viernes, 5 de agosto de 2016

“A Dios rogando…”


Fernando Murillo Flores

El día 4 de agosto, día del Juez, como todos los días, llegué al trabajo y me indicaron que había un “comunicado” (aviso) pegado en algunas paredes del Palacio de Justicia, sede de la Corte Superior de Justicia de Cusco, cuyos destinatarios eran sus trabajadores – entre los cuales me encuentro – y que establecía que la asistencia a una misa católica de acción de gracias por el día del Juez, era obligatoria. Sencillamente no creí que tal aviso tenía ese tenor y como alguien dijo por allí “ver para creer”.

Deje mis labores por un rato – en otros tiempos y para alguien eso sería abandono del puesto de trabajo – y salí a ver si el aviso de marras era tal cual me habían dicho que era y, en efecto, visto y leído el comunicado no me quedó sino que creer, cual herida en el costado del crucificado. Como la memoria es frágil y a veces traicionera, sino pregúntenselo a quien no solo no lo reconoció, sino que lo negó luego de la última cena, le saqué una foto al comunicado y lo trascribo:

“COMUNICADO.
La Comisión de Apoyo a la Celebración del DÍA DEL JUEZ, comunica al Personal Jurisdiccional y Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Cusco, la asistencia obligatoria, a la MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR EL DÍA DEL JUEZ, celebrado por el Excelentísimo Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, a llevarse a cabo, el día jueves 04 de agosto del presente, a partir de las 09:30 a.m.” (la negrita y el subrayado son de origen)

Y, como siempre, aparecen en el comunicado dos sellos y unas rúbricas en ellos (uno de los sellos, de la “Oficina de Imagen Institucional, Prensa y Protocolo” y, el otro, de “Personal”), aunque también se menciona una “Comisión de Apoyo…”, sin el nombre de quien proviene la obligatoriedad, lo cual es común, pues en los avisos y comunicados de ese tipo siempre  se dice: La Presidencia, La Gerencia, La Comisión, El Comité, La Oficina…, Personal, etc.

Quienes así emiten órdenes y disposiciones – no personales e impersonales, harían bien en leer historia y encontrar en ella el gesto del General Eisenhower, que por escrito – ante un posible fracaso – expresó que la orden del desembarco el día “D” fue suya y, como única justificación del momento, que la decisión se basó en la mejor información de la que disponía. Ike, nunca dio la orden con un aviso o comunicado suscrito por “La Comandancia Suprema de las Fuerzas Aliadas de Occidente” o por “El General”. Él, con nombre propio, asumió la responsabilidad de la orden, cuando aún no sabía si iba a ser un éxito o un fracaso, aunque para la humanidad siempre fue una derrota.

Bueno, comunicar al personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia del Cusco, que la asistencia a una misa católica es obligatoria es una infracción al artículo 45 de la Constitución, pues aunque no se sabe de quién es la disposición, ella proviene de un funcionario, autoridad o empleado público que colisiona con un derecho reconocido como tal en nuestra Constitución:

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…) 3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público.” No sabían de esto La Comisión de Apoyo…, La Oficina de… y Personal.

En la Corte para la que laboro no existe un censo de su personal (instrumento de gestión) que, entre otros datos como son el número de trabajadores, regímenes y sub regímenes laborales, sexo, edad, educación, instrucción, especialidad, nos diga que religión profesan o si no profesan alguna, pues de sólo haber un trabajador no católico, sería motivo suficiente para no obligar a asistir a un oficio religioso católico. El sentido común nos dice que debe haber trabajadores de otros credos religiosos. Ante la ausencia de un instrumento de gestión de esa naturaleza, no podían ser cautos La Comisión de Apoyo…, La Oficina de… y Personal, y evitar semejante disposición, pues a mí me consta que existen trabajadores y magistrados de credos distintos al mío.

Las personas no sólo tienen libertad de credo, que implica que una persona puede profesar cualquier religión, sino que existen otras que sencillamente no son creyentes, es decir, no creen en Dios. Entonces, un comunicado como el trascrito, explicable sólo en la época del oscurantismo medieval, colisiona con otro derecho Constitucional:

“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…). 24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:  a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe.”

Si la Constitución consagra la libertad en esos términos, no puede existir razón alguna, mucho menos una ley que haga obligatoria la asistencia a una misa católica, a quien no cree en el supremo hacedor - como se gusta decir -. No sabían de esto La Comisión de Apoyo…, La Oficina de… y Personal.  

