domingo, 11 de enero de 2015

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL II

Carpe Diem

Mis alumnos del curso: Instituciones de Derecho Civil II, de la Maestría de Derecho Civil y Procesal Civil de la EPG de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco.



Continúen su camino.

Cuzco, 11, 12, 19 y 20 de diciembre de 2014 y 9, 10 y 11 de enero de 2015.

lunes, 5 de enero de 2015

LA TORRE DE BABEL (1)

Fernando Murillo Flores[1]

Los padres del Derecho Procesal Constitucional indistintamente hablaban de Justicia Constitucional y de Jurisdicción Constitucional cuando trataban uno de sus contenidos. En el plano nacional Domingo García Belaunde explica que la primera denominación es valorativa axiológica, en tanto que la segunda es más concreta y tangible en la medida que la función jurisdiccional en materia constitucional está adscrita a la existencia de órganos jurisdiccionales especializados en ella.
En la Corte Superior de Justicia de Cusco (CSJC), se dio un paso importante para la jurisdicción constitucional al crearse la Sala Constitucional y Social y el Juzgado Constitucional y Contencioso Administrativo. Desde entonces a paso lento se empezó a forjar una especialidad preciada para un Estado Constitucional de Derecho. Sin embargo, el Consejo Ejecutivo el Poder Judicial convirtió el Tribunal y el Juzgado indicados, en una Sala Mixta (La Convención) y en un Quinto Juzgado Civil (Cercado del Cusco) respectivamente. La primera conclusión es que la jurisdicción especializada en materia constitucional, en la CSJC, quedó desmontada, desmantelada, no quedó de ella piedra sobre piedra (Cf. R.A. N° 379-2014-CE-PJ del 19 de noviembre de 2014 del 19 de noviembre de 2014 y R.A. N° 415-2014-CE-PJ del 10 de diciembre de 2014).
La jurisdicción constitucional respecto a la tutela de derechos – tal como lo enseño en clases – es una responsabilidad compartida, desde la Constitución de 1979, entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. El Código Procesal Constitucional establece, en el Artículo IV de su Título Preliminar, lo siguiente: “Los procesos constitucionales son de conocimiento del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en sus respectivas leyes orgánicas y en el presente Código.”. El artículo 202 de la Constitución estipula: “Corresponde al Tribunal Constitucional: (…) 2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento.” pues dichos procesos son conocidos en primera y segunda instancias por el Poder Judicial, así lo podemos concluir, además, luego de leer los artículos 18 y 51 del Código Procesal Constitucional.
En la CSJC, con la existencia de la otrora Sala Constitucional y Social, todos los procesos constitucionales eran conocidos por ella en primera instancia, a excepción de los que tenían como sede de apelación la Sala Mixta Descentralizada de Canchis (Sicuani), cerrando de ese modo la primera y segunda instancias de la jurisdicción constitucional de la libertad y si acaso no otorgaba la tutela correspondiente, dichos procesos se remitían al Tribunal Constitucional. De ese modo, y de manera especializada, se cumplía el mandato constitucional. Pero lo más importante de todo ello es que la Sala Constitucional y Social había empezado a ejercer la jurisdicción constitucional con un idioma propio del Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, así como a sentar posiciones claras con relación al contenido de las sentencias constitucionales, con un tratamiento adecuado de los derechos constitucionales y su configuración, así como el análisis del acto lesivo; también en la distinción entre una medida cautelar, incluyendo la solicitada con sentencia estimatoria de primera instancia, de aquellas técnicas de la tutela jurisdiccional como la ejecución inmediata de la sentencia. Ahora todo ello se diluirá en cinco juzgados civiles (cercado del Cusco) y todos aquellos otros juzgados no especializados de la CSJC.
¿Qué le espera a la jurisdicción constitucional de tutela de derechos o jurisdiccional constitucional de la libertad en la CSJC?. Sin ánimo de ofender, nada bueno, al menos en un corto plazo. La jurisdicción ordinaria (encargada de los procesos civiles), aquella que siempre estuvo a cargo del Poder Judicial desde los inicios de la República, es una jurisdicción muy formal, lenta, de largo aliento y cuyo resultado, así sea correcto, es muchas veces, sino la mayoría de las veces lejano, sin vocación alguna de reparar la injusticia que dio origen al proceso. A ese mar procesal serán sumergidos los procesos constitucionales de tutela de derechos, en el que no siempre será de cumplimiento lo establecido en el artículo 13 del Código Procesal Constitucional: “Los jueces tramitarán con preferencia los procesos constitucionales. La responsabilidad por la defectuosa o tardía tramitación de estos, será exigida y sancionada por los órganos competentes.
La forma de analizar un caso civil es totalmente diferente a la que se le debe dar a un caso constitucional, la forma de analizar el caso y la forma de redactar la sentencia son totalmente distintos. En suma un proceso constitucional de tutela de derechos es diferente a un proceso ordinario. El Tribunal Constitucional distingue los procesos constitucionales de los procesos ordinarios, en los siguientes términos: “10. La consagración constitucional de estos procesos les otorga un especial carácter, que los hace diferentes de los procesos ordinarios en cuatro aspectos: 1) Por sus fines, pues a diferencia de los procesos constitucionales, los ordinarios no tienen por objeto hacer valer el principio de supremacía constitucional ni siempre persiguen la protección de los derechos fundamentales; 2) Por el rol del juez, porque el control de la actuación de las partes por parte del juez es mayor en los procesos constitucionales; 3) Por los principios orientadores, pues si bien es cierto que estos principios, nominalmente, son compartidos por ambos tipos de procesos, es indudable que la exigencia del cumplimiento de principios como los de publicidad, gratuidad, economía procesal, socialización del proceso, impulso oficioso, elasticidad y de favor processum o pro actione, es fundamental e ineludible para el cumplimiento de los fines de los procesos constitucionales; y 4) Por su naturaleza, que es de carácter subjetivo-objetivo, pues no sólo protegen los derechos fundamentales entendidos como atributos reconocidos a favor de los individuos, sino también, en cuanto se trata de respetar los valores materiales del ordenamiento jurídico, referidos en este caso a los fines y objetivos constitucionales de tutela de urgencia.”[2]
La tarea de los jueces ordinarios, convertidos de la noche a la mañana en jueces constitucionales, es capacitarse en jurisdicción constitucional y comportarse como jueces constitucionales. Les deseo lo mejor.





