martes, 9 de enero de 2018

Crónica de dos arbitrariedades


Fernando Murillo Flores
El Año Judicial 2016 se me asignó la Presidencia de la Sala Civil y en ella se resolvieron 1934 expedientes. La producción de la Sala Civil fue un récord histórico en la Corte Superior de Justicia del Cusco y reconocida a nivel nacional, como se aprecia en este cuadro:

Sala Civil
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Producción
1070
846
1309
1001
969
1588
1934

Consciente de ello, un 9 de diciembre de 2016 le solicité al Presidente de Corte electo para el período 2017-2018 me vuelva a designar en la Sala Civil en mérito a mi especialización en el área, considerando mi maestría, mi docencia universitaria y el número de años que laboré en la Sala Civil y en la Sala Constitucional que son 10 de los 15 años de servicios. Además, expuse el nivel de producción logrado el Año Judicial 2016.

Mi pedido no fue atendido y el Presidente de Corte compuso la Sala Civil con otros magistrados de segunda instancia para el Año Judicial 2017. Durante ese año, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, fue objeto de un reconocimiento, a nivel nacional, por haber logrado el primer puesto en producción en su respectiva especialidad e instancia, entre 34 órganos jurisdiccionales pares a nivel nacional, el Año Judicial 2016. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante su R.A. N° 210-2017-CE-PJ del 7 de junio de 2017 (El Peruano del 19 de julio de 2017), expresando en su artículo primero: “(…) por haber alcanzado o superado el estándar anual de expedientes resueltos durante el año 2016, ocupando el primer puesto en su respectiva especialidad e instancia: (…)

Esa composición de la Sala Civil para el Año Judicial 2017, logró una producción de 1575 expedientes resueltos, es decir, son 359 expedientes de diferencia entre la producción del Año Judicial 2016 y la del 2017. Consciente de ello, por segunda vez, y luego de un año, volví a solicitar el 22 de diciembre de 2017 al Presidente de la Corte Superior de Justicia del Cusco, se me asigne a la Sala Civil para el Año Judicial 2018.

Sin embargo, y por segunda vez el Presidente de Corte no atendió mi pedido y la Sala Civil la conformó de igual forma para el Año Judicial 2018, y con las mismas magistradas que para el Año Judicial 2017 que produjeron 359 expedientes de menos, respecto a la producción del Año Judicial 2016 que fue de 1934 procesos. Este cuadro lo refleja:

Sala Civil
Año
Producción
2016
1934
2015
1588
2017
1575

Lo curioso del caso es que en la resolución administrativa que conforma la Sala Civil para el Año Judicial 2018, se expresa, como justificación, que: “2. (…) para la conformación de las Salas no solo debe tener en cuenta la especialización, sino las capacidades de los magistrados para una gestión eficiente sin que existe (sic) espacio para la arbitrariedad.

Cómo entender, entonces, que quien escribe este artículo, presidiendo la Sala Civil durante el Año Judicial 2016 produje 1934 procesos (primer puesto a nivel nacional), no tenga lo que considera la resolución “las capacidades de los magistrados para una gestión eficiente”, frente a un colegiado de la Sala Civil del Año Judicial 2017 que produjo 1575 expedientes.

Pero la misma resolución que conforma la Sala Civil de la forma descrita, también expresa en su parte resolutiva: “4. (…) existe un mayor número de magistrados por ejemplo, en la especialidad de derecho Civil, respecto a las plazas existentes en esa especialidad en la Corte (…)”. Entonces, si ello es así, es la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Carrera Judicial, las que determinan cómo se debe proceder en esos casos. La primera ley expresa, en su artículo 90: “Son atribuciones y obligaciones del Presidente de la Corte Superior: (…) 7. Conformar las Salas de acuerdo al criterio de especialización.”. La segunda, expresa, en su artículo 38, que: “La especialidad se determina por: (…) 2. La antigüedad en la especialidad durante el ejercicio de la función jurisdiccional.

