sábado, 14 de febrero de 2015

LA TORRE DE BABEL (2)


Fernando Murillo Flores[1]

Con la desaparición de la Sala Constitucional y Social, así como del Juzgado Constitucional y Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Cusco, los procesos contenciosos administrativos (generales) serán de competencia de los cinco juzgados civiles del cercado del Cusco; como lo explicamos en la primera parte de este artículo, igual suerte correrán los procesos constitucionales de tutela de derechos.

Esta decisión de suprimir la especialidad contenciosa administrativa, infringe lo establecido en el D.S. N° 013-2008-JUS., cuando en su artículo 10 establece que son competentes para conocer esos procesos, los juzgados especializados en lo contencioso administrativo, sin dejar de mencionar que al establecerse el derecho, a todo ciudadano, de parte de la Constitución (Cf. Artículo 148), de ejercer la acción contencioso administrativa para el control jurisdiccional de las actuaciones de la administración, el mandato constitucional de contar con un cuerpo jurisdiccional especializado, también se ha vaciado.

Existe cierta similitud en la finalidad de un proceso de amparo y un proceso contencioso administrativo, en ambos casos se controlan jurisdiccionalmente las actuaciones de la administración, frente a lo que podrían ser vulneraciones de derechos constitucionales y legales respectivamente, cuando no es menos cierto que un proceso contencioso administrativo también puede ser empleado frente a la vulneración de derechos constitucionales al ser un proceso, respecto del amparo, igualmente satisfactorio.

Es oportuno mencionar que la jurisdicción debiera tener jueces competentes y especializados en materia contenciosa administrativa, tal como debieran existir jueces competentes en materia constitucional, con la finalidad de forjar una especialidad en dichas materias, pero parece que esa será una utopía, al menos en la Corte Superior de Justicia.

Quienes deseen hacer arqueología judicial en la Corte Superior de Justicia del Cusco, podrán verificar que cuando los procesos contenciosos administrativos (generales y laborales: públicos y privados) eran de conocimiento de los cuatro juzgados civiles del cercado del Cusco, así como en sede de apelación por dos salas civiles, eran tramitados en forma diferente por cada uno de los juzgados y salas, empleando un lenguaje diferente y dando respuestas disímiles en casos similares.

Una de las pretensiones más   absurdas de esos tiempos era la declaración de nulidad del acto administrativo denegatorio ficto, es decir, la declaración de nulidad del silencio administrativo negativo, cuando lo que cabe – ante dicho silencio – es pretender que la administración cumpla con otorgar una respuesta al administrado, por vulneración del derecho constitucional de petición en su componente al derecho a obtener una respuesta de la administración, por escrito, motivada y dentro del plazo legal correspondiente.

Lo dicho era, y en muchos casos aún lo es, una ausencia de comprensión del cambio de modelo en el marco del control jurisdiccional de las actuaciones de la administración, de la mera nulidad al de la plena jurisdicción que es el que nos gobierna hoy en día, al menos en el plano de la norma que regula el proceso contencioso administrativo (D.S. N° 013-2008-JUS o LPCA), es decir, dejar de lado la idea que la administración sólo se expresa mediante actos administrativos contenidos en resoluciones administrativas, sino que ella puede desplegar un universo de actuaciones dentro de las que está, sin duda, una resolución administrativa que contiene un acto administrativo, como es el caso de las actuaciones materiales, por ejemplo.
La LPCA tiene una columna vertebral que debe ser detenidamente estudiada, ella está integrada por el universo de actuaciones impugnables (artículo 4), las pretensiones posibles ante tales actuaciones (artículo 5) y las posibilidades que la misma norma brinda al Juez para dictar sentencia (artículo 41) para lograr un auténtico control jurisdiccional de las actuaciones de la administración.

Pero el tema en sí parte por analizar a fondo la actuación de la administración, empezando por identificar adecuadamente el órgano de la administración que la desarrolla, así como el derecho constitucional o legal vulnerado con la actuación. Solo desde ese análisis profundo podrá aplicarse la solución procesal y de fondo correspondiente a la afectación del derecho vulnerado sea este legal o constitucional.

