su incorporación al texto constitucional, pero como quiera que se hizo, no existe reparo para ello y, en gran medida, está bien que se haya hecho. ¿Qué es el plazo de detención estrictamente necesario? Responder esta pregunta implica asumir que los plazos de detención de 48 hrs., y de 15 días son plazos máximos de detención, para afirmar que dentro de los mismos y durante su desarrollo debe realizarse el trabajo de investigación y de preparación de la presentación del caso ante el Juez, de parte del Ministerio Público (Cf. Artículo 159 de la Constitución, incisos 4 y 5), empleando para ello el tiempo necesario, estricto y necesario, desde el inicio de la detención, en función de los hechos. Si razonablemente el caso amerita sólo 24 horas de investigación, o menos, éste plazo debe agotarse de modo inmediato dentro de las primeras 24 horas de detención, y no en las segundas 24 horas de detención, por ejemplo, lo propio sucederá dentro del plazo máximo de 15 días, si la investigación solo demanda, por ejemplo y en función del caso, 5 o 10 días. En todo caso, el plazo estrictamente necesario es oponible por la defensa del detenido ante la cultura de dejar el hacer las cosas a última hora y que tal omisión agravie la libertad de las personas y el derecho que éstas tengan de ser conducidos ante el Juez competente de modo inmediato, pues constitucionalmente éste es el único que puede validar una detención u ordenarla, respectivamente.

Comentario final nos motiva el texto de la disposición constitucional, tanto el original como el modificado, cuando expresa, en el marco de la detención en caso de flagrancia: “en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la distancia.”, en el sentido que es un error equipara el plazo de 48 horas con el del término de la distancia, pues éste plazo (el de la distancia) es el plazo ordinario y, en todo caso, el mismo que no puede tener como alternativo el plazo del término de la distancia, pues éste plazo es uno que, en función de circunstancias geográficas y de distancia, se adiciona o agrega al ordinario. Esta parte del dispositivo, entonces, debe ser interpretado concluyendo que la norma es la siguiente “en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, más el término de la distancia, cuando corresponda.

Este artículo no agota el tema, en un próximo artículo, y dentro del plazo estrictamente necesario, escribiremos sobre el proceso de hábeas corpus ante la vulneración del derecho, ahora constitucional, a la investigación en un plazo estrictamente necesario, dentro de los plazos máximos de detención.


domingo, 23 de abril de 2017

JURISDICCION INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS


CARPE DIEM

Con los alumnos del curso Jurisdicción Internacional de Derechos Humanos, de la Maestría en Derecho Constitucional, de la Escuela de Post Grado de la Universidad Andina del Cusco.





Cusco, 7, 8, 9, 21,22 y 23 de abril de 2017..

MEDIDAS CAUTELARES


Atendiendo a una gentil invitación del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, el Juez Superior Titular, Señor Kori Paulett Silva, me cupo el honor de dar una conferencia sobre El Proceso Cautelar, en la sede de dicha Corte en Puerto Maldonado.




Mi eterno agradecimiento por tan gentil invitación.

Puerto Maldonado, 20 de abril de 2017.  

domingo, 19 de marzo de 2017

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO


CARPE DIEM

Los alumnos del curso Derecho Internacional Privado de la Maestría de Derecho Civil y Comercial de la Escuela de Post Grado de la Universidad Andina del Cusco:


Con los alumnos:


Cusco, 3, 5, 6, 17,18 y 19 de marzo de 2017.

viernes, 10 de marzo de 2017

DE COMPETENCIAS E INCOMPETENCIAS


Fernando Murillo Flores

La Constitución establece, al organizar la estructura del Estado, no sólo los poderes clásicos (ejecutivo, legislativo y judicial), sino un conjunto de órganos constitucionales autónomos, asignándoles de modo general sus funciones. Esto fue así desde que en 1787 se firmara la primera Constitución escrita.Como la Constitución no puede ser reglamentarista o detallista, ella confía en las leyes orgánicas el establecimiento de las competencias constitucionales, formando de ese modo un bloque de constitucionalidad. En consecuencia, en nuestro ordenamiento jurídico es a las leyes orgánicas, o a las leyes, a quienes les corresponde determinar competencias.