Como se aprecia, el criterio legal de la especialización es el principal y ésta se adquiere – como dice la ley – “durante el ejercicio de la función jurisdiccional” y el suscrito, como ya lo dije, de los 15 años de servicio al Poder Judicial como Juez Superior, 10 años judiciales labore en la primera, y ahora única, y en la otrora segunda Sala Civil, así como en la Sala Constitucional ¿habrá otro Juez Superior que tenga antigüedad en la especialidad durante el ejercicio de la función jurisdiccional, en la Corte Superior de Justicia del Cusco?

Hasta aquí las dos arbitrariedades consecutivas, respecto al derecho legal del suscrito a que se le respete la especialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Pero en la resolución de conformación de salas en la Corte Superior de Justicia del Cusco, existen – además – dos arbitrariedades más: 1) La Juez Superior, Sra. Dafne Dana Barra Pineda, antes de serlo, fue Juez Civil y laboró algunos años en la Sala Civil, ella tiene también la especialidad en lo civil. Sin embargo, la designaron – luego de Presidir la Primera Sala Laboral el Año Judicial 2017, como miembro de la Primera Sala Penal de Apelaciones, en el tercer lugar debido a su antigüedad. En todo caso debió dejársele presidiendo la Primera Sala Laboral o en defecto de ello en la Presidencia de la Sala Civil, si se tiene en cuenta que es de mayor antigüedad que las magistradas que conforman actualmente la Sala Civil. ¿No es eso una arbitrariedad al no respetársele a la indicada magistrada su especialidad y antigüedad?. 2) Al Juez Superior, Sr. Anibal Paredes Matheus, que el Año Judicial 2017 se le designó para integrar la Sala Mixta de Canchis, en Sicuani, lejos de asignarlo en una Sala en la ciudad del Cusco para el Año Judicial 2018, se le volvió a designar en la misma Sala, en la que laborará por dos años judiciales consecutivos, sin que haya dado su consentimiento, como sí lo hicieron los Jueces Superiores que se mantuvieron dos y tres años consecutivos en salas mixtas fuera de la sede de Cusco. ¿No es esto una arbitrariedad?. ¿Esa es la consideración a un Magistrado?


No es negativo que exista un grupo mayoritario de jueces superiores en la Corte Superior de Justicia del Cusco en torno al Presidente actual y forjado hace tres años. Lo que sí es negativo es que dicha hegemonía – que en perspectiva la tendrá por unos 4 o 6 años más, se utilice en desmedro de los derechos legales de los magistrados que no pertenecen a esa mayoría. 

lunes, 1 de enero de 2018

Por y para una ruta interdisciplinaria de Clorinda Matto de Turner


Mariana Mould de Pease

Preámbulo: La vida y la obra de algunas mujeres peruanas que en el siglo XIX incursionaron en la literatura -y también en la política- como parte de sus quehaceres personales es tema interdisciplinario en el siglo XXI; por eso,  esbozo una propuesta para recuperar y estabilizar la histórica casa hacienda, situada en Paullo Chico, Calca, Cuzco, donde nació Clorinda Matto de Turner hacia 1852.

El nuevo uso a las edificaciones donde vivió, pensó y escribió Clorinda, en mi opinión,  debe traer al siglo XXI los valores y principios que promovió en vida a través de su obra. Recordemos que en la década de 1960 el Estado Nación que es el Perú incorporó este tema a la tarea interdisciplinaria sobre la vida y la obra de Clorinda cuando el Banco Hipotecario  bajo la presidencia de Arturo Seminario García inició el proceso de identificación, estabilización y creación de un nuevo uso de la casa cuzqueña donde vivió Clorinda por también ser propiedad familiar. Este proceso se puede consultar en:


Además, tengamos presente que durante la década de 1990 el Gobierno Central decidió desactivar el Banco Hipotecario y puso el devenir de esta casa urbana situada en la plaza San Francisco del Cuzco bajo la tutela de ESSALUD. En la actualidad, esta emblemática edificación está sometida a un tránsito administrativo que no propicia la visita turística.      

