martes, 17 de abril de 2018

CALIFICACIÓN REGISTRAL DE LOS DOCUMENTOS JUDICIALES.



Mg. Gilberto Mendoza del Maestro (*)

Para empezar con la exposición voy a poner un caso hemos tomado conocimiento  el día viernes de la semana pasada, la Corte Suprema decidió otorgar la titularidad de un predio a una persona (persona X). Cuando este documento se envió al registro, el registrador pidió la aclaración del mismo, se le indicó que dicha persona había adquirido de otra persona de las cuales no existían antecedentes registrales que demuestren su propiedad.

Este caso aún por resolverse ejemplifica que el Poder Judicial decide que una persona es titular ya sea por un tema de fraude, ya sea por un tema de mejor derecho de propiedad, o por diferentes supuestos. Cuando llegan estos casos a registros, aunque cada vez menos, el registrador observaba y solicita aclaración manifestándole al juez que la persona que transfiere la propiedad no aparece en ningún antecedente registral.

En dicho sentido hay que tomar en cuenta lo dicho por el artículo 2011 del Código Civil el cual, en su primer párrafo, dice lo que debe calificar el registrador, el registrador en principio tiene que analizar la validez del acto, es decir que este conforme a derecho, también que los actos no sean nulos.

El segundo elemento que se califica es que cumplan con los principios registrales: llámese principio de prioridad, principio de legalidad, tracto sucesivo entre otros.

¿Qué es el tracto sucesivo? Es que exista una cadena de transferencias de derechos, lo cual es más frecuente en casos de predios y no necesariamente en el ámbito de las personas jurídicas. En caso un sujeto no participe dentro de la cadena de transferencias, el registrador observará dicha situación. Hay que recordar que el registrador no puede observar lo dicho por el juez, ya que el mismo se encuentra en una mejor posición para valorar los documentos presentados que el registrador ya que dichos documentos han pasado por un procedimiento judicial.

Lo tercero que el registrador califica, es que el acto sea inscribible, suelen llegar a registros casos en donde se pretende la inscripción de un compromiso para contratar o un comodato en el registro de predios. En esta situación el registrador debe respetar lo dispuesto en el artículo 2019 del Código Civil, el cual dice sustancialmente que solamente se inscriben aquellos actos que generen efectos reales, lo que genera efecto obligacional en general no se inscribe, salvo dos excepciones: contrato de arrendamiento y contrato de opción.

Se ha propuesto la ampliación de los supuestos del artículo 2019 del Código Civil, de forma que se puedan publicitar tanto los efectos personales y el crédito, ello se da porque cada vez es más importante la publicidad del crédito, por ejemplo el compromiso de contratar, ¿por qué el contrato de opción se inscribe y por qué el compromiso de contratar no? En estricto, no hay una justificación de fondo en el tema, la única justificación es, no es un derecho real.

Para el ámbito judicial el registrador no puede calificar, lo que puede hacer es pedir aclaración lo que en realidad es una observación encubierta. La diferencia es que se le hace notar al juez diciendo que estamos ante un acto no inscribible o que una persona no se encuentra dentro de los antecedentes registrales antes de realizar la transferencia. De esta forma el registrador advierte al juez de ciertas irregularidades, y es él (el juez) quien decide inscribir o no determinado acto por lo cual el juez asume la responsabilidad y el registrador se libera de la misma.

Entonces al verificar que el acto sea inscribible, muchas veces ha ocurrido, de repente de que se inscriban actos que no tienen vocación de ser publicitados por mandato judicial, no obstante ello el registrador en la práctica sí puede denegar la inscripción, evidentemente eso dicen en los papeles, pero en la realidad lo que les van a decir es: aclárame Usted, para evitar un tema de responsabilidad.