En apoyo de esta conclusión citemos el Código Procesal Constitucional: i) “Artículo 79.-Para apreciar la validez constitucional de las normas el Tribunal Constitucional considerará, además, de las normas constitucionales , las leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado (…)”, y ii) Artículo 109.- El Tribunal Constitucional conoce de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales (…)”

Si lo anterior fuese poco, entonces, citemos el artículo 6 del Código Procesal Civil que en forma por demás concluyente estipula: “La competencia sólo puede ser establecida por la Ley.” En estricto, las competencias asignadas a los diferentes órganos jurisdiccionales, sin excepción, deberían estar estipuladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, mas no en los códigos (p.e. código procesal civil, código procesal penal) ni en las leyes procesales (p.e. ley procesal del trabajo, ley del proceso contencioso administrativo), empero en nuestro país muchos códigos procesales y leyes procesales establecen competencias, pero al fin y al cabo son ley, es decir, “La competencia sólo puede ser establecida por la Ley.”.

Si consideramos lo anterior, entonces podemos determinar que no puede determinarse la competencia – al menos por materia – mediante normas administrativas, pues  “La competencia sólo puede ser establecida por la Ley.” de modo que cuando – por ejemplo – se “adiciona” a los jueces de paz letrados, competencia que corresponde a jueces penales de investigación preparatoria, no sólo se comete una ilegalidad, sino una inconstitucionalidad.

El martes 28 de febrero de 2017 se publicó en el diario oficial El Peruano la R.A. N° 043-2017-CE-PJ del 1 de febrero de 2017-CE-PJ que establece, entre otras cosas, que:

- El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente con sede en la Provincia de Cusco, dejará de actuar en adición como Sala Penal Liquidadora; debiendo remitir la carga pendiente por liquidar a las Salas Penales de Apelaciones de la misma provincia; y
- La Primera y Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanentes de Cusco, actuarán en adición de funciones como Sala Penal Liquidadora de dicho Distrito Judicial.

Hagamos retrospectiva. Los procesos penales que se iniciaron, en función de los criterios de fijación de la competencia, en el territorio o ámbito de competencia territorial de las otrora Salas Mixtas Itinerantes, con sede en Sicuani y Quillabamba, deberían concluir – siempre – ante dichos órganos jurisdiccionales. Si dichos procesos penales “antiguos” o suscpetibles de “liquidación” fueron extraídos o sustraídos de los órganos jurisdiccionales competentes para resolverlos y entregados, trasladados o enviados a otros órganos jurisdiccionales, en virtud de disposiciones administrativas, éstas fueron ilegales – yo diría inconstitucionales –pues el artículo 8 del Código Procesal Civil expresa: “La competencia se determina por la situación de hecho existente al momento de la interposición de la demanda o solicitud y no podrá ser modificada por los cambios de hecho o de derecho que ocurran posteriormente, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario.” Mutatis mutandi si un delito se cometió en el ámbito de competencia territorial de alguno de los juzgados de instrucción o penales respecto de los que las mencionadas salas mixtas eran segunda instancia, ello determina la competencia legal de dichos órganos jurisdiccionales, sin que ello pueda modificarse posteriormente, y mucho menos por disposiciones administrativas, pues implica sustraer el caso (léase al justiciable) del juez natural o predeterminado por ley. Si se hizo estuvo y esta mal.