[1] Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Cusco.
[2] Exp. N° 0023-2005-PI/TC


lunes, 29 de diciembre de 2014

EL ÚLTIMO EN SALIR APAGA LA LUZ

Fernando Murillo Flores[1]

La Corte Superior de Justicia de Cusco era una que tradicionalmente tenía salas superiores en materia civil y penal, aunque la primera devino siempre en un órgano mixto. Luego de la creación de su Sala Constitucional y Social, mediante la R.A. N° 181-2010-CE-PJ del 20 de mayo de 2010, avanzó y se consolidó como una Corte especializada al contar con una Sala Constitucional y Social, una Sala Civil, dos Salas Laborales y tres Salas Penales. De las dos salas mixtas (La Convención y Canchis) que tenía al año 2012, la de La Convención, se convirtió por razones técnicas (ausencia de carga procesal) en la Segunda Sala Laboral mediante la R.A. N° 276-2012-CE-PJ del 28 de diciembre de 2012 y la otra (la de Canchis) debería haberse convertido, por iguales razones, en otra y ser reubicada al Cusco, pero nada se hizo al respecto. Dicho avance y consolidación de una Corte especializada, dejando de lado las salas mixtas – sin dramatizar por cierto – se vio opacado por una decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial quien, mediante la R.A. N° 379-2014-CE-PJ del 19 de noviembre de 2014 (publicada en el diario oficial El Peruano, en su edición del 11 de diciembre de 2014. p. 539642), determinó convertir y reubicar la Sala Constitucional y Social (2010 - 2014) en una Sala Mixta Descentralizada de La Convención y, en adición a sus funciones Sala de Apelaciones, con sede en Quillabamba. Con esta decisión, la Jurisdicción Constitucional retrocede en el país, pues también se convirtió el Juzgado Constitucional y Contencioso Administrativo del Cusco, en un Quinto Juzgado Civil (R.A. N° 415-2014-CE-PJ del 10 de diciembre de 2014).

