viernes, 29 de abril de 2016

“YO ACUSO”


Fernando Murillo Flores

Hace mucho tiempo que decidí escribir artículos para expresar mis ideas, opiniones y análisis propios de mi profesión. En El Diario del Cusco se me brindó siempre un espacio para ejercer mi derecho constitucional de expresión y opinión.

Así, ejercí uno de los derechos humanos más importantes en una sociedad moderna y civilizada, el derecho de expresión y opinión. Estos derechos de raigambre histórica, dejan entrever que no siempre existieron, sino que como todos los derechos humanos, fueron abriéndose paso hasta un total reconocimiento positivo en constituciones nacionales e instrumentos internacionales. En el Perú el reconocimiento de tales derechos (de expresión y opinión) se da en sede constitucional, con respaldo internacional.

En mí residen, por el solo hecho de ser persona, el derecho a la vida, a la libertad e igualdad que, como tales son derechos inherentes e inmanentes a mi condición humana, pero también residen otros, no menos importantes, pero igual de fundamentales, como el de expresión y de opinión, aunque para ejercerlos se requiera, precisamente, expresar y opinar. Esos derechos humanos imponen al Estado el deber de no interferir en su desarrollo y/o ejercicio; así como el Estado debe respetar la vida, garantizar la libertad y brindar un trato igual ante la ley a toda persona, tiene también el deber de respetar que estos se desarrollen como tales, es más, de crear el ambiente y espacios para que expresen sus ideas, opiniones y arte.

En esa dimensión y contexto, ninguna autoridad pública o privada, puede interferir en el ejercicio de los derechos fundamentales de parte de quien, por ser persona humana, es su titular y los ejerce, salvo que tenga la intención de vulnerar su ejercicio mediante actos que les son lesivos, que son más intensos y graves si son intencionales y deliberados.

Mediante este artículo Yo acuso que he sido y vengo siendo objeto de una interferencia e intervención inconstitucionales respecto a mis derechos constitucionales de expresión y opinión, al imponerle a mis artículos de opinión, la censura previa proscrita por las normas citadas. Los hechos ocurren así:

1.    Como siempre lo hice y venía haciendo, alcanzo mis artículos a El Diario del Cusco, mediante mi correo electrónico, solicitando que se publique un día hábil de semana.
2.    El Diario del Cusco siempre publicó mis artículos sobre diversos temas, siendo o no diario judicial, recibiéndolos en una dirección de correo electrónica abierta desde 2009.
3.    El lunes 25 de enero de 2016, a las 19:36 hrs., luego de haberse publicado mi artículo “Preguntas de un obrero que lee”, recibí de la Administración de El Diario del Cusco, el siguiente mensaje por correo electrónico:
“Buenas noches Dr. Fernando
Previo un cordial saludo por la presente le comunico que por orden expresa de la Presidenta de la Corte Superior Dra. Elizabeth, los artículos de opinión deberá enviar al área de imagen para la coordinación respectiva para su publicación, por lo que ya no tomaremos en cuenta sus artículos si lo envía directamente en vista que ahora somos el Diario Judicial 2016, agradeciendo su comprensión.”
4.    El jueves 27 de enero de 2016 envíe una carta a la Dra. Elizabeth Grossmann Casas, Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco, para que cese la amenaza de la violación de mis derechos de expresión y opinión, mediante el mecanismo de la censura previa.
5.    Los días viernes 28 de enero; viernes 5 y viernes 12 de febrero de 2016 envíe artículos, como siempre lo hice, en forma directa a El Diario del Cusco, y no se publicaron.
6.    Luego del último envío – a diferencia de las anteriores, obtuve una respuesta de El Diario del Cusco: “BUENAS TARDES SEÑOR FERNANDO MURILLO, TENEMOS ÓRDENES ESTRICTAS DE NO PUBLICAR CUALQUIER TIPO DE ARTÍCULO QUE NO SEA REMITIDO DESDE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL. POR CUANTO LE PEDIMOS POR FAVOR SOLICITE  LA APROBACIÓN DE SU ESCRITO EN LA MENCIONADA OFICINA, PARA SU POSTERIOR PUBLICACIÓN. MUCHAS GRACIAS.
7.    Con la no publicación de mis artículos, a la fecha, la amenaza se ha convertido en un hecho positivo de vulneración de mis derechos constitucionales.
8.    Luego recibí algunas comunicaciones de parte de El Diario del Cusco, con las que se pretende justificar la censura previa impuesta por la Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco, en un error de comunicación en el marco de correos privados de emisión y receptor, pero lo cierto del caso es que obra en poder de El Diario del Cusco tres artículos míos sin publicación desde el 28 de enero de 2016.