Esto se da también en los casos que se verifica un supuesto de tema de incompatibilidad con títulos anteriores ¿por qué es incompatible? porque de repente la persona que está ahí no es la persona que hipotecó, entonces quieren ejecutar (entre comillas) una hipoteca de alguien que ya no figura en el registro, por ejemplo una hipoteca legal, oye pero ya hay una hipoteca voluntaria inscrita y lo que dice el artículo 2022 es, entre lo inscrito y no inscrito ¿quién prevalece? lo inscrito, salvo la excepción del pleno casatorio, ¿no?, entonces si va a prevalecer lo inscrito, y me estas ejecutando una hipoteca legal, lo que va a ocurrir es un desfase y se va a poner en tela de juicio el principio de legitimación, al que evocamos nosotros en el artículo 2013 del Código Civil perjudicando al titular inscrito en el asiento registral. En estos casos, también se puede pedir aclaración al Juez, toda vez, eso sí es un deber porque ya hay una contravención contra otra persona que tiene derecho, y hay un supuesto adicional, que uno puede ver en los precedentes y acuerdos que es que de repente pueda ocurrir alguna vez, que el mandato judicial propiamente contravenga o se violente el derecho de terceros que no hayan participado, y eso muchas veces se cuestiona en Lima, por ejemplo, en los casos de reversión que tiene que ver con el ámbito administrativo pero que también se puede ver en el ámbito judicial, oye no notificaste al titular actual, entonces no notificaste al titular actual debiste haberlo notificado, aún así señor Juez ¿Usted quiere que se inscriba? Sí, ah entonces que se inscriba, pero bajo su responsabilidad.

Son los tres supuestos en los cuales se dice que se puede pedir aclaración al Juez, en los demás supuestos, no se le puede pedir, aunque a pesar de esa obligación por un tema de responsabilidad piden aclaración. Desde el punto de vista del juez ello no resulta lógico al igual que desde el punto de vista del usuario que sabiendo que no pueden pedir aclaración la requieran. Ello se da principalmente porque el registrador busca protegerse del ámbito de responsabilidad extracontractual. Es decir, de culpa leve, culpa grave y dolo. Ello es razonable ya que existen casos en donde se ha embargado incluso el 60% del sueldo del registrador por el tema en donde el registrador no notó que en la escritura pública se consignaba otro lugar como capital, aunque esos detalles en estricto no califica.

Existen razones extrajurídicas que dificultan la labor del registrador por ejemplo la elevada carga laboral, por lo cual se dedican a calificar solamente lo fundamental en cada caso como por ejemplo quien es el titular registral, los requisitos de validez y se cumple el reglamente. Pero la realidad es que existen detalles dentro de la propia escritura que podrían alterar la calificación, pero resulta funcionalmente imposible que el registrador califique.

Entonces tenemos un primer ámbito si el criterio del registrador es cerrado o y el segundo ámbito que es en estos casos el registrador también está viendo por no asumir responsabilidad, en donde existe una regla no escrita en el mundo registral: “prefiero observar que inscribir en situaciones que de alguna manera pueden perjudicarme a posterior”.

Ello no debería ser así, pero la realidad es que ese factor afecta la calificación registral incluso teniendo un título válido y eficaz, pero por ejemplo verse sobre comunidades campesinas o un conflicto entre juntas de propietarios va preferir trasladarle la tarea de la calificación a su superior jerárquico que es el Tribunal Registral, aún cuando existan acuerdos configurados el registrador va a buscar tener la menor cantidad de procesos.

De igual forma en el ámbito judicial, el registrador aunque teóricamente solo puede pedir aclaración en tres puntos la realidad es que se busca pedir aclaración sobre la mayor cantidad de puntos para liberarse de responsabilidad, en tal sentido se da la regla “ante la duda pide aclaración, cuando se judicial” “ante la duda observa” ¿para qué? para que no tenga problemas en un futuro.


(*) La presente conferencia la dictó su autor, el 3 de noviembre de 2017, en la Sala de Audiencias de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia del Cusco. El presente texto se basó en la grabación y transcripción realizadas por la Abog. Belisa Suárez Achahui, las que han sido revisadas y corregidas por el Profesor Universitario Mg. Gilberto Mendoza del Maestro, quien gentilmente autoriza su publicación en nuestro blog. 

domingo, 11 de febrero de 2018

INSTITUCIONES DEL DERECHO PROCESAL CIVIL II

CARPE DIEM

Los alumnos del curso Instituciones del Derecho Procesal Civil II, de la Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.


Con los alumnos:


Cuzco,19, 20, 21, 26, 27, 28 de enero y, 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de febrero de 2018.


viernes, 9 de febrero de 2018

LA LEY DE LA CARRERA DEL TRABAJADOR JUDICIAL



Fernando Murillo Flores

El 1 de febrero del 2018 se publicó, en la web del Poder Judicial, un comunicado que daba cuenta que el Congreso de la República, ese día, había remitido el texto aprobado de la Ley de la Carrera del Trabajador Judicial (LCTJ); en el mencionado aviso se destaca que la ley excluye de la Ley del Servicio Civil a los trabajadores del Poder Judicial y que abre la negociación, con el Ministerio de Economía y Finanzas, para la determinación de una escala remunerativa. El texto de la autógrafa de la LCTJ puede consultarse en la página web del Congreso, es sobre la base de ese texto que hacemos estos breves comentarios, dejando constancia que a la fecha aún no está promulgada.