Los procesos constitucionales y contenciosos administrativos (general) que conocía la Sala Constitucional y Social, serán ahora de competencia de la Sala Civil, con lo que ésta se convierte en una Sala Mixta, otrora especializada en materia civil únicamente, mientras que los procesos laborales privados serán conocidos por las dos Salas Laborales. Con esta decisión la Corte Superior de Justicia de Cusco no sólo pierde la especialidad constitucional y laboral privada, sino que también pierde la especialidad civil que, como se sabe, resuelve importantes casos de derecho civil patrimonial. Todo esto fue posible debido a los siguientes factores: i) la presión social – injustificada – de la población de La Convención para el “retorno” de una Sala Mixta con sede en Quillabamba; ii) la complaciente actitud del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo para acceder a la ubicación de una Sala Mixta en una provincia que no la necesita técnicamente; iii) el “individualismo” y personalismo de un Presidente de Corte de “aprovechar” la oportunidad para solicitar la creación de una Sala Mixta y dejar constancia de un logro en una gestión deslucida y, iv) la ausencia de liderazgo al frente de una Corte Superior de Justicia.

Lo primero se constata de sólo leer en la R.A. N° 379-2014-CE-PJ lo siguiente: “VISTOS: El Oficio Múltiple N° 0139-2014-PCM/ONDS, cursado por el Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros; (…) Cuarto.- Que por oficio Múltiple N° 0139-2014-PCM-ONDS, el Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros solicita evaluar el pedido efectuado por el denominado Comité Central de Lucha por el Desarrollo de la Provincia de La Convención, en relación al retorno de la Sala Mixta Descentralizada a la referida provincia (…)” La gran pregunta es ¿se evalúo el pedido?

Lo segundo se constata cuando se lee la R.A. N° 379-2014-CE-PJ, mediante la que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decide convertir y reubicar, a principios del 2013, la Sala Mixta Descentralizada de La Convención y, en adición a sus funciones Sala de Apelaciones, en la Segunda Sala Laboral del Cusco, porque aquella no tenía lo que se denomina “carga” procesal y, en efecto así era. Dicha situación, es decir, ausencia de “carga” procesal ¿cambió?. La respuesta es no, no existe demanda de función jurisdiccional para un órgano de segunda instancia en La Convención. Según la R.A. N° 276-2012-CE-PJ (28 de diciembre de 2012) que convirtió y reubicó la Sala Mixta Descentralizada de La Convención, y en adición a sus funciones Sala de Apelaciones (Quillambamba), en una Segunda Sala Laboral (Cusco) la “carga procesal” de aquella, que fue la razón de su reconversión, el Año Judicial del 2012 dicha carga era de 245 procesos (trámite y en reserva), más 13 procesos como Sala de Apelaciones, en total, 258 procesos (258 al año/12m = 22 al mes/3 Jueces Superiores = 7 procesos al mes de carga para cada Juez Superior). Esta situación de 2012, ¿habrá cambiado durante los años 2013 y 2014?

Lo tercero es fácil deducirlo de sólo leer la R.A. N° 379-2014-CE-PJ, cuando expresa: “Cuarto.- (…) el Presidente de la Corte Superior de Justicia del Cusco, solicita la creación de una Sala Mixta Descentralizada en la Provincia de La Convención, que en adición de funciones sea Sala Penal de Apelaciones, con sede en la ciudad de Quillabamba (…)” lo que significa que el Presidente de Corte Superior de Justicia de Cusco, se arrogó una función reservada por la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 96.4 al Consejo Ejecutivo Distrital y, con su sola firma solicita la “creación” de una Sala Superior para la provincia de La Convención, cuando ello le correspondía a aquél órgano colegiado de gobierno, aprovechando “la coyuntura” del pedido social injustificado, la complacencia del Poder Judicial ante el pedido político del Ejecutivo y “tener un logro – el único – que exhibir en una memoria anual”, si es que a eso se le puede llamar logro.