Muchos de esos procesos en “liquidación”, o “procesos penales antiguos” se encargaron “administrativamente” a la otrora “Sala Penal Liquidadora Transitoria, en adición a sus funciones, Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Provincia de la Corte Superior de Justicia del Cusco” y, posteriormente estaban a cargo del “Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de la Corte Superior de Justicia del Cusco con sede en la Provincia de Cusco” (Cf. R.A. N° 290-2016-CE-PJ del 9 de noviembre de 2016. Artículos 3 y 4)

Ahora, este “Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de la Corte Superior de Justicia del Cusco con sede en la Provincia de Cusco” deberá dejar de actuar como “Sala Penal de Apelaciones”, es decir, nuevamente y de modo administrativo se dice que ya no conozca los procesos penales antiguos o en liquidación, enviados en virtud de disposiciones administrativas, por los órganos jurisdiccionales competentes legalmente, es decir, las Salas Mixtas con sede en Sicuani y Quillabamba que, dicho sea de paso nunca debieron enviarse, ni sustraerse de su competencia.Nuevamente se dice ahora, siempre de modo administrativo, que este Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de la Corte Superior de Justicia del Cusco” (este Juzgado Penal no era de una provincia, era supraprovincial), deberá remitir “la carga pendiente por liquidar a las Salas Penales de Apelaciones de la misma provincia”.

¿Qué significa esto? En realidad es una oportunidad para que los procesos “pendientes por liquidar” vuelvan a su cauce normal, es decir, aquellos que fueron enviados por disposiciones administrativas, por las Salas Mixtas con sede en Sicuani o Quillabamba (que son Salas de Apelaciones también), retornen a estas sedes originalmente competentes por disposición legal, y aquellos procesos remitidos por las Salas Penales de Cusco, a las Salas Penales de Apelaciones Permanentes de Cusco.


Una anotación final. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial es únicamente competente para determinar ámbitos de competencia territorial cuando reubica salas o juzgados, en aplicación del artículo 82.25 del TUO de la LOPJ., mas no para modificar aquella competencia que por ley les corresponde a los órganos jurisdiccionales, como en el caso penal, determinados en función del lugar donde se cometió el delito.

jueves, 2 de marzo de 2017

I N V I T A C I Ó N


cátedra judicial

INVITACIÓN

Conferencia

“RESPONSABILIDAD CIVIL EN TORNO AL DESPIDO”

(Cas. Lab. N° 7095-2014-Lima)
(Cas. Lab. N° 13319-2015-Callao)

Fernando Murillo Flores

Sala de Audiencias de la Segunda Sala Laboral
Palacio de Justicia

Martes, 7 de marzo de 2017

Hora: 5.30 pm

domingo, 26 de febrero de 2017

TEORÍA GENERAL DE CONTRATO


CARPE DIEM

Los alumnos del curso Teoría General del Contrato, de la Maestría de Derecho Civil y Comercial de la Escuela de Post Grado de la Universidad Andina del Cusco.




Con los alumnos...


Cusco, 10, 11, 12, 25, 26 y 27 de febrero de 2017

miércoles, 22 de febrero de 2017


INVITACIÓN


Conferencia


“RESPONSABILIDAD CIVIL”

(Casación N° 3949-2015-La Libertad)



Fernando Murillo Flores


Sala de Audiencias de la Segunda Sala Laboral

Palacio de Justicia

Martes, 28 de febrero de 2017

Hora: 5.30 pm


viernes, 17 de febrero de 2017

Invitación


cátedra judicial

INVITACIÓN

Conferencia

“La contratación de Locación de Servicios, de Servicios No Personales y CAS”

(II Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral)


Fernando Murillo Flores

Sala de Audiencias de la Segunda Sala Laboral
Palacio de Justicia

Martes, 21 de febrero de 2017

Hora: 5.30 pm


martes, 14 de febrero de 2017

Yo ingresé por concurso… y, ¿tú?


Fernando Murillo Flores

Una de las razones por las que varias entidades del Estado no se legitiman ante la comunidad, es por la tradición que pesa sobre su burocracia, a la que se considera como incompetente. Una de las formas de revertir dicha situación es emplear a personas capacitadas y eficientes, contratándolas mediante concurso público, para así también legitimarlas en su función.