Desarrollar una solución a un caso concreto de control jurisdiccional de la administración pública implica conocer profundamente el derecho administrativo para así analizar la forma de cómo se produjo la actuación de la administración, este conocimiento debe estar acompañado de uno no menos importante, el del procedimiento administrativo para así analizar la forma de cómo fue atendido el pedido o recursos administrativos. Ahora esta especialidad que estaba siendo lograda por un Juzgado y una Sala especializados está confiada a Jueces Civiles que tendrán con lidiar con el control jurisdiccional de las actuaciones de la administración, frente a los derechos de un particular o administrado, en un mar de procesos que responden a la lógica del litigio de intereses privados.

Esperemos que dichos procesos, que a decir verdad se vienen incrementando, sean dirigidos judicialmente de manera uniforme y no contradictoria por los cinco juzgados civiles que ahora se encargaran de su trámite, sólo así evitaremos que la torre de Babel se reencarne y hablemos de juzgado a juzgado, de caso en caso, y de proceso a proceso, en idiomas diferentes, dando respuestas igualmente diferentes tanto de fondo como cautelares.

Si se cae en ello, entonces, la Corte Superior de Justicia del Cusco sufrirá varios golpes ante la comunidad usuaria de sus servicios, sin dejar de mencionar las contradicciones entre respuestas jurisdiccionales diferentes, sobre casos exactamente similares o iguales.

La tarea es puntual, debe crearse una especialidad contenciosos administrativa (derecho público) al interior de cinco juzgados civiles en el cercado del Cusco, identificar fielmente la actuación impugnable, comprender cabalmente la pretensión correspondiente y decidir – en la sentencia – aquello que mejor reconozca, declare o restituya el derecho del administrado, ejerciendo una óptima dirección del proceso y empleando el lenguaje apropiado de la especialidad, sin generar falsas expectativas en el demandante y respetando las competencias de las entidades demandadas. Espero que esta tarea se logre.






[1] Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Cusco.

viernes, 13 de febrero de 2015

Agradecimiento


Dra. Ledesma:

Para quienes la conocemos y fuimos sus alumnos, nos alegró su designación como Magistrada Constitucional del Tribunal Constitucional de la República del Perú.



Javier y yo le agradecemos habernos recibido un momento, haciendo un alto en sus actividades laborales, y le deseamos lo mejor al frente de la delicada misión que el Constituyente le encargó al Tribunal Constitucional: el control del ejercicio del poder.

Lima, 13 de febrero de 2015.

domingo, 1 de febrero de 2015

SISTEMA CONTRACTUAL DEL DERECHO PRIVADO Y RESPONSABILIDAD CIVIL

Carpe Diem

Con los alumnos de la Maestría en Derecho Civil y Comercial, en el curso: "Sistema Constractual del Derecho Privado y Responsabilidad Civil."


Éxitos...

Cuzco, 23, 24, 25, 30 y 31 de enero y 1 de febrero de 2015.

domingo, 11 de enero de 2015

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL II

Carpe Diem

Mis alumnos del curso: Instituciones de Derecho Civil II, de la Maestría de Derecho Civil y Procesal Civil de la EPG de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco.



Continúen su camino.

Cuzco, 11, 12, 19 y 20 de diciembre de 2014 y 9, 10 y 11 de enero de 2015.

lunes, 5 de enero de 2015

LA TORRE DE BABEL (1)

Fernando Murillo Flores[1]