Este trabajo interdisciplinario también tiene un hito estelar en la decisión de la Sociedad Pro Cultura Clorinda Matto de Turner de cumplimiento en el 2010,  a su voluntad testamentaria para que sus restos mortales descansaran en el cementerio de su tierra natal.

Esbozo del núcleo: La vida de Clorinda comenzó en la casa hacienda familiar que actualmente es propiedad de su descendiente colateral Roxana Iwasaki Yabar. Visité esta memorable edificación el 9 de diciembre del 2017 que todavía es habitable gracias a la iniciativa del magistrado Dr. Fernando Murillo Flores, cuyas fotografías ilustran este texto,  por lo que pude observar su propietaria de unos cincuenta y pocos años ha tomado la posta de su madre quién recurrentemente se acercaba al Instituto Nacional de Cultura en busca de ayuda para hacer viable la preservación de esta sencilla y memorable casa, así cuando las lluvias del 2010 les facilitaron algunos metros de plástico para cubrir los techos. Además, ofrecieron asesoría técnica y mano de obra si la propietaria compraba los materiales para reconstruir los daños causados por la avalancha de piedras y lodo que afectó la casa por la parte de atrás. Esta conversación no llegó a concretarse y los efectos de la acción de la naturaleza y otros agentes destructores del patrimonio edificado, sobre la casa son hasta ahora visibles.  

A continuación identifico algunos otros aspectos de esta casa hacienda y su entorno natural en que el paso del tiempo ha dejado sus huellas; como es por ejemplo, este significativo árbol que en su imponente tronco luce las cicatrices de las cambiantes formas de vida humana  y social como es la poda radical de una de sus ramas más importantes. asa situada al medio del hermoso valle que se está urbanizando como
a Por y para una ruta interdisciplinaria de Clorinda Matto de Turner




La recuperación de esta casa hacienda requiere de especialización histórica y arquitectónica y de dinero como se puede verificar con este  detalle del techo de la entrada a esta casa hacienda que reproduzco para ejemplificar su  estado de conservación.



En este mismo ambiente recibidor quedan dos puertas en buen estado de conservación que algún agente destructor del patrimonio edificado ante las dificultades para preservar esta casa hacienda propondrá su comercialización individual.



Esta casa situada al medio del hermoso valle que se está urbanizando como zona semi-rustica tiene una espléndida vista de su entorno por lo que se puede vislumbrar su potencial como espacio propicio para el turismo especializado en la vida y obra de Clorinda Matto de Turner, habida cuenta que el perfil de la población local está cambiando rápidamente por allí se establecen extranjeros y extranjeras que pueden coadyuvar habida cuenta que Clorinda fue una de las primeras cuzqueñas en casarse con un gringo.



La lloclla que cubrió el patio trasero y atravesó esta decimonónica vivienda descendió  por la estrecha quebrada porque su ancestral cauce no había recibido el indispensable mantenimiento desde hacía mucho tiempo.  Esta parte de la propiedad, cuya preservación aquí aliento, tiene una historia particular que contar en estos tiempos de intenso debate sobre las razones, efectos y consecuencias del cambio climático para el largo plazo de la historia peruana. Consecuente y específicamente, aliento a crearle un papel importante en los nuevos usos que se proyecten para la casa donde nació Clorinda por ser lugar donde la naturaleza y la mentalidad andina confluyen en el siglo XXI.



Esta quebrada  evidencia la natural partición de la naturaleza andina y cuya sacralidad es reconocida por la actual población rural de la localidad, es así que a su vera han construido una capilla que coherentemente es también vecina de la casa hacienda donde nació Clorinda. Esta confluencia de la naturaleza con las edificaciones humanas no es una mera coincidencia es un símbolo de la persistencia de los valores andinos hispanizados que Clorinda esbozó en sus novelas y en su obra aparecida póstumamente “Viaje de recreo” en que narra en primera persona sus experiencias turísticas europeas, específicamente su visita al Vaticano. La reciente edificación de una capilla católica en una prominencia natural próxima a esta quebrada también evidencia la perseverancia de la población local por expresar monumentalmente sus creencias espirituales,  en estos tiempos de intensos cuestionamientos religiosos.                                   