El régimen laboral

La Ley N° 26586, publicada el 11 de abril de 1996, estableció que a partir de su vigencia, el personal administrativo y jurisdiccional del Poder Judicial, estaba comprendido en el régimen laboral de la actividad privada. Desde entonces, el régimen laboral del Poder Judicial era el privado, no obstante que – como ocurre con otras entidades públicas – el empleador es el Estado mismo.

La LCTJ establece en su título preliminar: “Artículo I.- El objeto de la presente Ley es establecer un régimen exclusivo para los trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial.”; en su “Artículo V.- La carrera del trabajador judicial se rige únicamente por lo establecido en la Constitución Política y la presente Ley.”; en su Artículo XI.- Rigen en las relaciones individuales y colectivas del empleo público, los principios de igualdad (…)”; y en su “Artículo 2.- La ley de la carrera del trabajador judicial regula el ingreso, permanencia, ascenso y terminación en el cargo; (…)”, para finalmente expresar en la primera de sus disposiciones complementarias y finales: “La presente ley regula la carrera del trabajador del Poder Judicial.

Si bien no existe una disposición específica que derogue de modo expreso la Ley N° 26586, somos de la opinión que está será derogada a la vigencia de la LCTJ al haberse producido el supuesto establecido en el Artículo I del título preliminar del Código Civil: “(…) La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando la materia de ésta es íntegramente regulada por aquella.

Para nosotros, si la LCTJ regula, de modo especial y total, la relación contractual, de naturaleza laboral y pública, entre el Poder Judicial (Estado) y su personal (jurisdiccional y administrativo), lo que produce ésta ley es derogar la Ley N° 26586 y, principalmente porque la LCTJ regula por completo y de manera especial dicha relación. Entonces, ahora un trabajador judicial (administrativo y jurisdiccional) es un empleado público, en el marco de un sub régimen laboral del sector público, establecido por la LCTJ.

El cambio de régimen laboral.

De acuerdo a antecedentes legales – como la propia Ley N° 26586 – cuando el Estado decide que las relaciones laborales con sus empleados, en una determinado Poder del Estado u otra entidad pública, será el privado – como no puede ser de otro modo – reconoce a aquellos la libertad de decidir: a) quedarse en el régimen laboral actual (en este caso el privado, regulado por el D.S. N° 03-97-TR); b) aceptar el cambio del régimen laboral (del D.S. N° 03-97-TR a la LCTJ), y establece: c) que a partir de la vigencia de la ley, que todos quienes ingresen – por concurso claro está – al servicio del Estado, en el Poder Judicial, lo harán ya como empleados públicos, en el marco del régimen laboral público.

Al respecto la LCTJ guarda silencio, entonces, si ésta deroga la Ley N° 26586, quiere decir que el nuevo régimen laboral en el Poder Judicial es el público, ya no el privado. Empero, ¿sus trabajadores tienen la libertad de decidir entre las dos primeras alternativas anotadas líneas arriba? La respuesta es todo un misterio, salvo que el nuevo régimen laboral se imponga, pero en todo caso es a cada uno de los trabajadores a quien le corresponderá decidir, y no sería dable que lo hagan sólo por el hecho de que la LCTJ los excluye de la Ley del Servicio Civil. En fin ¿qué harán?.

Contratación temporal ad perpetuam.

El artículo 5 de la CCTJ establece: “El sistema de ingreso a la carrera del trabajador judicial se realiza mediante concurso público de mérito (…)” y en el artículo XIV de su título preliminar que “El ingreso al Poder Judicial se determina a través de concurso público abierto y/o interno de méritos (…)”, en concordancia con el artículo 5 de la Ley Marco del Empleo Público (Ley N° 28175) que estipula: “El acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades.

Queda en claro, si aún no lo estaba ya, que al empleo público en el Poder Judicial se accede por concurso, ya no siendo posible acceder por desnaturalización de contratos de trabajo temporales, sujetos a modalidad, pues ello sólo es posible en el marco del D.S. N° 03-97-TR, ni por un determinado tiempo de permanencia con dicha contratación temporal.