Al Estado muchas veces se ingresa por efecto de decisiones políticas y administrativas, que no garantizan elecciónde los mejores y, otras veces – en la mayoría de los casos de un tiempo a esta parte – mediante procesos judiciales que no hacen sino reponer a aquél personal contratado sin ningún criterio técnico, y también mediante convenios individuales o colectivos celebrados contra la ley, con el único afán de evitar el concurso público.

Para establecer una relación contractual, a tiempo indeterminado con el Estado, en el marco de la legislación laboral pública, el empleado debe ingresar por concurso público, esto por voluntad de la Constitución quien reservó para la ley establecer los ingresos a la denominada carrera administrativa. En efecto, el artículo 40 de la Constitución estipula: “La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos.”, en armonía con esta disposición constitucional, la Ley N° 28175 (Ley Marco del Empleo Público); el D. Leg. N° 276 (Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Estado) y, la Ley N° 30057 (Ley del Servicio Civil) establecen como común denominador que al empleo público permanente se ingresa por concurso público, lógicamente a un puesto de trabajo no solo presupuestado, sino también vacante.

Para establecer una relación contractual, a tiempo indeterminado con el Estado, en el marco de la legislación laboral privada(léase D. Leg. N° 728), si antes hubo alguna duda o permisibilidad al respecto, desde que está vigente la sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en el Exp. N° 05057-2013-PA/TC – Junín. Rosalía Beatriz HuatucoHuatuco, también se ingresa por concurso público, lógicamente a un puesto de trabajo no solo presupuestado, sino también vacante. Es importante dejar establecido que dicha sentencia del Tribunal Constitucional es un precedente vinculante, es decir, una norma y, por tanto vinculante para todos. El fundamento 15 de la indicada sentencia es concluyente al respecto:

“(…) cabe establecer que cuando los artículos 4 y 77 del TUO del Decreto Legislativo N° 728, sean aplicados en el ámbito de la Administración Pública, deberán ser interpretados en el sentido de que el ingreso de nuevo personal o la “reincorporación” por mandato judicial, con una relación laboral de naturaleza indeterminada, en una entidad del Estado, para ocupar una plaza comprendida dentro del PAP o CAP, o del instrumento interno de gestión que haga sus veces, podrá efectuarse siempre que previamente la persona haya ganado un concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada.

Lo que estableció el Tribunal Constitucional, cuando el Estado es empleador en el marco de la legislación laboral privada, es que no existe posibilidad de establecer una relación laboral a tiempo indeterminado, ni de que un contrato temporal sujeto a modalidad se desnaturalice, pues a un puesto público del Estado se ingresa siempre y cuando, además de estar presupuestado y vacante, medie un concurso público.

Entonces no cabe que el Estado, cuando es empleador en el marco de la legislación laboral privada (léase D. Leg. N° 728) celebre un contrato de trabajo a tiempo indeterminado sin que previamente haya establecido un proceso de concurso público, para cubrir un puesto de trabajo que esté presupuestado y vacante. No cabe tampoco que un contrato de trabajo temporal sujeto a modalidad, celebrado al amparo de dicha norma, sea desnaturalizado.

Esto último implica que un trabajador que labora para una entidad estatal, cuyo régimen laboral sea el privado, pueda pretender – teniendo su vínculo laboral vigente – en sede judicial se declare la desnaturalización de su contrato; ni tampoco, luego de haber concluido su contrato de trabajo temporal sujeto a modalidad, pretenda su reposición, afirmando la desnaturalización de su contratación temporal. En este último supuesto el Tribunal Constitucional estableció que el ex trabajador sólo tiene derecho a una indemnización.