Puesto que visité Paullo Chico al día siguiente de la fiesta de la Inmaculada Concepción su altar y figura presidía todavía la entrada a esta casa hacienda de Clorinda porque como me explicó Roxana Iwasaki Yabar las y los miembros de la comunidad campesina colindante querían bailarle a la Virgen María. Asimismo, me informó que la estatua que aquí la representaba había sido encargada su abuelo a Italia y que por eso la conservaba en su propiedad.    O

La actual propietaria Roxana Iwasaki Yabar en esta fotografía con su única hija Luna, durante mi visita expresó su intención de buscar una fórmula empresarial que haga posible restaurar esta casa y hacer rentable esta inversión sin perder su propiedad y la capacidad de tomar decisiones al respecto, siendo  consciente, a partir de la experiencia de su madre con el INC, de las dificultades que tendrá que superar.



De la proyección. El núcleo de la recuperación de las casas históricas que representa la hacienda donde nació Clorinda tiene la gran ventaja de ser una propiedad legalmente saneada y en poder de una sola persona.

A partir de esta premisa debo decir que son muy pocas las casas haciendas que han seguido siendo habitadas por sus propietarios luego de la Reforma Agraria del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (1968-80) y menos aún que haya pasado a la siguiente generación. Ello de por sí me hace vislumbrar que Roxana Iwasaki Yabar puede logar  lograr dar un uso rentable  a esta herencia familiar, habida cuenta que la supervivencia de esta casa ya es de conocimiento internacional como se puede ver en 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/clorindamattodeturner/imageneslugares/imagen/imagenes lugares2clorindamattoturnercuzcocalca peru/

Lima, 1 de enero del 2018.


La autora de esta crónica y al fondo la casa de Clorinda Matto de Turner.


La casa de Clorinda Matto de Turner en la actualidad.

domingo, 5 de noviembre de 2017

A QUÉ JUEZ LE COMPETE CONOCER LA IMPUGNACIÓN DE ACTUACIONES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE TRABAJO


Fernando Murillo Flores

La Autoridad Administrativa de Trabajo (AAT), como parte de la administración pública, expresa sus decisiones mediante actos administrativos contenidos en resoluciones administrativas, respecto de relaciones laborales enmarcadas en la legislación laboral privada.

Si un empleador privado pretende el control jurisdiccional de la actuación de la AAT ¿ante quien debe presentar su demanda? En este breve ensayo sostendremos que debe presentarse ante un Juez Especializado de Trabajo competente para conocer conflictos jurídicos en el marco de la legislación laboral privada, observando la ley del proceso contencioso administrativo.

En principio, es la Constitución la que define competencias en el marco del orden constitucional que ella establece; en concordancia, son las leyes orgánicas las normas que, sin ser constitucionales, forman parte del denominado bloque que constitucionalidad, precisamente, porque coadyuvan normativamente a la Constitución en la definición y distribución de competencias entre los poderes clásicos del Estado y los órganos constitucionales autónomos, tal y conforme lo estipula la primera parte del artículo 109 del Código Procesal Constitucional.

El artículo 6 del Código Procesal Civil establece, en su primer párrafo, lo siguiente: “La competencia sólo puede ser establecida por la ley”. El artículo 2 de la Ley Procesal del Trabajo (Ley N° 29497) establece que: “Los juzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes procesos:(…) 4. En proceso contencioso administrativo conforme a la ley de la materia, las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, administrativa o de seguridad social, de derecho público; así como las impugnaciones contra actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo.” (el subrayado nos corresponde.)

Así quedó establecido – por la ley – que un Juez Especializado de Trabajo era no sólo competente para i) conocer pretensiones en el marco del régimen laboral privado, sino también, ii) las del régimen laboral público mediante el proceso contencioso administrativo y, además iii) “las impugnaciones contra actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo.