Finalmente, el camino correcto de un Presidente de Corte ante un pedido político injustificado y no sostenible, técnicamente hablando, así como a la presión política y de un órgano de gobierno del Poder Judicial, hubiese sido el de no solicitar la creación de una Sala Superior en La Convención, sino convocar al Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia de Cusco para analizar la real necesidad de la provincia de La Convención en materia de la función jurisdiccional – que sin duda las tiene – y proponer lo que realmente se requería (p.ej. un Juzgado de investigación preparatoria en Echarate, otro en Maranura, otro segundo en Quillabamba, otro Juzgado más de Familia, o de pronto un segundo Juzgado Mixto más), así como convocar a la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Cusco para obtener un pronunciamiento sólido y serio ante la presión política, desde una perspectiva técnica y de reales necesidades. Todo esto como una auténtica respuesta institucional y no de interés personal. Pero, nada de eso sucedió, se hizo todo lo contrario como ya lo hemos narrado, un tiro fue a los pies, y el otro salió por la culata. Esto coronó lamentablemente una gestión presidencial (2013-2014) en la que los espacios de liderazgo y decisión, por ausencia de quien debió ejercer autoridad y conducción serias, se fueron llenando de bufones, arlequines y neófitos, incapaces de conservar los logros y avanzar en lugar de retroceder. El logro a exhibir, entonces, será el de haber perdido una especialidad emblemática para la Corte Superior de Justicia de Cusco (a cargo de la Sala Constitucional) para convertirla en una Sala Mixta en una provincia que no la necesita. En unos seis meses veremos la estadística (a julio de 2015).

Ante todo esto desalienta, en primer lugar, la inexistente cohesión y unión institucionales en la Corte Superior de Justicia de Cusco; el silencio de la comunidad usuaria de la función jurisdiccional en el Cusco que, por excelencia, debería estar encabezada por el Colegio de Abogados del Cusco; sin dejar de hacer notar esa lejanía astronómica de las Facultades de Derecho respecto de lo que acontece en nuestra Corte Superior de Justicia de Cusco. Pero para acusar, quejar y hacer escarnio de errores sí existen.     
  
En el marco de la experiencia en Jurisdicción Constitucional, debemos recordar y agradecer a quienes trabajaron en la Sala Constitucional y Social. Este Tribunal durante el año 2014 (pese a la huelga), tuvo el siguiente volumen de trabajo: Procesos Constitucionales: 83, Procesos Contencioso Administrativos: 347; Procesos Laborales: 354 (Ley N° 29497); 49 (Ley N° 26636). En total: 833 procesos. (a noviembre de 2014), cuando la meta programada para este año era de 884 procesos, estuvimos a 51 procesos de lograrla. En conclusión, la Sala Constitucional y Social resolvió 884 casos, y ahora se ha convertido en una Sala Mixta en La Convención (Quillabamba) que sólo atenderá no más de 250 procesos, sino son menos, ya lo veremos; pero lo peor de todo es que la Sala Mixta Descentralizada de La Convención, tendrá un costo anual, entre remuneraciones y mantenimiento, de S/. 959,643.00, para resolver sólo 250 procesos a lo sumo, lo que implica que la Corte Superior de Justicia de Cusco invertirá S/. 3,838.00 por cada proceso.  

En lo personal gané mucha experiencia en materia constitucional, pese a mi especialidad en Derecho Civil y Procesal Civil, tuve la oportunidad de poner en práctica mis conocimientos teóricos y académicos en materia constitucional y procesal constitucional, asimismo en materia laboral. Fui – sin ser consultado – el primer Presidente de la Sala Constitucional y Social (segundo semestre de 2010), laboré en ella durante el año 2013, cuando me dijeron que integraría otro Tribunal, la presidí este año 2014, pese a que me dijeron que me enviarían a otro Tribunal y, sin duda, seré el último en salir y, por tanto, el que apague la luz.


[1] Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Primer y último Presidente de la Sala Constitucional y Social. Magíster en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

domingo, 30 de noviembre de 2014

DERECHO CIVIL PATRIMONIAL

CARPE DIEM

Alumnos del Curso Derecho Civil Patrimonial, de la Maestría en Derecho Civil y Comercial, de la EPG de la Universidad Andina del Cusco.


Firmes y Dignos. Cuzco, 7, 8, 9, 28, 29 y 30 de noviembre de 2014

domingo, 26 de octubre de 2014

PROCESOS CONSTITUCIONALES I

CARPE DIEM

Alumnos del Curso de Procesos Constitucionales I, de la EPG de la Universidad Andina del Cusco.



Felicidades.