Los padres del Derecho Procesal Constitucional indistintamente hablaban de Justicia Constitucional y de Jurisdicción Constitucional cuando trataban uno de sus contenidos. En el plano nacional Domingo García Belaunde explica que la primera denominación es valorativa axiológica, en tanto que la segunda es más concreta y tangible en la medida que la función jurisdiccional en materia constitucional está adscrita a la existencia de órganos jurisdiccionales especializados en ella.
En la Corte Superior de Justicia de Cusco (CSJC), se dio un paso importante para la jurisdicción constitucional al crearse la Sala Constitucional y Social y el Juzgado Constitucional y Contencioso Administrativo. Desde entonces a paso lento se empezó a forjar una especialidad preciada para un Estado Constitucional de Derecho. Sin embargo, el Consejo Ejecutivo el Poder Judicial convirtió el Tribunal y el Juzgado indicados, en una Sala Mixta (La Convención) y en un Quinto Juzgado Civil (Cercado del Cusco) respectivamente. La primera conclusión es que la jurisdicción especializada en materia constitucional, en la CSJC, quedó desmontada, desmantelada, no quedó de ella piedra sobre piedra (Cf. R.A. N° 379-2014-CE-PJ del 19 de noviembre de 2014 del 19 de noviembre de 2014 y R.A. N° 415-2014-CE-PJ del 10 de diciembre de 2014).
La jurisdicción constitucional respecto a la tutela de derechos – tal como lo enseño en clases – es una responsabilidad compartida, desde la Constitución de 1979, entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. El Código Procesal Constitucional establece, en el Artículo IV de su Título Preliminar, lo siguiente: “Los procesos constitucionales son de conocimiento del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en sus respectivas leyes orgánicas y en el presente Código.”. El artículo 202 de la Constitución estipula: “Corresponde al Tribunal Constitucional: (…) 2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento.” pues dichos procesos son conocidos en primera y segunda instancias por el Poder Judicial, así lo podemos concluir, además, luego de leer los artículos 18 y 51 del Código Procesal Constitucional.
En la CSJC, con la existencia de la otrora Sala Constitucional y Social, todos los procesos constitucionales eran conocidos por ella en primera instancia, a excepción de los que tenían como sede de apelación la Sala Mixta Descentralizada de Canchis (Sicuani), cerrando de ese modo la primera y segunda instancias de la jurisdicción constitucional de la libertad y si acaso no otorgaba la tutela correspondiente, dichos procesos se remitían al Tribunal Constitucional. De ese modo, y de manera especializada, se cumplía el mandato constitucional. Pero lo más importante de todo ello es que la Sala Constitucional y Social había empezado a ejercer la jurisdicción constitucional con un idioma propio del Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, así como a sentar posiciones claras con relación al contenido de las sentencias constitucionales, con un tratamiento adecuado de los derechos constitucionales y su configuración, así como el análisis del acto lesivo; también en la distinción entre una medida cautelar, incluyendo la solicitada con sentencia estimatoria de primera instancia, de aquellas técnicas de la tutela jurisdiccional como la ejecución inmediata de la sentencia. Ahora todo ello se diluirá en cinco juzgados civiles (cercado del Cusco) y todos aquellos otros juzgados no especializados de la CSJC.
¿Qué le espera a la jurisdicción constitucional de tutela de derechos o jurisdiccional constitucional de la libertad en la CSJC?. Sin ánimo de ofender, nada bueno, al menos en un corto plazo. La jurisdicción ordinaria (encargada de los procesos civiles), aquella que siempre estuvo a cargo del Poder Judicial desde los inicios de la República, es una jurisdicción muy formal, lenta, de largo aliento y cuyo resultado, así sea correcto, es muchas veces, sino la mayoría de las veces lejano, sin vocación alguna de reparar la injusticia que dio origen al proceso. A ese mar procesal serán sumergidos los procesos constitucionales de tutela de derechos, en el que no siempre será de cumplimiento lo establecido en el artículo 13 del Código Procesal Constitucional: “Los jueces tramitarán con preferencia los procesos constitucionales. La responsabilidad por la defectuosa o tardía tramitación de estos, será exigida y sancionada por los órganos competentes.
La forma de analizar un caso civil es totalmente diferente a la que se le debe dar a un caso constitucional, la forma de analizar el caso y la forma de redactar la sentencia son totalmente distintos. En suma un proceso constitucional de tutela de derechos es diferente a un proceso ordinario. El Tribunal Constitucional distingue los procesos constitucionales de los procesos ordinarios, en los siguientes términos: “10. La consagración constitucional de estos procesos les otorga un especial carácter, que los hace diferentes de los procesos ordinarios en cuatro aspectos: 1) Por sus fines, pues a diferencia de los procesos constitucionales, los ordinarios no tienen por objeto hacer valer el principio de supremacía constitucional ni siempre persiguen la protección de los derechos fundamentales; 2) Por el rol del juez, porque el control de la actuación de las partes por parte del juez es mayor en los procesos constitucionales; 3) Por los principios orientadores, pues si bien es cierto que estos principios, nominalmente, son compartidos por ambos tipos de procesos, es indudable que la exigencia del cumplimiento de principios como los de publicidad, gratuidad, economía procesal, socialización del proceso, impulso oficioso, elasticidad y de favor processum o pro actione, es fundamental e ineludible para el cumplimiento de los fines de los procesos constitucionales; y 4) Por su naturaleza, que es de carácter subjetivo-objetivo, pues no sólo protegen los derechos fundamentales entendidos como atributos reconocidos a favor de los individuos, sino también, en cuanto se trata de respetar los valores materiales del ordenamiento jurídico, referidos en este caso a los fines y objetivos constitucionales de tutela de urgencia.”[2]
La tarea de los jueces ordinarios, convertidos de la noche a la mañana en jueces constitucionales, es capacitarse en jurisdicción constitucional y comportarse como jueces constitucionales. Les deseo lo mejor.