Si ello es así, entonces, leamos íntegramente lo que dice el artículo XIV del título preliminar de la LCTJ: “El ingreso al Poder Judicial se determina a través de concurso público abierto y/o interno de méritos (…) No obstante, por necesidades debidamente comprobadas, puede disponerse la contratación temporal de personal jurisdiccional o administrativo a fin de cubrir la prestación de labores por espacio determinado de tiempo.

Lo anterior significa – al menos para nosotros y como ya lo expresamos – que si el ingreso al empleo público en el Poder Judicial es sólo por concurso público, un empleado contratado temporalmente, nunca podrá acceder a una contratación a tiempo indeterminado, pues la desnaturalización de aquella contratación no será eficaz ni oponible al Poder Judicial, como sí lo era – incluso en contra e inobservando el precedente Huatuco Huatuco – cuando el régimen laboral era el privado.

Los procedimientos administrativos disciplinarios.

De acuerdo al texto de la LCTJ, el personal administrativo y jurisdiccional estará sometido – en el supuesto de faltas laborales – al procedimiento que la propia ley establece, ante los órganos que ella misma contempla (el jefe inmediato, el jefe de recursos humanos, un secretario técnico, el titular de la entidad y una comisión de procesos administrativos disciplinarios), lo que daría lugar a suponer que la OCMA y ODECMAS dejarían de tener competencia para sancionar a los trabajadores jurisdiccionales, pues se establece un procedimiento propio y ante órganos diferentes a los de aquellas. Todo un tema sobre el que seguro volveremos a comentar, pero cuando ya tengamos reglamento.

¿Y la escala remunerativa?

La LCTJ no establece una escala remunerativa, en su segunda disposición complementaria y final, establece que el Poder Judicial y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que es el Poder Ejecutivo, “constituirán una Comisión de Trabajo que elabore la Ley de la escala remunerativa de los trabajadores de la carrera judicial, y prepare los proyectos normativos para su concreción, en un plazo de 180 días desde la entrada en vigencia de la presente Ley. La escala remunerativa debe ser integrada a la presente Ley en un capítulo denominado “Del Régimen Económico del Trabajador Judicial”. Sólo dos comentarios, 1) esperamos que en esta escala remunerativa se contemple el pago de las gratificaciones por fiestas patrias y navidad (propios del régimen laboral privado), mas no los aguinaldos del sector público y, 2) espero que no se cumpla lo que dijo Napoleón “Cuando quiero que un asunto no se resuelva lo encomiendo a un comité.”

Bueno, ahora los empleados del Poder Judicial tendrán su propia ley especial, ésta regula una denominada carrera del trabajador judicial, dentro del régimen laboral público que los excluye – a su vez – de la Ley del Servicio Civil. En unos años veremos cuánto es que esta ley mejora al Poder Judicial, siempre y cuando el Poder Ejecutivo no la observe por alguna razón. Esperemos.

viernes, 2 de febrero de 2018

CANTO DE SIRENAS


Fernando Murillo Flores

Desde enero del Año Judicial 2015, cuando la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco (CSJC) asumió competencia de los procesos que conocía la otrora Sala Constitucional (procesos constitucionales y contencioso administrativos), se escucharon voces que pedían la creación de una Sala que compartiese con la Sala Civil su volumen de trabajo, pues sostenían que éste era considerable. Nosotros nunca creímos que ello fuese así, incluso escribimos un artículo en el que decíamos que calificar como considerable el volumen de trabajo de la Sala Civil era un espejismo (http://catedrajudicial.blogspot.pe/2016/09/espejismo.html).

Ese espejismo – y el canto de sirenas – hizo que quienes solicitaron que la otrora Sala Penal de Apelaciones Transitoria en adición a sus funciones Sala Penal Liquidadora de la CSJC, se convirtiera en una Sala Mixta Permanente en adición a sus funciones Sala Penal Liquidadora, se diesen de cara en la arena (cf. R.A. N° 094-2016-CE-PJ del 20 de abril de 2016).

Pero el canto de sirenas que aún se escuchaba para la creación – esta vez – de una Segunda Sala Civil en la CSJC, basada siempre en un espejismo (considerable volumen de trabajo), llevó al Consejo Ejecutivo Distrital (CED) de la CSJC ha solicitar ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la creación de una Segunda Sala Civil para la CSJC (cf. Sesión N° 05-2016 del 12 de junio de 2017. Acuerdo N° 19-2017).