Respecto a la definición de esa competencia por la ley, en función de la Constitución, no cabe ninguna norma administrativa emanada por autoridad administrativa u órgano de la administración que, mediante un acto administrativo o acto de administración pueda variarla, modificarla o dejarla sin efecto.

Empero, la realidad es que administrativamente se determinó la existencia de juzgados laborales, para el conocimiento exclusivo de pretensiones en el marco de la legislación laboral pública, pese a que la ley determina que dichas pretensiones son de competencia de los juzgados especializados de trabajo, utilizando – como ya lo dijimos – la ley del proceso contencioso administrativo.

Lo anterior determinó la competencia “exclusiva” (definida administrativamente) de los juzgados especializados de trabajo, para el conocimiento de pretensiones en el marco de la legislación laboral privada, sustrayéndoseles “administrativamente” la competencia referida en el párrafo anterior.

Es oportuno hacer nuevamente la pregunta inicial: ¿A qué Juez le corresponde conocer “las impugnaciones contra actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo”, respecto de obligaciones en el marco de la legislación laboral privada? Antes de responder a tal pregunta es oportuno anotar – salvo opinión diferente – que la autoridad administrativa de trabajo, por propia definición actual e histórica, despliega actuaciones administrativas en el marco de las relaciones laborales privadas, mas no públicas.

En consecuencia, las actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo sólo se dan en el marco de la legislación laboral privada. Si ello es así, entonces, desde la determinación de la existencia de los juzgados especializados de trabajo (sólo respecto a la legislación laboral pública) definidos administrativamente, éstos no pueden ser competentes para conocer – vale repetirlo – las actuaciones de la AAT que sólo se dan en el marco de la legislación laboral privada, pues lo contrario significaría otorgarle competencia para realizar control jurisdiccional de las actuación de la administración pública, respecto a relaciones laborales privadas, cuando por ley eso le corresponde a un Juez Especializado de Trabajo, competente para conocer conflictos laborales en el marco de la legislación privada.

Nuestro posición siempre ha sido, respecto al tema tratado, que “las impugnaciones contra actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo” son de competencia de los juzgados especializados de trabajo (régimen laboral privado), utilizando para ello el proceso contencioso administrativo, porque así sencillamente lo establece, constitucionalmente, el inciso 4, del artículo 2 de la Ley N° 29497, disposición a la que – salvo opinión diferente – ninguna norma administrativa, acto administrativo o de administración la afectó.

De un tiempo a esta parte observamos que las demandas con las que se pretenden el control jurisdiccional de las actuaciones de la AAT, son derivadas a los juzgados especializados de trabajo (laboral público y previsional), con anuencia en segunda instancia, cuando lo correcto es que las mismas sean conocidas por los juzgados especializados de trabajo (laboral privado), no sólo porque así lo estipula el artículo 2.4 de la Ley N° 29497, sino porque sin basamento y fundamento alguno, no puede sustraerse dicha competencia, transfiriéndola a juzgados especializados de trabajo (laboral público y previsional), quienes en la lógica de definición administrativa de competencias – tan ilegal como inconstitucional – sólo conocen conflictos laborales en el marco de la legislación laboral pública, vale decir, conflictos surgidos entre el Estado como empleador y sus empleados públicos. La respuesta a la pregunta es obvia.

viernes, 3 de noviembre de 2017

"LA CALIFICACIÓN REGISTRAL DE DOCUMENTOS JUDICIALES"


AGRADECIMIENTO

Cátedra Judicial agradece al Profesor Universitario, Mg. Gilberto Mendoza Del Maestro, por su conferencia sobre "La calificación registral de documentos judiciales", dictada el día de hoy en la Sala de Audiencias de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia.










El Dr. Gilberto Mendoza Del Maestro, recibiendo un presente de parte del Dr. Fernando Murillo Flores, representante de Cátedra Judicial, en agradecimiento por su conferencia.




El expositor con la Juez Superior Titular, Dra. Dafne Barra Pineda; las Juezas Titulares, Especializadas en lo Civil, Dras. Fanny Lupe Pérez Carlos y Marianella Cárdenas Villanueva, de la Corte Superior de Justicia del Cusco, y el Juez Titular Mixto, Dr. Andrés Avelino Flores de la Corte Superior de Apurimac.