[1] Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Cusco.
[2] Exp. N° 0023-2005-PI/TC


lunes, 29 de diciembre de 2014

EL ÚLTIMO EN SALIR APAGA LA LUZ

Fernando Murillo Flores[1]

La Corte Superior de Justicia de Cusco era una que tradicionalmente tenía salas superiores en materia civil y penal, aunque la primera devino siempre en un órgano mixto. Luego de la creación de su Sala Constitucional y Social, mediante la R.A. N° 181-2010-CE-PJ del 20 de mayo de 2010, avanzó y se consolidó como una Corte especializada al contar con una Sala Constitucional y Social, una Sala Civil, dos Salas Laborales y tres Salas Penales. De las dos salas mixtas (La Convención y Canchis) que tenía al año 2012, la de La Convención, se convirtió por razones técnicas (ausencia de carga procesal) en la Segunda Sala Laboral mediante la R.A. N° 276-2012-CE-PJ del 28 de diciembre de 2012 y la otra (la de Canchis) debería haberse convertido, por iguales razones, en otra y ser reubicada al Cusco, pero nada se hizo al respecto. Dicho avance y consolidación de una Corte especializada, dejando de lado las salas mixtas – sin dramatizar por cierto – se vio opacado por una decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial quien, mediante la R.A. N° 379-2014-CE-PJ del 19 de noviembre de 2014 (publicada en el diario oficial El Peruano, en su edición del 11 de diciembre de 2014. p. 539642), determinó convertir y reubicar la Sala Constitucional y Social (2010 - 2014) en una Sala Mixta Descentralizada de La Convención y, en adición a sus funciones Sala de Apelaciones, con sede en Quillabamba. Con esta decisión, la Jurisdicción Constitucional retrocede en el país, pues también se convirtió el Juzgado Constitucional y Contencioso Administrativo del Cusco, en un Quinto Juzgado Civil (R.A. N° 415-2014-CE-PJ del 10 de diciembre de 2014).