Por curiosidad solicitamos se nos haga conocer dicho acuerdo y su sustento “técnico”; luego de leerlos pudimos concluir que la solicitud de creación de una Segunda Sala Civil era poco menos que seria. Y pensar que había quienes creían en dicho pedido.

En el mencionado acuerdo del CED de la CSJC se lee que su Presidente expuso: “La carga de la Sala Civil de Cusco en el año 2016 fue de 2552 procesos, y la proyección para el presenta año judicial es similar, a comparación de las Salas Civiles Arequipa que tienen un carga de 1359 y 1474 procesos, en las salas Civiles de La Libertad 1320 y 1300 procesos, por lo que en la Sala Civil de Cusco se tiene una sobrecarga, por lo que es prudente solicitar al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la creación de la Segunda Sala Civil.

De una manera etérea en el oficio dirigido por el Presidente del CED de la CSJC al Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se dice que: “(…) se advierte el incremento constante de la carga procesal de la única Sala Civil existente en nuestro Distrito Judicial, que no se condice con el fin fundamental de nuestra institución de atender con eficiencia  y celeridad el servicio de administración de justicia, causando de esta manera el perjuicio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva  que le asiste a los justiciables, el que incluye el poder acceder a una justicia rápida y eficiente, así como lograr la efectividad de lo resuelto por los Órganos Jurisdiccionales dentro de los plazos establecidos por Ley.” (cf. Oficio N° 051-2017-P-CSJCU-PJ del 12 de junio de 2017)

En el discurso del Presidente de la CSJC, con ocasión del día del Juez, se expresó: “Preocupados por la excesiva carga procesal, hemos solicitado la creación de nuevos juzgados debidamente fundamentados. Piensen por ejemplo que la Primera Sala Civil, tiene mayor carga y producción que las dos salas civiles juntas de Piura.” (El Diario del Cusco, edición del 10 de agosto de 2017. Pág. 7)

Lo cierto del caso es que a la fecha del acuerdo (12 de junio de 2017) y de que se manifestó que “hemos solicitado la creación de nuevos juzgados debidamente fundamentados” ya existía la R.A. N° 185-2016-CE-PJ del 20 de julio de 2016 que estableció en 1,400 expedientes (principales) resueltos, como estándar de producción para órganos jurisdiccionales como la Sala Civil de la CSJC. Esa misma R.A, en su artículo 5, establece – haciendo remisión a la R.A. N° 287-2014-CE-PJ (27 de agosto de 2014) – la fórmula “para determinar la carga procesal mínima y la carga procesal máxima” de órganos jurisdiccionales como la Sala Civil (SC) de la CSJC.

De acuerdo a lo dicho, la carga procesal mínima (CPMn) de la SC de la CSJC, es 1820 expedientes principales (1400 más 30%), y la máxima (CPMa) es de 2380 expedientes principales (1400 más 70%). Si esas eran las normas técnicas, entonces cómo es que se solicitó de manera etérea una Segunda SC para la CSJC, si el año 2015 la SC produjo: 1582 expedientes principales; el año 2016: 1934 expedientes principales y, el año 2017: sólo 1577 expedientes principales. La única explicación fue que se escuchó el canto de las sirenas: “preocúpate la SC de la CSJC tiene una excesiva carga procesal, no podemos con ella…; preocúpate la SC de la CSJC tiene una excesiva carga procesal, no podemos con ella… ”.

El 30 de enero de 2018, en el diario oficial El Peruano, se publicó la R.A. N° 020-2018-CE-PJ del 7 de enero de 2018 que, en su primer artículo establece: Desestimar la solicitud del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cusco, respecto a la creación de una segunda Sala Civil para la provincia del Cusco, considerando que los ingresos de expedientes no justifica su pedido.” Esto quiere decir que nunca hubo un sustento técnico para solicitar la creación de una Segunda Sala Civil, que no sean motivos etéreos, basados en un canto de sirenas y de algunos tritones que no faltan.

Un cuadro, basado en la estadística oficial de la CSJC, nos informa la situación de la SC en el marco de: i) R.A. N° 287-2014-CE-PJ del 27 de agosto de 2014 y, ii) R.A. N° 185-2016-CE-PJ. Veamos:


Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco
Carga Procesal
CPMa
2380
2515
Año Judicial
2016
Producción
1934
Carga Procesal
CPMn
1820
3630
Año Judicial
2015
Producción
1582
1839
Año Judicial
2017
Producción
1577

La carga procesal de la SC va disminuyendo: Año Judicial 2015: 3630 expedientes; Año Judicial 2016: 2515 expedientes y Año Judicial 2017: 1839 expedientes.