Cuzco, 10, 11, 12, 24, 25 y 26 de octubre de 2014

sábado, 25 de octubre de 2014

JURISDICCION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Carpe Diem

Mis alumnos del Curso Jurisdicción Internacional de los Derechos Humanos, de la Maestría de Derecho Constitucional de la EPG de la Universidad Andina del Cusco.


Cuzco, 3, 4, 5, 17, 18 y 19 de octubre de 2014.

Que sigan los éxitos.

lunes, 13 de octubre de 2014

LA NOTIFICACIÓN EN LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO

Fernando Murillo Flores[1]

La Ley Procesal del Trabajo (LPT) me parece interesante porque no lo tiene dicho todo y da lugar a que el Juez ejerza su responsabilidad interpretativa al máximo en procura de dar soluciones acertadas en su operatividad, cuidando en todo momento – como no puede ser de otro modo – el derecho a un debido proceso.

Uno de los temas interesantes en la LPT es el de la notificación. Sobre el concepto de notificación basta citar, como suficiente, el artículo 155 del Código Procesal Civil: “El acto de la notificación tiene por objeto poner en conocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones judiciales.” A partir de una correcta notificación a las partes la resolución judicial surte sus efectos, esto es lo que se conoce como la eficacia del acto procesal a partir de su notificación.

De acuerdo al artículo 13 de la LPT, modificado por la Ley N° 30229 la regla general es que toda notificación se hace mediante sistemas de comunicación electrónica, lo que por cierto se infiere a partir de la excepción a tal regla implícita:

“En las zonas de pobreza decretadas por los órganos de gobierno del Poder Judicial, así como en los procesos cuya cuantía no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP) las resoluciones son notificadas por cédula, salvo que se solicite la notificación electrónica. Las notificaciones por cédula fuera del distrito judicial son realizadas directamente a la sede judicial de destino.
Las resoluciones dictadas en audiencia se entienden notificadas a las partes, en el acto.”

El texto original del mencionado artículo establecía como regla general “Las notificaciones de las resoluciones que se dicten en el proceso se efectúan mediante sistemas de comunicación electrónicos u otro medio idóneo que permita confirmar fehacientemente su recepción (…)” y como excepción “(…) salvo cuando se trate de las resoluciones que contengan el traslado de la demanda, la admisión de un tercero con interés, una medida cautelar, la sentencia en los procesos diferentes al ordinario, abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos. Las resoluciones mencionadas se notifican mediante cédula.”

El entusiasmo de empapar de tecnología el acto procesal de la notificación ha dejado sin regulación, en la LPT, el acto procesal de “las resoluciones que contengan el traslado de la demanda, la admisión de un tercero con interés, una medida cautelar, la sentencia en los procesos diferentes al ordinario, abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos.” pues dicho texto original expresaba que “Las resoluciones mencionadas se notifican mediante cédula.

Felizmente ahora existe en el Código Procesal Civil el Artículo 155-E que regula las “Notificaciones por cédula” estableciendo:

Sin perjuicio de la notificación electrónica, las siguientes resoluciones judiciales deben ser notificadas solo mediante cédula:
1. La que contenga el emplazamiento de la demanda, la declaración de rebeldía y la medida cautelar.
2. La sentencia o auto que pone fin al proceso en cualquier instancia.
La resolución notificada por cédula surte efecto desde el día siguiente de notificada.
Entonces, ahora debe notificarse por cédula en el marco de la LPT, aplicando supletoriamente el Código Procesal Civil, todos aquellos actos procesales descritos en el artículo citado. Nótese que el texto original del artículo 13 de la LPT establecía – como una regla especial en la LPT, que la notificación por cédula no era aplicable cuando debían notificarse la sentencia en los procesos ordinario, abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos.” y ello era lógico en la medida que la notificación de la sentencia en dichos procesos se hace en audiencia, salvo el caso en el que las partes no asistan a ella y mucho menos atiendan la citación para la notificación de la sentencia, como lo explicaremos, en todo caso esta regla especial está vigente en la LPT.