Los procesos constitucionales y contenciosos administrativos (general) que conocía la Sala Constitucional y Social, serán ahora de competencia de la Sala Civil, con lo que ésta se convierte en una Sala Mixta, otrora especializada en materia civil únicamente, mientras que los procesos laborales privados serán conocidos por las dos Salas Laborales. Con esta decisión la Corte Superior de Justicia de Cusco no sólo pierde la especialidad constitucional y laboral privada, sino que también pierde la especialidad civil que, como se sabe, resuelve importantes casos de derecho civil patrimonial. Todo esto fue posible debido a los siguientes factores: i) la presión social – injustificada – de la población de La Convención para el “retorno” de una Sala Mixta con sede en Quillabamba; ii) la complaciente actitud del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo para acceder a la ubicación de una Sala Mixta en una provincia que no la necesita técnicamente; iii) el “individualismo” y personalismo de un Presidente de Corte de “aprovechar” la oportunidad para solicitar la creación de una Sala Mixta y dejar constancia de un logro en una gestión deslucida y, iv) la ausencia de liderazgo al frente de una Corte Superior de Justicia.

Lo primero se constata de sólo leer en la R.A. N° 379-2014-CE-PJ lo siguiente: “VISTOS: El Oficio Múltiple N° 0139-2014-PCM/ONDS, cursado por el Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros; (…) Cuarto.- Que por oficio Múltiple N° 0139-2014-PCM-ONDS, el Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros solicita evaluar el pedido efectuado por el denominado Comité Central de Lucha por el Desarrollo de la Provincia de La Convención, en relación al retorno de la Sala Mixta Descentralizada a la referida provincia (…)” La gran pregunta es ¿se evalúo el pedido?

Lo segundo se constata cuando se lee la R.A. N° 379-2014-CE-PJ, mediante la que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decide convertir y reubicar, a principios del 2013, la Sala Mixta Descentralizada de La Convención y, en adición a sus funciones Sala de Apelaciones, en la Segunda Sala Laboral del Cusco, porque aquella no tenía lo que se denomina “carga” procesal y, en efecto así era. Dicha situación, es decir, ausencia de “carga” procesal ¿cambió?. La respuesta es no, no existe demanda de función jurisdiccional para un órgano de segunda instancia en La Convención. Según la R.A. N° 276-2012-CE-PJ (28 de diciembre de 2012) que convirtió y reubicó la Sala Mixta Descentralizada de La Convención, y en adición a sus funciones Sala de Apelaciones (Quillambamba), en una Segunda Sala Laboral (Cusco) la “carga procesal” de aquella, que fue la razón de su reconversión, el Año Judicial del 2012 dicha carga era de 245 procesos (trámite y en reserva), más 13 procesos como Sala de Apelaciones, en total, 258 procesos (258 al año/12m = 22 al mes/3 Jueces Superiores = 7 procesos al mes de carga para cada Juez Superior). Esta situación de 2012, ¿habrá cambiado durante los años 2013 y 2014?

Lo tercero es fácil deducirlo de sólo leer la R.A. N° 379-2014-CE-PJ, cuando expresa: “Cuarto.- (…) el Presidente de la Corte Superior de Justicia del Cusco, solicita la creación de una Sala Mixta Descentralizada en la Provincia de La Convención, que en adición de funciones sea Sala Penal de Apelaciones, con sede en la ciudad de Quillabamba (…)” lo que significa que el Presidente de Corte Superior de Justicia de Cusco, se arrogó una función reservada por la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 96.4 al Consejo Ejecutivo Distrital y, con su sola firma solicita la “creación” de una Sala Superior para la provincia de La Convención, cuando ello le correspondía a aquél órgano colegiado de gobierno, aprovechando “la coyuntura” del pedido social injustificado, la complacencia del Poder Judicial ante el pedido político del Ejecutivo y “tener un logro – el único – que exhibir en una memoria anual”, si es que a eso se le puede llamar logro.