Solo el Año Judicial 2016 se supero el estándar de producción (1400 expedientes), al haberse resuelto 1934 expedientes, es decir, 534 expedientes más de dicho estándar y sólo 114 expedientes más de la CPMn y a 446 expedientes de la CPMa.

El Año Judicial 2017 se resolvieron (teniendo una carga procesal de 1839) 1577 expedientes, es decir, 280 expedientes menos que la CPMn (1820 expedientes).

La lógica y la estrategia, para una correcta decisión de un Presidente de Corte, hubiese sido crear las condiciones personales y materiales tales para lograr que el Año Judicial 2017 se resuelvan no menos de 1934 expedientes, pero la decisión fue conformar un colegiado que resolvió 357 expedientes de menos de lo resuelto el Año Judicial 2016 y 280 expedientes menos que la CPMn. Esto implica que tal decisión nos alejó numéricamente y en forma considerable de lograr – por lo menos – mantener una producción por encima de la CPMn (1820) durante el Año Judicial 2017, y aún así este Año Judicial de 2018 se logre una producción igual a la del Año Judicial 2016 (1934) o mayor, habremos demostrado que el crecimiento de la producción, al menos en expedientes resueltos en la SC, no es constante. Alguien es responsable de este hecho (cf. http://catedrajudicial.blogspot.pe/2018/01/cronica-de-dos-arbitrariedades.html y http://catedrajudicial.blogspot.pe/2018/01/una-golondrina-no-hace-el-verano.html).

Una primera conclusión, es que con los parámetros técnicos contenidos en la R.A. N° 287-2014-CE-PJ y la R.A. N° 185-2016-CE-PJ, que no se tuvieron en cuenta al momento de solicitar la creación de una segunda Sala Civil en la CSJC – como en efecto lo fue – no era posible formular tal petición. Una segunda conclusión, es que si bien estuvimos lejos de cumplir los requisitos técnicos para la creación de una segunda Sala Civil en la CSJC o al menos cuando lo acordó y solicito el CED de la CSJC (junio de 2017),  vale decir, resolver 2380 expedientes (CPMa), no menos cierto es que se pudieron tomar decisiones para mantener su producción por encima de la CPMn (1820 expedientes), pero más pudo el canto de sirenas.
         

miércoles, 31 de enero de 2018

¿Es apelable el auto de declaración de incompetencia?


Fernando Murillo Flores

La primera obligación que tiene un Juez, al momento de calificar una demanda, es examinar su competencia para conocer el caso; es recurrente que una demanda se presente ante un Juez que no es competente y es por ello que el artículo 35 del Código Procesal Civil (CPC) estipula que puede declararse la incompetencia “de oficio al calificar la demanda”.

Si el Juez, luego de calificar la demanda, llega a la conclusión que no es competente para conocerla, debe proceder conforme al artículo 36 del CPC que estipula: “(…) el Juez al declarar su incompetencia lo hace en resolución debidamente motivada y dispone la inmediata remisión del expediente al órgano jurisdiccional que considere competente.

Ante ello surge una interrogante ¿es apelable el auto mediante el que el Juez declara su incompetencia y ordena la remisión del proceso al Juez que considera competente?

Una primera aproximación a la respuesta nos llevaría a concluir que sí sería apelable, si tenemos presente que todo auto emitido en primera lo es; que no está en la excepción del inciso 2, del artículo 365 del CPC; que no está excluida expresamente la posibilidad de su apelación, y que no existe disposición expresa que establezca que no es impugnable.

Sin embargo, somos de la opinión que dicho auto no es apelable. Las razones son las siguientes:

1.    Ante la declaración de incompetencia de oficio por el Juez (CPC. Art. 35) o a instancia de parte, por otro Juez (CPC. Art. 38), la definición del órgano jurisdiccional competente que estará a cargo del proceso – siempre – es un órgano jurisdiccional superior.

2.   En el marco del procedimiento de contienda de competencia, el Artículo 39 del CPC estipula: “Si recibido el oficio y sus anexos, el Juez de la demanda considera que es competente el Juez de la contienda, le remitirá el expediente para que conozca del proceso. Esta decisión es inimpugnable.” (el subrayado nos corresponde).