Cuzco, 3 de noviembre de 2017.

lunes, 30 de octubre de 2017

DERECHOS HUMANOS - 2017


CARPE DIEM

Con los alumnos del curso "Los Derechos Humanos" de la Maestría en Derecho Constitucional, de la Escuela de Post Grado de la Universidad Andina del Cusco.




Cuzco,  13, 14, 15, 27, 28 y 29 de octubre de 2017. 

miércoles, 11 de octubre de 2017

Una propuesta sin sentido


Fernando Murillo Flores

El Poder Judicial presentó el 4 de agosto de 2017 (día del Juez) una iniciativa legislativa para introducir modificaciones al Código Procesal Constitucional (Proyecto N° 1746-2017-PJ). Una de las modificaciones propuestas es agregar un segundo párrafo al artículo VII del título preliminar del Código Procesal Constitucional (CPC). Grafiquemos la propuesta:

Código Procesal Constitucional
Título Preliminar
Texto actual
Propuesta
(agregar un segundo párrafo)
Artículo VII. Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente.
En los procesos de acción popular, las sentencias emitidas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República que adquiere la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente constitucional cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelva apartándose del precedente, debe expresar los considerandos de hecho y de derecho que sustentan y las razones por la que se aparta del precedente.

La estructura actual del CPC es la siguiente:

Código Procesal Constitucional

Título Preliminar

Normas Generales
Procesos

Normas Generales
Procesos
Hábeas Corpus (PHC)
Amparo (PA)
Hábeas Data (PHD)
Cumplimiento (PC)
Acción Popular (PAP)
Inconstitucionalidad (PI)
Competencial (PComp)

En principio debemos dejar establecido que la ubicación del dispositivo contenido en el artículo VII del título preliminar (TP) del CPC no es el título preliminar, sino en las normas generales de los procesos de tutela de derechos, pues sólo en ellos se puede establecer, de parte del Tribunal Constitucional (TC), precedentes vinculantes. El error de ubicación radica en que en el título preliminar del CPC deben estar sólo los dispositivos generales a todo el CPC, y aplicables a todos los procesos, mas no sólo a los procesos de tutela de derechos. Si alguna buena modificación debería hacerse al CPC es trasladar el dispositivo contenido en el artículo VII del TP del CPC, del TP a las normas generales de los procesos de tutela de derechos (PHC, PA, PHD y PC). Dicho esto, si fuese correcto el contenido del párrafo que se propone agregar al artículo VII del TP del CPC, debería estar ubicado en las normas generales de los procesos orgánicos (PAP, PI y PComp), para así evitar el error de ubicación anterior.

En segundo lugar, dejando de lado la ubicación legislativa de la modificación propuesta, debemos expresar que existe un grave error conceptual en la propuesta. Expliquémonos. Si aceptásemos que el texto propuesto es correcto, entonces el dispositivo debería también ser aplicable al proceso de inconstitucionalidad, pues en éste al igual que en aquél se efectúa control constitucional de dispositivos, si bien no legales, infralegales (cf. artículos 76 y 77 del CPC).

Ahora bien, tanto el PI como el PAP, son conocidos como de acción directa, es decir, mediante el primero se cuestiona ante el TC una norma legal (objeto de control) ante la Constitución (parámetro de control) y, mediante el segundo se cuestiona ante el Poder Judicial (PJ) una norma infra legal (objeto de control) ante la Ley o la Constitución (parámetros de control); las sentencias firmes en ambos procesos tienen como efecto el de dejar sin efectos los dispositivos cuestionados (cf. artículo 81 del CPC), razón por la que son sentencias que en sí tienen la fuerza de derogar aquellas disposiciones cuestionadas de constitucionalidad o de legalidad; éstas sentencias, en sí mismas y por su propia naturaleza y fin, así como efecto, son en su totalidad vinculantes, pues toda su fundamentación (ratio decidendi) tiene dicho efecto, la absoluta vinculatoriedad, basta leer lo expresado en el segundo párrafo del artículo VI del TP del CPC: “Los Jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular.