Queda claro para mí que la Dra. Elizabeth Grossmann Casas, en su condición de Presidenta de la Corte Superior de Justicia del Cusco (2015-2016),  pues de otro modo o posición no lo podría hacer, estableció un mecanismo de censura previa al contenido de mis artículos de expresión y opinión, instaurando como censor a su Oficina de Imagen Institucional, para que esta determine si autoriza o no la publicación de mis artículos, siendo aún más grave que le impone a El Diario del Cusco, la obligación de acatar tal disposición, por el hecho de ser éste ahora diario judicial 2016. Entonces se ha doblegado a un medio de comunicación desde dicha posición, lo que sin duda no justifica la posición débil de El Diario del Cusco.

No creo que sea correcto que porque un diario sea designado como diario judicial, dicho medio de comunicación quede hipotecado en su línea editorial, sus contenidos como medio escrito de comunicación, información, expresión y opinión, salvo que el mismo medio imponga la hipoteca de su línea editorial, de expresión y opinión, lo que sería desde ya penoso, esa prensa no es la que necesita el Perú. El Perú necesita prensa libre.

Entonces, tengo los medios de prueba que vistos y analizados en conjunto acreditan la violación de mis derechos constitucionales de expresión y opinión, al imponérsele al contenido de mis expresiones y opiniones, la censura previa, al establecer en abstracto la prohibición a El Diario del Cusco de publicar mis artículos que le alcance en forma directa, si no son enviados a la oficina de Imagen Institucional de la Corte Superior de Justicia del Cusco.


Dejo expresa constancia que procedo a acusar de manera pública el hecho, al no haberse dejado sin efecto – como lo solicité – la amenaza de violar mis derechos constitucionales, y ante la materialización de dicha amenaza. Sin embargo, atendiendo al pedido de El Diario del Cusco, le envíe este artículo que, si Usted lo lee en El Diario del Cusco, debo considerar concluida la censura previa y el restablecimiento de mis derechos constitucionales de expresión y opinión; pero si lo lee en otro medio de comunicación escrito, ello implica que la censura no solo existió, sino que continua. 

¿Y LA ESCUELA JUDICIAL? (2)