3.   Como se aprecia – en este último caso – la contienda de competencia la promueve la parte demandada, el Juez ante el que acudió la admite y promueve la contienda de competencia ante el Juez que venía conociendo la demanda, y si éste la acepta, remitiéndole todo lo actuado hasta ese momento, es decir, al Juez que promovió la contienda, el examen de la competencia sólo estuvo a cargo de jueces de la misma jerarquía.

4.   Si en la contienda, el Juez cuestionado de competencia no admite el cuestionamiento, suspende el proceso y remite todo lo actuado ante un órgano jurisdiccional superior quien determinará cuál es el Juez competente.

Como se aprecia, la determinación de la competencia sólo le competente a los órganos jurisdiccionales

Entonces, si conforme al artículo 36 del CPC, el Juez – de oficio – se declara incompetente, siempre de acuerdo a este dispositivo “(…) dispone la inmediata remisión del expediente al órgano jurisdiccional que considere competente.”, lo que implica que recibido el proceso por el Juez de quien se dice es el competente, por efecto de tal declaración de incompetencia, muy bien podría aceptar – examinado el caso – avocarse de conocerlo o, si no lo acepta, remitir al órgano jurisdiccional superior – en consulta – la declaración de incompetencia del primer Juez.

Como se aprecia, en este caso, la competencia siempre la determinan los órganos jurisdiccionales – de igual jerarquía – comprometidos en el procedimiento establecido para la determinación de la competencia.

De acuerdo a lo expuesto, es fácil concluir en que existe un procedimiento previamente establecido para la determinación de la competencia, en el que está comprometido el concurso de los jueces de primera instancia, ya sea que el conflicto comience a instancia de parte (Art. 38 del CPC) o de oficio (Art. 36 del CPC), en el que no es posible o mejor dicho no cabe la posibilidad de impugnar la decisión del Juez, de declararse incompetente.

Entonces, cuando el Artículo 36 del CPC estipula: “(…) el Juez al declarar su incompetencia lo hace en resolución debidamente motivada y dispone la inmediata remisión del expediente al órgano jurisdiccional que considere competente.” establece un procedimiento en el que no cabe apelar tal decisión, pues ésta decisión tiene como destinatario otro Juez de igual jerarquía – a quien se le remite de inmediato el expediente –, quien o acepta asumir el caso (asume competencia) o, no lo acepta, en cuyo caso será el órgano jurisdiccional superior a éste quien determine cuál es el órgano jurisdiccional competente, pero que se avoca del caso no por una apelación, sino por una decisión del Juez remitido de no avocarse del conocimiento del caso.

De lo hasta aquí expuesto, entonces, podemos concluir que el auto mediante el que el Juez del proceso determina – al calificar la demanda – que no es competente para conocer un determinado caso (demanda), es una decisión impugnable, pues el control de dicha decisión está a cargo del Juez de igual jerarquía a quien se remite el proceso y, ante el no avocamiento de éste, mediante el mecanismo de la consulta, tal control le corresponde a un órgano jurisdiccional superior del Juez que no admitió la remisión por incompetencia, mas no al órgano jurisdiccional superior del Juez que se declaró incompetente.

Lo anterior implica que el Juez que se declare incompetente para conocer una determinada demanda, de manera inmediata debe remitir el proceso al Juez que considere competente, y en el caso que se presente una apelación contra tal decisión, debe declararla improcedente, no obstante que el Art. 36 del CPC no declara tal decisión como inapelable.

miércoles, 24 de enero de 2018

Una golondrina no hace el verano


Fernando Murillo Flores

Cuando se ingresa a la página web del Poder Judicial (www.pj.gob.pe) uno pude ingresar a su Comisión Nacional de Productividad Judicial y encontrará información interesante, respecto a la productividad judicial, es decir, de cómo se desarrolla la producción anual por los órganos jurisdiccionales de cada Corte Superior de Justicia a nivel nacional y qué cortes de justicia cuentan con órganos jurisdiccionales que en su 50% lograron – en conjunto – cumplir con el 100% de sus metas de producción.

El Año Judicial 2014, las cortes superiores de justicia que lograron ese objetivo de productividad fueron: Huancavelica, Moquegua, Ayacucho, Tacna e Ica, de acuerdo al artículo segundo de la R.A. N° 197-2015-CE-PJ del 10 de junio de 2015.