Empecemos por citar la última parte del artículo 13 que establece “Las resoluciones dictadas en audiencia se entienden notificadas a las partes, en el acto.” para dejar establecido que cuando las partes asisten en un proceso ordinario a la audiencia de conciliación, fracasada ésta y, por tanto entregada la contestación a la demanda, el Juez, dice el artículo 43.3 de la LPT “fija día y hora para la audiencia de juzgamiento, la cual debe programarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, quedando las partes notificadas en el acto” esta citación, que sin duda es una resolución del Juez, se entenderá notificada a las partes en dicho acto, sin que sea necesario generar cédula alguna, sino sólo con la entrega del acta correspondiente a las partes, si la parte demandada no asistió o asistiendo ésta no lo hizo la parte demandante, será poco o nada trascendente, pues dicha citación se entenderá notificada a las partes en dicho acto, por tanto, estarán las partes en la obligación de asistir a la siguiente audiencia que es la de juzgamiento.

Ahora bien, si en un proceso ordinario laboral una de las partes no asiste a la audiencia de juzgamiento o en un proceso abreviado una de las partes tampoco lo hace a la audiencia única, considerando que está citada para asistir a tales audiencias, también se le tendrá por notificado en el caso que el Juez del proceso – haciendo de la excepción la regla – difiere el fallo de su sentencia, lo que en dichas audiencias debe ser informado a las partes, es decir, debe citárseles para que acudan a la sede del juzgado a efectos de que se les notifique  con la sentencia, conforme así lo establece el artículo 47 de la LPT. A la parte que no asistió a la audiencia, siendo su deber asistir, se le tendrá por notificada con aquella resolución que cite a las partes para el acto de notificación de la sentencia, si dicha parte o las partes no asisten al acto procesal de notificación de la sentencia, ésta se tendrá por notificada en la fecha y día de tal acto procesal de notificación, sin perjuicio de enviarle a su domicilio procesal o casilla, la sentencia correspondiente, pero de modo alguno la fecha de recepción en el domicilio procesal o casilla es el término inicial para impugnar la sentencia, pues dicho término inicial es, sin duda, la fecha del acto procesal de notificación de la sentencia, así no hayan concurrido las partes.

En sede de apelación, el Tribunal debe citar a la audiencia de la vista de la causa, notificando tal citación en el domicilio procesal o casilla de las partes. Si las partes asisten a la audiencia y se decide diferir la expedición de la sentencia, estas quedarán notificadas con dicha citación en el mismo acto, siendo su obligación la de concurrir a la citación para el acto procesal de notificación de la sentencia. Si sólo asiste una de las partes igual que en primera instancia, la resolución que fija la citación para el acto procesal de notificación de la sentencia, se tendrá notificada a la parte que no asistió y si acaso ninguna de las partes asiste a dicho acto de notificación, entonces, igual que en primera instancia, la sentencia se considerará notificada en la fecha y día determinado para la notificación de la sentencia, siendo éste el término inicial para la impugnación correspondiente en el caso que desee ejercerse, mas no aquella fecha en la que la sentencia sea remitida al domicilio procesal o casilla.

Caso especial y excepcional a lo dicho es aquél tolerado por la misma LPT, cuando contempla la posibilidad que ninguna de las partes acuda a la audiencia de vista de la causa, supuesto en el que no cabe llevar a cabo ninguna audiencia y, por tanto, no se podrá fijar fecha y día para notificar la sentencia, difiriendo su expedición, pues el inciso d) del artículo 33 de la LPT establece: “Si las partes no concurren a la audiencia de vista, la sala, sin necesidad de citación, notifica la sentencia al quinto día hábil siguiente, en su despacho.

Como se ve el supuesto de hecho está contemplado: inasistencia de las partes a la audiencia de vista de la causa, si ello es así, opera la regla: “la sala, sin necesidad de citación, notifica la sentencia al quinto día hábil siguiente, en su despacho.” Esto podría interpretarse en el sentido que la sentencia no puede ser notificada en otra fecha que no sea el quinto día hábil de frustrada la audiencia de vista de causa y en el despacho y si acaso las partes no concurriesen esa fecha, se las tendrá por notificadas en dicha fecha, pues estando citados a la audiencia de vista de causa, las partes saben que la sentencia sí o sí se notificará al quinto día contado desde la fecha de la audiencia de vista de causa, mas no desde aquella fecha en la que la sentencia fue recibida en casilla o domicilio procesal, pues incluso ni siquiera sería obligatorio remitirla a dichos domicilios, pues la norma es clara: “la sala, sin necesidad de citación, notifica la sentencia al quinto día hábil siguiente, en su despacho.




       







[1] Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Cusco.