Aunque el CPC no lo diga expresamente, las sentencias estimatorias en los PI y PAP tienen una fuerza normativa derivada de sus propios efectos, en el primer caso basta leer lo estipulado en el artículo 204 de la Constitución: “La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto. No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo o en parte, una norma legal”, y el primer párrafo del artículo 81 del CPC que establece: “Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin efecto las normas sobre las cuales se pronuncian. Tienen alcances generales y carecen de efectos retroactivos. Se publican íntegramente en el Diario Oficial El Peruano y producen efectos desde el día siguiente de su publicación”; y en el segundo el último párrafo del mencionado artículo del CPC que estipula “Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de acción popular podrán determinar la nulidad, con efecto retroactivo, de las normas impugnadas. En tal supuesto, la sentencia determinará sus alcances en el tiempo. Tienen efectos generales y se publican en el Diario Oficial El Peruano.

Para cerrar el círculo leamos el artículo 82 del CPC “Las sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad y las recaídas en los procesos de acción popular que queden firmes tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su publicación.” Si esto es así, entonces, ¿cómo explicamos el texto del párrafo propuesto como segundo en el TP del CPC? (ver cuadro). ¿Para que estipular que el PJ pueda fijar el valor normativo de una sentencia en un PAP si toda ella tiene ese carácter? En fin, una propuesta sin sentido

Para terminar preguntémonos ¿Por qué el CPC autoriza al TC a determinar los extremos normativos de sus sentencias estimatorias, con calidad de cosa juzgada, en los proceso de tutela de derechos (PHC, PA, PHD y PC)? La respuesta es porque, sencillamente, dichas sentencias no tienen el valor normativo que sí tienen las emitidas estimativamente en los procesos orgánicos (PI, PAP y PComp). Diferente, ¿verdad?

No sólo no encontramos sentido en la modificación propuesta, sino que no hallamos solidez alguna en el texto propuesto en el marco de la teoría de los procesos constitucionales.      


Escribir de más


Fernando Murillo Flores

Giovanni Sartori (1924-2017), refiriéndose a lo profusas y extensas que son las constituciones escritas luego de 1974, remarcó que “La grafomanía constitucional empieza, por mucho después de la segunda guerra mundial” y luego de comparar la Constitución brasileña de 1988 como “una novela del tamaño de un directorio telefónico” expresó, de la Constitución del Perú de 1979 como una que pone los pelos de punta, pues constaba de “307 artículos, muchos de los cuales se subdividen profusamente

Con una conclusión así, Sartori dejó establecido que al escribir constituciones se escriben cosas de más y peligrosamente dice él “con disposiciones casi suicidas y con promesas imposibles de cumplir” y concluye: “No iré tan lejos como para afirmar que cuanto más larga sea una Constitución, menor será su mérito constitucional. A pesar de todo de todo, definitivamente no creo que las constituciones nos deban dar lo que la legislación ordinaria debe proporcionar; creo que cuanto más establezcamos una constitución llena de regulaciones y de promesas, tanto más propiciamos que no se las cumpla y que el país caiga en la debacle.” 

Sartori anotó a pie de página, respecto a la Constitución del Perú de 1979, lo siguiente: “Para mencionar sólo un ejemplo entre cientos, el Art. 233 sobre “las garantías de la administración de justicia” en la Constitución de 1979 del Perú, está dividido en 19 especificaciones, una de las cuales es que cualquier persona tiene el derecho a utilizar su propio idioma y por consiguiente, si es necesario, el juez o tribunal se asegurará de que esté presente un intérprete” y se pregunta ¿No debe éste ser un asunto que compete a la legislación ordinaria o, aún mejor, a la reglamentación administrativa?” (Ingeniería Constitucional comparada. Fondo de Cultura Económica. 2012)

La verdad es que el derecho fundamental a la defensa implica, no es necesario escribirlo, expresarse en su propio idioma, sea verbal o por escrito, así como el de saber y conocer los cargos en el propio idioma, lo que además comprende que se dote – si acaso es necesario – de la actuación de un intérprete. Así se entiende el irrestricto derecho defensa, así no este escrito en alguna disposición.