El Año Judicial 2015, las cortes superiores de justicia que lograron ese objetivo de productividad fueron: Madre de Dios, Huancavelica, Lambayeque, Huánuco, Ica y Arequipa, de acuerdo al artículo segundo de la R.A. N° 034-2017-CE-PJ del 18 de enero de 2017.

El Año Judicial 2016, las cortes superiores de justicia que lograron ese objetivo de productividad fueron: Tacna, Ayacucho, Moquegua, Huancavelica, Ancash, Arequipa, Ica y Junín, de acuerdo al artículo segundo de la R.A. N° 346-2017-CE-PJ del 19 de diciembre de 2017.

Mediante estas tres resoluciones, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, felicita el desempeño de aquellas cortes superiores de justicia en las que “más del 50% de sus órganos jurisdiccionales permanentes que la conforman, lograron superar el 100% de su meta” durante los años indicados: 2014, 2015 y 2016.

Si aún no se percibió, se puede apreciar que existe un común denominador “ausente o negativo” en estas tres resoluciones de felicitación: no está la Corte Superior de Justicia del Cusco, vale decir que en ella no se logra que un 50% de sus órganos jurisdiccionales permanentes que la conforman, logren superar el 100% de sus metas.

Una lectura de los anexos de: i) la R.A. N° 034-2017-CE-PJ del 18 de enero de 2017 y, ii) la R.A. N° 346-2017-CE-PJ del 19 de diciembre de 2017 permiten sí identificar lo siguiente:

a)        El Año Judicial 2016, la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia del Cusco, no sólo cumplió su meta de producción y de más al 100%, sino que se ubicó entre las tres primeras salas pares a nivel nacional:

Orden
Órgano Jurisdiccional
Producción
Meta
1
Quinta Sala Laboral de Lima
4,990
2000
2
Sexta Sala Laboral de Lima
3,346
2000
3
Segunda Sala Laboral de Cusco
1,998
1700

La misma Segunda Sala Laboral de Cusco, el Año Judicial 2017 está a punto de lograr – si es que no lo logró ya – estar nuevamente en el tercer lugar a nivel nacional, pues la estadística al mes de noviembre del año pasado, nos da el siguiente resultado:

Orden
Órgano Jurisdiccional
Producción
Meta
1
Sexta Sala Laboral de Lima
3,625
2000
2
Quinta Sala Laboral de Lima
3,295
2000
3
Segunda Sala Laboral de Cusco
2,531
2000

Este año judicial de 2018, sus magistrados y personal jurisdiccional, tienen el compromiso de laborar al máximo para optimizar este resultado. A falta de objetivos a nivel de Corte respecto a la producción, buenos son los objetivos a nivel de Órgano Jurisdiccional.

b)        El Año Judicial 2016, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, no sólo cumplió su meta de producción anual y de más al 100%, sino que además de ubicarse entre las tres primeras salas pares a nivel nacional, logró posicionarse en el primer lugar:

Orden
Órgano Jurisdiccional
Producción
Meta
1
Sala Civil de Cusco
1,934
1464
2
Sala Civil del Callao
1,905
1464
3
Sala Civil de Piura
1,057
1464

Este primer lugar mereció un reconocimiento de parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante la R.A. N° 196-2017-CE-PJ del 31 de mayo de 2017 e incluso se dispuso un reconocimiento público “por haber alcanzado o superado el estándar anual de expedientes resueltos durante el año 2016, ocupando el primer puesto en su respectiva especialidad e instancia.” Mediante la R.A. N° 210-2017-CE-PJ del 7 de junio de 2017 (El Peruano edición del 19 de julio de 2017)

Esperemos que este año la Corte Superior de Justicia del Cusco sea reconocida, como lo han sido otras cortes durante los años 2014, 2015 y 2016, por su capacidad para una gestión eficiente respecto del año judicial 2017 y, en el futuro, para el año judicial 2018, pues así como se impulsa la justicia de paz y la justicia intercultural (un aplauso por ello), también debe impulsarse la justicia de paz letrada y la especializada, pues la R.A. N° 346-2017-CE-PJ dispuso la publicación del ránking de producción de los órganos jurisdiccionales de todas las cortes superiores de justicia “a fin” – dice la resolución – “los Presidentes de Cortes Superiores de Justicia tomen conocimiento de la ubicación a nivel nacional, de cada una de sus dependencias jurisdiccionales según las subespecialidades; con el objeto que adopten las acciones correspondientes para su mejora.”