Fernando Murillo Flores

Una de las principales responsabilidades que debe tener presente quien dirige a otras personas es, precisamente, saber que es una persona y su dignidad.
Empezando por la dignidad, Savater dice: “Lo que llamamos dignidad humana no es precisamente nada de lo que el hombre ya tiene, sino lo que aún le falta; y lo que le falta es sin duda lo único que realmente le queda, a saber: lo que le queda por hacer” (Savater. Fernando. Ética como amor propio. Ariel, 2008)  
Sobre lo que es una persona, Ferreiro y Alcázar nos dicen que “el hombre es un ser vivo con tres dimensiones fundamentales: cuerpo, inteligencia y voluntad”, las necesidades que corresponden a esas dimensiones son las materiales, cognoscitivas y afectivas, proyectándose las dimensiones de tener, saber/hacer y ser/servir. El hombre, según los autores citados, en su dimensión laboral al interior de una organización se proyecta, a su vez, en la eficacia, atractividad y unidad de la misma. Toda persona con esas dimensiones de cuerpo, inteligencia y voluntad, puede ser motivada por el líder por razones extrínsecas, intrínsecas y trascendentes.” (Pablo Ferreiro – Manuel Alcázar. Gobierno de personas en la empresa. PAD, Lima 2005).
En muchas organizaciones públicas o privadas, muchas veces la motivación extrínseca se ve limitada por razones de presupuesto, vale decir, que existen limitaciones para motivar materialmente al personal mediante una remuneración (ganar más). Entonces, la alternativa frente a dicha limitación es la motivación intrínseca y la motivación por motivos trascedentes, pero para ello se debe saber qué es una persona.
Asumir esas alternativas de motivación nos impone hacer atractiva la organización para el trabajador quien muchas veces antepone la motivación extrínseca o material (remuneración), por la posibilidad de conocer y saber más, lo que implica exigir la inteligencia del trabajador, motivándolo por razones cognoscitivas, agregando eficiencia a su acción. El trabajador encontrará aún más atractiva a su organización, si quien la lidera se preocupa por motivarlo a servir y materializar la misión de la organización, brindándole la oportunidad de trascender, ayudando al trabajador a ser mejor persona.
En la institución para la que trabajo, como se sabe, existen serias limitaciones para motivar extrínsecamente al personal auxiliar jurisdiccional, es decir, para incrementar sus remuneraciones, esta constatación debería dar lugar a motivar al personal intrínsecamente y por motivos trascendentes, para así hacer atractiva la organización. Esta responsabilidad si bien debería ser asumida por todo el personal jurisdiccional en su conjunto y en cada área de su responsabilidad, reside principalmente en quien la preside.
Dicho de otro modo, si un directivo no puede resolver o tomar decisiones para motivar al personal extrínsecamente, mediante incremento de remuneraciones, él no será responsable  de ello, pero de lo que sí es responsable – sin duda alguna – es motivar al personal cognoscitivamente y por razones trascendentes. La ausencia de esta motivación sí es responsabilidad del directivo y si no lo hace, entonces las consecuencias sí serán de cargo suyo, pues cada día que pase en la organización sin motivación le ocasiona un daño irreparable en perspectiva temporal. 
En el pasado (2011) hubo un intento serio por motivar cognoscitivamente a las personas que laboran como auxiliares jurisdiccionales en la Corte Superior de Justicia del Cusco, ese intento fue la creación de la Escuela Judicial (http://catedrajudicial.blogspot.pe/2012/04/y-que-fue-de-la-escuela-judicial.html) con la misión de capacitar al personal auxiliar jurisdiccional, ese intento se materializó el año 2011, con algunos problemas continuó el año 2012, para finalmente funcionar “por última vez” el año 2013 (http://escuelajudicialcusco.blogspot.pe/).
Han transcurrido, desde entonces, más de 2 años, sin que sepamos algo de ese intento que debió dejar de serlo por constancia, perseverancia y voluntad. ¿Cuál es la razón por la que la Escuela Judicial no funcione, pese a que tiene una normatividad que obliga a su funcionamiento, según un cronograma anual y pautas académicas?
La respuesta es sencilla; es el nulo interés y compromiso por motivar al personal brindándole una real posibilidad de capacitarse en función de su trabajo y de los aciertos y desaciertos en el mismo, es decir, en motivar al personal desde un punto de vista cognoscitivo, lo que implica saber más para hacer mejor el trabajo.
Sinceramente no creo que la Escuela Judicial vuelva a funcionar, al menos en esta gestión presidencial que ya tiene vencido un año y cuatro meses de su segundo año, lo que implica que así existiese interés en que funcione, como siempre, el plazo está vencido, lo que demuestra – una vez más – que los directivos se la pasan solucionando problemas del pasado sin visión del futuro. En fin.
Pero otro de los peores errores que puede cometer un directivo, que no tiene conciencia de lo que implica gobernar personas y motivarlas en función de generar un ambiente laboral propicio para la identificación del personal con su organización, es no tener ninguna política coherente para la dirección de personal o políticas de personal en función de un fin: la unidad de la organización. Esa ausencia de una política de personal se refleja en esbozar una aparente política de trato igualitario al personal y, sin embargo, implementar todo lo contrario como es el caso de hacer excepciones en la teoría, para favorecer realmente a determinados trabajadores, postergando los méritos en sentido contrario a la tendencia actual de la meritocracia. En fin.
Todo esto sucede cuando, como dice Russell, se genera “Un sistema que acuerde mucho poder al cortesano o al intrigante es, por lo general, un sistema poco capaz de promover el bienestar general (Russell. Bertrand. El Poder, RBA, 2013). En fin.

Si la organización que se dirige tiene limitaciones para motivar al personal mejorando sus ingresos, es poco lo que podrá hacer un directivo, si no toma la iniciativa en la motivación cognoscitiva, así como en una correcta política de personal que logre la unidad en la organización. Será por eso que los aplausos no son como al principio y ya se escucha el rumor del fracaso.

domingo, 24 de abril de 2016

DERECHO CIVIL PATRIMONIAL - 2016

CARPE DIEM

Con mis alumnos del curso de Derecho Civil Patrimonial de la Maestría de Derecho Civil y Comercial, de la Escuela de Post Grado de la Universidad Andina del Cusco.




La propiedad es un derecho fundamental...