Como bien cita Sartori, el inciso 15, del artículo 233 de la Constitución de 1979 estipulaba como una garantía de la administración de justicia: “El derecho de toda persona para hacer uso de su propio idioma. Si es necesario el Juez o Tribunal asegura la presencia de un intérprete.

Ese mismo derecho, ahora, está reconocido en la Constitución de 1993 en el segundo párrafo del inciso 19, de su artículo 2 que establece: “Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad.

En ejercicio de su iniciativa legislativa, el Poder Judicial presentó un Proyecto de Ley (N° 1746/2017-PJ) para introducir modificaciones al Código Procesal Constitucional. Una de las modificaciones – importante (?) – del proyecto es adicionar un último párrafo a los artículos 27 (demanda de hábeas corpus) y  42 (demanda de amparo) que establezca, en ambos casos, con un texto igual: “En aquellas zonas donde predomina el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes la demanda se podrá presentar en dichos idiomas, a elección del demandante.

¿Es necesario escribir eso en el Código Procesal Constitucional, estando consignado en la Constitución el derecho a expresarse en idioma propio ante cualquier autoridad? La respuesta es categórica: no, no es necesario. Tampoco era necesario – como lo dijimos – que estuviese escrito en la Constitución. Pero además de ello, una buena técnica legislativa en respeto a plenitud, la unidad y coherencia de nuestro sistema jurídico no propondría que los párrafos adicionados – iguales por cierto – se repitan en dos artículos del Código Procesal Constitucional referidos a la demanda de hábeas corpus y amparo.

Lo más propio sería que el mencionado párrafo se adicione – si considerásemos que la modificación es importante y necesaria – al final del artículo 424 del Código Procesal Civil, para que desde allí se irradie a todos los ordenamientos procesales en virtud de la supletoriedad. No proponerlo así, implicará – de aprobarse la propuesta – que sólo será un derecho permitido en materia constitucional de tutela de derechos (hábeas corpus y amparo), más no en materia civil, penal, contencioso administrativa, laboral y penal.

A parte de ello, una razón aún más importante para una propuesta así, es la siguiente. Si el derecho de acceso a la tutela jurisdiccional es uno de naturaleza constitucional, el derecho a postular su demanda o formular su denuncia en un idioma propio, sería parte de aquél. Entonces, el establecimiento de tal derecho debiera estar estipulado en el Código Procesal Civil por la razón ya indicada, es decir, para que así en forma general “En aquellas zonas donde predomina el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes la demanda se podrá presentar en dichos idiomas, a elección del demandante.

Sinceramente creemos que existen modificaciones más importantes que proponer, y aunque ellas no fuesen posibles o simplemente no se propongan, lo que debemos modificar son las decisiones jurisdiccionales para revestirlas de corrección y conformidad a la Constitución para determinar, al margen de que esté escrito o no, que en respeto al derecho de defensa el demandante o demandando, denunciante o denunciado, se expresen por escrito u oralmente en el idioma que tengan, pues ello además implicaría otorgar una adecuada protección al derecho de acceso a la tutela jurisdiccional en forma plena.

Por el contrario, debemos empezar a asumir muchas cosas como parte de nuestra cultura constitucional y jurisdiccional, prescindiendo de la escritura. Hoy en día, por ejemplo, si no existiese el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución de 1993 que estipula: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior”, acaso un Juez no podría ejercer el control difuso de la leyes cuando en un caso concreto a su cargo, estuviese en la encrucijada de inaplicar una ley por contravenir la Constitución, todo ello en respeto por el respecto a la jerarquía de normas.

Sinceramente creemos que existen mejores propuestas legislativas que pueden hacerse, sobre todo viniendo del Poder Judicial, antes que escribir de más.