Un buen ejemplo de una legislación común a entidades públicas como privadas, es la actual Ley Universitaria que también contempla que para ser docente ordinario (con contrato a tiempo indeterminado) el docente debe ingresar por concurso público, permitiendo dicha ley la contratación temporal de docencia universitaria, sin posibilidad alguna de que esta contratación se desnaturalice.

El Estado y sus representantes, cuando es empleador en el marco de la legislación laboral privada no pueden, por tanto, celebrar convenios individuales o colectivos en virtud de los que trabajadores contratados temporalmente pasen a ser contratados a tiempo indeterminado, sencillamente porque estarán infringiendo un precedente vinculante del Tribunal Constitucional que por ser tal es una expresión normativa que vincula no sólo a todos, de acuerdo al artículo 38 de la Constitución, sino con más énfasis a quienes son autoridades y funcionarios públicos, como lo estipula el artículo 45 de la misma Constitución.

Ya es tiempo de cumplir la Constitución; la Ley Marco del Empleo Público; la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Estado; la Ley N° 30057 (Ley del Servicio Civil) y el precedente vinculante del Tribunal Constitucional. Un poco más de respeto por los que ingresaron al servicio del Estado por concurso, pues si se ingresa por un proceso judicial (lo que ya no es posible) o un convenio individual o colectivo (contra ley) ¿cuál es el incentivo o el mérito de ingresar por concurso público?

miércoles, 8 de febrero de 2017

REUNIÓN ACADÉMICA


cátedra judicial


INVITACIÓN


Conferencia


“COMENTARIOS AL IX PLENO

CASATORIO CIVIL”



Fernando Murillo Flores



Sala de Audiencias de la Segunda Sala Laboral

Palacio de Justicia

Miércoles, 15 de febrero de 2017


Hora: 5.30 pm

domingo, 5 de febrero de 2017

REUNION ACADEMICA

cátedra judicial
INVITACIÓN

Conferencia
“NACIMIENTO, VIDA Y MUERTE DEL AMPARO LABORAL”
Fernando Murillo Flores

Sala de Audiencias de la Segunda Sala Laboral
Palacio de Justicia
Martes, 7 de febrero de 2017
Hora: 5.30 pm

SEGUNDA SALA LABORAL


(Agenda Pendiente)

Fernando Murillo Flores

La Segunda Sala Laboral (2SL) de la Corte Superior de Justicia del Cusco (CSJC), es competente para conocer, en sede de apelación, los procesos contenciosos administrativos (PCA) en materia laboral pública. En estos PCA el demandado es el Estado (como empleador) y los demandantes son sus empleados, principalmente de los sectores Educación y Salud; la defensa del Estado en estos procesos está a cargo de la Procuraduría Pública y la duración de los mismos es considerable, sobre todo cuando respecto a las pretensiones ya existen decisiones judiciales definidas y el afán del Estado es sólo dilatarlos, sin dejar de mencionar que la etapa de ejecución que, generalmente implica un pago de dinero a los demandantes (empleados estatales), es todo un vía crucis interminable. El Estado es el primer y principal pésimo empleador y cumplidor, como tal, de sus obligaciones laborales, todos los procesos contencioso administrativos laborales, lo acreditan.

El Año Judicial 2015, cuando me cupo presidir la 2SL, en el marco del artículo V del título preliminar del Código Procesal Civil, prescindimos de las audiencias de vista de causa con el consentimiento convencional de las partes. Lo que se logró con ello fue resolver las apelaciones en un breve plazo luego de ingresado el proceso a la 2SL y tan pronto era devuelto por la Fiscalía, esta medida cuantitativamente permitió resolver una buena cantidad de procesos durante los años judiciales 2015 y 2016, registrándose la mayor cantidad de procesos resueltos por la 2SL durante dos años consecutivos.