Cusco, 8, 9, 10, 22, 23 y 24 de abril de 2016.

domingo, 10 de abril de 2016

“La anticipación de tutela y la tutela cautelar en la Ley N° 30364” (II)


Fernando Murillo Flores[1]

En la primera parte de este artículo concluimos que las denominadas medidas de protección establecidas en la Ley N° 30364 (la Ley) son, en realidad anticipación de tutela y que también el Juez de Familia podía emitir decisiones cautelares para garantizar la eficacia de decisiones respecto a las pretensiones “de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos

Sin embargo, también consideramos que, aunque el artículo no lo exprese, el Juez de Familia puede tomar decisiones que impliquen anticipación de tutela, respecto de aquellas pretensiones enumeradas en el artículo 16 de la Ley, en el marco del artículo 674 del Código Procesal Civil. Nos explicamos.

En principio, cuando el agraviado (a) por hechos de violencia familiar acuda al Juez de Familia en forma directa (Cf. Artículo 15 de la Ley) muy bien podrían existir decisiones jurisdiccionales firmes (en otros procesos) sobre alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos como dice el dispositivo en referencia. En este primer escenario somos de la opinión que si el Juez sabe, conoce o se le pone en conocimiento de la preexistencia de decisiones jurisdiccionales sobre el particular, no podrá tomar una decisión “cautelar”

En un segundo escenario, podrían no existir dichas decisiones jurisdiccionales sobre los temas indicados, entonces, sí pueden emitirse decisiones cautelares para asegurar las futuras pretensiones sobre los temas ya indicados (alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos), pero estas decisiones deben ser neta y estrictamente cautelares, es decir, medidas para asegurar que las decisiones jurisdiccionales definitivas, emitidas en los procesos judiciales correspondientes, sean eficaces. Como ejemplo pongamos el caso de un padre que está pronto a irse de viaje al extranjero y acaba de renunciar a su trabajo y está a punto de cobrar su compensación por tiempo de servicios (CTS), entonces, el Juez de Familia podrá disponer como medida cautelar, el embargo de dicha CTS. Esta decisión cautelar, sin duda, es una que estará sujeta a la decisión final que en el proceso correspondiente (de alimentos) se emita.

Un tercer escenario, precisamente en el que corresponderán tomarse decisiones de anticipación de tutela, es una variable del anterior, es decir, no estamos ante un escenario en el que debamos cautelar la futura ejecución de la decisión jurisdiccional, sino por el contrario anticipar una decisión jurisdiccional por la verosimilitud del derecho y el estado de necesidad en el que se encuentre su titular. Como ejemplo de ello veamos el caso de aquél menor que no recibe pensión de alimentos de su progenitor, entonces, el Juez del proceso podrá anticipar tutela disponiendo el descuento – por planilla – de una suma de dinero en calidad de lo que le Código Procesal Civil denomina “asignación anticipada de alimentos”. Como en el caso anterior, esta decisión estará sujeta a lo que se decida en el futuro proceso que sobre alimentos se inicie contra el obligado.

Claro, en esta posibilidad se presenta un dilema ¿es posible anticipar tutela si aún no existe un proceso?, para elaborar una respuesta a esta pregunta debemos considerar que si es posible solicitar y conceder una medida cautelar ex ante proceso, no debería haber objeción para anticipar tutela antes de proceso, pero en ambos casos necesitaríamos un proceso posterior en el que la medida cautelar sirva al derecho mismo y que la anticipación de tutela sea brindada y/o modificada en la decisión final. Sin embargo, ¿qué garantiza que quien obtuvo una  medida cautelar o anticipación de tutela inicie el proceso posteriormente?

Si bien podríamos afirmar que tanto al disponerse una medida cautelar, como una de anticipación de tutela, le serían aplicables las disposiciones sobre el procedimiento cautelar, una nueva incógnita se abre en el marco de la audiencia única establecida en el artículo 16 de la Ley; esta incógnita es ¿cabe la oposición a una medida cautelar o a una medida de anticipación de tutela? la respuesta es que sí cabría oponerse de parte de quien es el afectado, pero el dispositivo citado no establece algo al respecto.

Sin embargo en la realidad es que el obligado (demandado o futuro denunciado) no asiste a la audiencia en la que se podrá dictar a pedido de parte o de oficio una medida cautelar o una anticipación de tutela; la otra posibilidad es que asista pero sin abogado que lo defienda y, por último que asista con abogado.