Finalmente, el camino correcto de un Presidente de Corte ante un pedido político injustificado y no sostenible, técnicamente hablando, así como a la presión política y de un órgano de gobierno del Poder Judicial, hubiese sido el de no solicitar la creación de una Sala Superior en La Convención, sino convocar al Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia de Cusco para analizar la real necesidad de la provincia de La Convención en materia de la función jurisdiccional – que sin duda las tiene – y proponer lo que realmente se requería (p.ej. un Juzgado de investigación preparatoria en Echarate, otro en Maranura, otro segundo en Quillabamba, otro Juzgado más de Familia, o de pronto un segundo Juzgado Mixto más), así como convocar a la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Cusco para obtener un pronunciamiento sólido y serio ante la presión política, desde una perspectiva técnica y de reales necesidades. Todo esto como una auténtica respuesta institucional y no de interés personal. Pero, nada de eso sucedió, se hizo todo lo contrario como ya lo hemos narrado, un tiro fue a los pies, y el otro salió por la culata. Esto coronó lamentablemente una gestión presidencial (2013-2014) en la que los espacios de liderazgo y decisión, por ausencia de quien debió ejercer autoridad y conducción serias, se fueron llenando de bufones, arlequines y neófitos, incapaces de conservar los logros y avanzar en lugar de retroceder. El logro a exhibir, entonces, será el de haber perdido una especialidad emblemática para la Corte Superior de Justicia de Cusco (a cargo de la Sala Constitucional) para convertirla en una Sala Mixta en una provincia que no la necesita. En unos seis meses veremos la estadística (a julio de 2015).

Ante todo esto desalienta, en primer lugar, la inexistente cohesión y unión institucionales en la Corte Superior de Justicia de Cusco; el silencio de la comunidad usuaria de la función jurisdiccional en el Cusco que, por excelencia, debería estar encabezada por el Colegio de Abogados del Cusco; sin dejar de hacer notar esa lejanía astronómica de las Facultades de Derecho respecto de lo que acontece en nuestra Corte Superior de Justicia de Cusco. Pero para acusar, quejar y hacer escarnio de errores sí existen.     
  
En el marco de la experiencia en Jurisdicción Constitucional, debemos recordar y agradecer a quienes trabajaron en la Sala Constitucional y Social. Este Tribunal durante el año 2014 (pese a la huelga), tuvo el siguiente volumen de trabajo: Procesos Constitucionales: 83, Procesos Contencioso Administrativos: 347; Procesos Laborales: 354 (Ley N° 29497); 49 (Ley N° 26636). En total: 833 procesos. (a noviembre de 2014), cuando la meta programada para este año era de 884 procesos, estuvimos a 51 procesos de lograrla. En conclusión, la Sala Constitucional y Social resolvió 884 casos, y ahora se ha convertido en una Sala Mixta en La Convención (Quillabamba) que sólo atenderá no más de 250 procesos, sino son menos, ya lo veremos; pero lo peor de todo es que la Sala Mixta Descentralizada de La Convención, tendrá un costo anual, entre remuneraciones y mantenimiento, de S/. 959,643.00, para resolver sólo 250 procesos a lo sumo, lo que implica que la Corte Superior de Justicia de Cusco invertirá S/. 3,838.00 por cada proceso.  

En lo personal gané mucha experiencia en materia constitucional, pese a mi especialidad en Derecho Civil y Procesal Civil, tuve la oportunidad de poner en práctica mis conocimientos teóricos y académicos en materia constitucional y procesal constitucional, asimismo en materia laboral. Fui – sin ser consultado – el primer Presidente de la Sala Constitucional y Social (segundo semestre de 2010), laboré en ella durante el año 2013, cuando me dijeron que integraría otro Tribunal, la presidí este año 2014, pese a que me dijeron que me enviarían a otro Tribunal y, sin duda, seré el último en salir y, por tanto, el que apague la luz.


[1] Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Primer y último Presidente de la Sala Constitucional y Social. Magíster en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

domingo, 30 de noviembre de 2014

DERECHO CIVIL PATRIMONIAL

CARPE DIEM

Alumnos del Curso Derecho Civil Patrimonial, de la Maestría en Derecho Civil y Comercial, de la EPG de la Universidad Andina del Cusco.


Firmes y Dignos. Cuzco, 7, 8, 9, 28, 29 y 30 de noviembre de 2014