El Año Judicial 2016 fui designado Presidente de la Sala Civil, de modo que no pude continuar diseñando e implementando medidas procesales en y desde la 2SL para disipar aún más la injusticia que representa la duración de los PCA, respecto a los empleados públicos demandantes. Este Año Judicial 2017 he sido designado integrante del Colegiado de la 2SL, desde esa ubicación considero que la agenda pendiente, no solo de la 2SL, sino también de los juzgados especializados, es la siguiente:

1.    Determinar respecto a qué pretensiones ya existen resoluciones judiciales firmes, en sentido estimatorio de las pretensiones planteadas.
2.    A partir de lo anterior, los jueces de primera instancia deben declarar improcedentes las apelaciones y, si acaso existiesen quejas al respecto, estas deberán declararse infundadas. Asimismo en segunda instancia debería declararse la nulidad del concesorio de la apelación y declarar improcedente la apelación.
3.    Al expedirse una sentencia estimatoria el Juez del proceso debe disponer la ejecución inmediata de la misma (Artículo 22 del Código Procesal Constitucional), principalmente debido a la evidencia del derecho planteado.
4.    Al presentarse demandas – respecto a pretensiones que se estiman – los demandantes deben solicitar anticipación de tutela (Artículo 674 del Código Procesal Civil), principalmente debido a la evidencia del derecho planteado.
5.    Que los juzgados laborales, al momento de admitir a trámite las demandas, requieran a los procuradores públicos presenten copia del informe a que se refiere el artículo 17.2 del D.S. N° 013-2008-JUS., para así evaluar su conducta procesal.
6.    Que los juzgados laborales, ante las contestaciones a la demanda de parte de la Procuraduría Pública, la califique y considere como una litigación de mala fe, en función de los argumentos contrarios a decisiones judiciales firmes sobre el tema que contradicen sin argumento alguno.
7.    Que los juzgados laborales declaren improcedentes las demandas que contienen pretensiones ya declaradas como tales mediante resoluciones judiciales firmes en sede casatoria.

Con estas medidas se invertirá la carga que representa, para los demandantes (en los casos que inexorablemente tendrán la razón), el tiempo que dura un proceso contencioso administrativo, para que así dicha carga del tiempo se invierta y pese respecto a la parte demandada (el Estado como empleador), con lo cual se desincentivará la litigación dilatoria y de mala fe.

Frente a demandas laborales públicas, que contienen pretensiones respecto de las que existen resoluciones judiciales firmes en sentido estimatorio, los órganos jurisdiccionales comprometidos en su resolución deberían tomar decisiones de política jurisdiccional, destinadas a evitar que el proceso y lo que su ejecución representan en tiempo, juegue a favor de un deudor renuente al cumplimiento espontáneo de sus obligaciones laborales de contenido económico. Entre tanto ello no se haga, la Corte Superior de Justicia del Cusco, así como los órganos jurisdiccionales competentes para conocer los procesos contencioso administrativos laborales públicos, le seguirán haciendo el juego al Estado. 

La Corte Superior de Justicia del Cusco, ya como un tema institucional y como un paso firme de su política jurisdiccional, en procura de la ejecución de sentencias con la calidad de cosa juzgada, debería elaborar un informe breve que dé a conocer a la comunidad aquél volumen de sentencias estimatorias expedidas a favor servidores públicos activos y cesantes, así como el monto de dinero que dichas sentencias representan, para así dejar testimonio público ante la comunidad de la ausencia de voluntad de cumplimiento de sentencias con autoridad de cosa juzgada de parte del Estado.

Esta es la agenda que considero pendiente no sólo para la 2SL, sino para los juzgados laborales que son competentes para conocer procesos contenciosos administrativos laborales públicos. No atenderla implica que el tiempo corra a favor del Estado como deudor, y en desmedro de quienes no sólo tienen que transitar por un proceso contencioso administrativo en el que muy bien pueden tomarse medidas jurisdiccionales, para brindar una tutela jurisdiccional efectiva y, sobre todo, pronta. Es mi opinión.