Muchas posibilidades se abren aún. Si el demandado asiste y lo hace con abogado, ¿puede formular oposición a la medida cautelar o a la anticipación de tutela? o lo que corresponde es ¿apelar?, y,  si el demandado no asiste, ¿puede hacerlo cuando se le notifique el texto del acta de la audiencia?

La Ley no tiene disposición alguna al respecto, sólo se sabe que la decisión o decisiones del Juez de Familia en la Audiencia Oral pueden ser impugnadas (Cf. última parte del segundo párrafo del artículo 40) y que esta decisión es la cautelar o de anticipación de tutela, pero sin saberse – la Ley no lo dice – si a mérito de un apelación frente a la decisión o previa oposición frente a la decisión que la resuelva.

Hay una consigna procesal en materia de supletoriedad de una norma procesal respecto a otra (al menos desde el proceso constitucional) que nos indica que aplicamos una norma supletoriamente a otra, cuando aquella optimiza el desarrollo de ésta, claro está sin sacrificar derechos constitucionales de contenido procesal, como el de defensa y contradicción. En esa perspectiva, las normas aplicables a la ausencia de regulación descrita, deberá ser cubierta con el Código Procesal Civil.

Aquí el reto, aquí la oportunidad procesal para una decisión judicial creativa. Si bien el Juez de Familia puede emitir medidas cautelares y anticipación de tutela, ¿puede reducirse a cero la capacidad de oposición (defensa) del demandado?, para cifrar toda esperanza de defensa en el derecho a impugnar dicha decisión. Los Jueces tienen la palabra.




[1] Abogado.

lunes, 7 de marzo de 2016

Correo electrónico para dummies


Javier André Murillo Chávez
Abogado experto en Propiedad Intelectual, Competencia y Nuevas Tecnologías


En el mundo actual, los medios de comunicación han sido revolucionados por el surgimiento de Internet; el correo electrónico es, actualmente, una herramienta indispensable de miles de personas, empresas e, incluso, instituciones del Estado. Así, cuando se crea una nueva tecnología, si buscamos hablar de la misma debemos efectuar un mínimo estudio de cómo funcionan y cuáles son los términos precisos para evitar caer en las garras de la conocida frase “la ignorancia es atrevida”.

Una dirección de correo electrónico tiene una estructura básica: un nombre personalizado, el signo arroba (@) y un nombre de dominio. Comencemos por lo básico, el nombre personalizado es un identificador personal que puede ir desde un seudónimo, el nombre de una persona, el nombre de un área específica o cualquier denominación que se requiera compuesta de números, letras o algunos símbolos como el guión (-), el subguión (_) o incluso el punto (.); usualmente, las empresas e instituciones utilizan la composición de la primera letra del nombre y el primer apellido completo para correos personales y el nombre del área para la formación del correo de dicho sector de la institución. Por citar un par de ejemplos, tenemos que Pedro Férnandez tiene un correo como “pedrofernandez” o Juan Alvarado tiene un correo como “jalvarado”; de igual forma, el área de publicaciones tendrá un correo con denominación personalizada “publicaciones” y el departamento de finanzas tendrá un correo que empieza con “finanzas”. Esta parte de la dirección electrónica puede ser creada a gusto de la persona, la empresa o institución.

El signo arroba (@) es utilizado desde la creación del ARPANET –antecedente primitivo de Internet– como diferenciador de lugares dentro de una misma red. Adicionalmente, en inglés el signo arroba se lee como “at” que significa “en” en español. No obstante, hoy en día, el signo arroba (@) se utiliza también en las redes sociales para hacer referencia a un perfil o persona determinada, como se observa tanto en Facebook y Twitter.

Finalmente, quizás la parte más importante del correo electrónico es el nombre de dominio, que está compuesto principalmente por dos componentes: el second level domain y el top level domain; por ejemplo, entre los correos electrónicos más utilizados tenemos el dominio “gmail.com” y “yahoo.com”. ¿Dónde reside la importancia de este elemento? En que determina si una dirección de correo es privada o institucional. Existen diversos proveedores de servicio en internet –también llamados PSI– que brindan el servicio de correo electrónico, basados en un contrato –que muy poca gente lee–, tales como Outlook, Gmail, Yahoo, Terra, entre otros. Todas estas cuentas de correo electrónico son privadas y son de entera responsabilidad de quien las crea. Sin embargo, existe otro tipo de cuentas que son institucionales; es decir, que demuestran que provienen de determinada empresa o institución, lo que quiere decir que legalmente se envían correos desde dicha cuenta con autorización del uso del dominio institucional; por ejemplo: la empresa Boomerang tendrá el dominio “boomerang.com.pe” o la asociación civil Forum tendrá el dominio “fórum.com”.

Es importante señalar que existe otro grupo de cuentas de correo mucho más especial: aquellas que tienen un top level domain de carácter restrictivo, tales como .edu, .gob o .mil; por citar ejemplos, el dominio institucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú es “pucp.edu.pe” porque se trata de una Universidad o el dominio institucional del Poder Judicial es “pj.gob.pe” ya que se trata de una institución parte del Estado.

Entonces, realizadas estas precisiones, podemos señalar –como ejemplos– que Tadeo Benavides puede usar un correo electrónico privado “tbenavides@gmail.com” para cualquier asunto privado porque existe total certeza de que dicho correo es de él. Igualmente, si usted recibe un correo de la dirección “edición@diariocuatro.com.pe” puede estar seguro que el área de ediciones le está enviando una comunicación; finalmente, si se le envía un correo de “a2934tul@mp.gob.pe” es posiblemente una comunicación oficial o notificación de un funcionario del Ministerio Público.

Entonces, querido lector, ¿Por qué son tan importantes estas diferencias? La respuesta es bastante sencilla. Si un correo electrónico es enviado desde una cuenta con dominio privado, no existe problema alguno ya que se trata de una persona identificada y se realiza a título personal. Por el contrario, si alguien utiliza una cuenta con dominio institucional o empresarial –peor aún estatal, educacional o militar– debe tener en cuenta que se trata de una persona que actúa, mínimamente, como parte de dicha institución o empresa o, lo que es más usual, que se está enviando una comunicación oficial, dependiendo del cargo o puesto dentro de dicha institución, entidad o empresa. Porque una cosa es recibir un correo de un empleado cualquiera y otra cosa del Gerente General de la empresa; sin embargo, el correo institucional normalmente debe estar restringido para comunicaciones de tipo formal en el ámbito laboral.

El tema de estas líneas es importante porque es posible observar la ignorancia de muchas personas –inclusive Autoridades estatales de vieja raigambre– sobre el tema, sin ninguna intención de estudiar sobre lo que se escribe o dice; es decir, ignorancia por decisión propia. Escuchamos –por ejemplo– que se sataniza el envío de un correo electrónico desde una dirección privada a una cuenta institucional para determinado fin; no existe ningún problema con esto. Uno puede recibir cualquier correo de manera normal, desde publicidad hasta pornografía, nadie puede decidir que recibe y que no, salvo los propios filtros que tienen los correos para bloquear el spam (correo basura) o intentos de phishing (suplantación de identidad). Esto que suena tan moderno está garantizado desde hace años por la Libertad de Expresión en el Perú en nuestra Constitución. Finalmente, es el receptor el que debe leer y determinar si se trata de correos con importancia o sin ella, si los contesta o los elimina, pero es solamente su potestad y ninguna Autoridad tiene derecho a determinar esto en reemplazo del propio usuario.

Lo que podría generar problemas es el envío desde una cuenta institucional, pero no la recepción. Sin embargo, mientras esto no pase, no existe problema alguno. De igual forma, los correos de direcciones con dominios privados nunca serán correos institucionales, por más de que la propia Autoridad lo señale, y sí lo hace tengan cuidado porque podría tratarse de phishing u otra estafa. Debido a la cantidad de denuncias que existen, una garantía de estar frente a un correo institucional es el dominio de carácter institucional o el restrictivo como el “gob.pe” o “edu.pe”; en el último caso, simplemente debemos señalar que la creación de un correo con este top level domain estatal es prácticamente imposible para un privado sin tener autorización de la Autoridad pertinente. De esta forma, existe una presunción de que cualquier correo enviado de una dirección con estos dominios restrictivos sí son correos institucionales, pero no los que tienen dominio privado.

Como se señaló al inicio, el correo electrónico, como parte de las (ya no tan) nuevas tecnologías, se utiliza muy a menudo, pero muy pocas veces conocemos las implicancias de los mismos. Implicancias que pueden derivar hasta en temas legales; como se podrá imaginar, querido lector, el correo electrónico no era un tema tan simple ¿O sí?

viernes, 12 de febrero de 2016

“CENSURA PREVIA”


Fernando Murillo Flores

Voltaire dijo: “No comparto tu opinión, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla”, Voltaire que era un auténtico liberal, influyó en el pensamiento de la ilustración, sin duda, él estuvo consciente que la expresión de ideas, la expresión de opinión y el intercambio de ellas eran derechos fundamentales de un ciudadano, como garantía del desarrollo de una sociedad libre.

Viendo la historia, encontramos que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) estableció en su artículo 11, lo siguiente “La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre; todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir e imprimir libremente, salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los casos determinados por la ley.”. En esa retrospectiva histórica, la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica (1791) estableció: “El Congreso no podrá hacer ninguna ley (…) limitando la libertad de expresión, ni de prensa; (…)”

La evolución de los derechos humanos y la progresión en el establecimiento de las normas que los reconozcan y protejan, hizo que desde esos años, a la fecha, existan modernos instrumentos nacionales y supranacionales que consagren – como un derecho humano – la libertad de expresión y de opinión. De la libertad de expresión Marciani Burgos dice: “(…) en sentido estricto – a diferencia de la libertad de información – está referida a la expresión de opiniones e ideas en todas sus dimensiones; esto es, como manifestaciones de respaldo, adhesión, crítica o rechazo. Pero, además, la libertad de expresión también comprende – a  nuestro juicio, así debería ser – otro tipo de expresiones que podemos calificar como de tipo no cognitivo, tal es el caso de las expresiones artísticas de naturaleza no representacional en las que existe una exteriorización de sensaciones y sentimientos del autor” (Marciani Burgos. Betzabé. El Derecho a la Libertad de Expresión y la Tesis de los Derechos Preferentes. Palestra. Lima 2004. P. 123)

 En ese sentido, nuestra Constitución, establece: “Artículo 2. Toda persona tiene derecho: (…) 4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: “Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desarrollando la dimensión individual de este derecho, expresa: “65. Sobre la primera dimensión del derecho consagrado en el artículo mencionado, la individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En este sentido, la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.

Y, puntualiza, con relación a su dimensión social: “66. Con respecto a la segunda dimensión del derecho consagrado en el artículo 13 de la Convención, la social, es menester señalar que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todas a conocer opiniones, relatos y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia.” (Cf. Caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros vs. Chile). CIDH: Sentencia de 5 de febrero de 2001)

Las normas trascritas, así como reconocen y establecen el derecho de expresión y opinión, también se ocupan de una de las patologías que más los afectan: la censura previa. Según la Real Academia de la Lengua Española, esta es “El examen y aprobación que de ciertas obras hace un censor autorizado antes de hacerse públicas”. Esta acción propia de mentalidades autoritarias y totalitarias, no es sino la acción de calificar previamente el contenido de un artículo de opinión, expresión o información, permitiendo su publicación sólo si le es de agrado a quien la establece, o porque considera que sus intereses y/o imagen no son puestas en cuestión, todo ello como requisito para su difusión, controlando aquellos medios en los que se ejercen tales derechos, mediante presiones políticas o económicas, todo ello con la intención de limitar un derecho fundamental.

Sin duda alguna la censura previa es un proceder primitivo, autoritario y dictatorial, inamisible en una sociedad moderna y plural, que para ser tal requiere ideas, opiniones, planteamientos, expresiones artísticas etc., que deben ser respetadas, analizadas, criticadas pero nunca limitadas al extremo de no permitir que no se den o sometiéndolas a una previa aprobación de contenidos.

La civilización, que para Mario Vargas Llosa es “(…) un sistema de ideas que con el correr del tiempo crearía al individuo soberano e impondría los derechos humanos, la coexistencia en la diversidad, la libertad de expresión y de crítica, y una concepción de la belleza artística (…)” (http://elpais.com/elpais/2016/02/05/opinion/1454672881_887015.html), no podrá ser tal con acciones contra ella, como es la censura previa típica de tiempos de barbarie que muchos gustan de recrear generando sólo lugares de una mediocridad inmensa y descomunal.

De vacaciones leo a Savater y él me cuenta: “Ya el viejo Montesquieu advirtió que si acercamos el oído a un país y no se percibe ni el vuelo de una mosca seguro que se trata de una tiranía, mientras que si se escuchan gritos indignados, polémicas y voces escandalizadas de descontento seguramente estamos ante una nación libre.” (Savater. Fernando. Política de Urgencia. Ariel. 2014. P. 43)