Todos los días vemos acciones de violencia contra los derechos de las personas, sean hombres o mujeres, y nos rasgamos las vestiduras, nos indignamos, hacemos discursos y marchamos; el comunicado que comentamos es una más de estas violaciones de las que son objeto las personas, esta vez en su dimensión laboral, en el marco de una relación de trabajo que, por si acaso no lo saben La Comisión de Apoyo…, La Oficina de… y Personal, existen derechos constitucionales, entre los que esta la libertad de credo o la libertad simplemente de no creer en alguna divinidad.         

A mí me queda claro que ésta es una estación más en un rosario de arbitrariedades, donde nunca debieran existir (una Corte de Justicia), pues así como fui censurado en mi derecho a la expresión y opinión, ahora se violenta el derecho a la libertad de quienes no son creyentes, el derecho a la libertad religiosa de quienes no son católicos o, simplemente, de quienes no desean ir a una misa católica, como es mi caso, pues considero que una Corte de Justicia es sede de justicia humana, no divina; de justicia laica y no religiosa, debido a que quien acude a ella tiene la esperanza en la justicia humana, no en la divina, para ella existen las iglesias. Empiezo a creer que la arbitrariedad es más femenina que nunca.


El mundo está sangrando hoy por razones religiosas, muchas veces los atentados se originan cuando las personas de otros credos son dañadas por acciones u omisiones de quienes no las toleran... parece que La Comisión de Apoyo…, La Oficina de… y Personal no están al corriente de las noticias, pese a que es información posible de ser conocida, al igual que nuestra Constitución que muchos creen conocer.     

domingo, 31 de julio de 2016

COMENTARIOS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30364 (1)


Fernando Murillo Flores

Luego de un tiempo considerable y cuando ya existía mucha expectativa, por fin se publicó el D.S. N° 009-2016-MIMP (El Peruano 27 de julio de 2016), que aprueba el Reglamento de la “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” (Ley N° 30364). En nuestra opinión este reglamento tiene algunas deficiencias respecto a la ley en temas procesales relacionados a las medidas de protección y medidas cautelares. Este Reglamento genera en nosotros los siguientes comentarios procesales que sólo son ideas preliminares:

I.     Medidas de Protección y Medidas Cautelares.

El Art. 16 de la Ley establece que luego de presentada una denuncia de violencia familiar, el Juez de Familia lleva a cabo una Audiencia Oral y escuchados los hechos puede emitir: i) medidas de protección y, ii) medidas cautelares (de oficio o a pedido de la víctima). Luego de la realización de esta audiencia el caso pasa a la Fiscalía para presentar la denuncia correspondiente ante el Juez Penal.

El Juez Penal, ante las medidas de protección emitidas por el Juez de Familia puede: i) ponerles término cuando la sentencia es absolutoria; ii) su continuidad o modificación cuando la sentencia es condenatoria. En cuando a las medidas cautelares emitidas por el Juez de Familia, éstas cesan cuando la sentencia es absolutoria y, no cesan si las mismas – al margen de la decisión del Juez Penal – si fueron confirmadas por la instancia superior del juzgado de familia, ante una impugnación. Lo anterior nos llevó a concluir, en un trabajo anterior[1] y en el marco del Art. 20 de la Ley, que las medidas de protección eran inimpugnables o, de ser impugnadas, la concesión de la apelación debiera serlo con la calidad de diferida, aunque lo correcto era lo primero, pues si el Juez Penal decidiría su suerte (continuidad o modificación) o su término se produjese porque la sentencia era absolutoria, carecería de objeto impugnarlas. No obstante y como lo vemos más adelante, el Reglamento no distingue lo anterior y considera que tanto la medida de protección como la medida cautelar son apelables. Esta ausencia de distinción en el Reglamento no podrá convertir – desde nuestra perspectiva – en apelable la decisión de concesión de medidas de protección, salvo que y haciendo una concesión, dicha apelación sea diferida.

II.   La Apelación.

El Art. 42 del Reglamento establece que, tanto la víctima como el procesado, tienen el derecho de apelar las medidas de protección o cautelares. En cuanto a la oportunidad, la víctima puede apelar en la audiencia misma o dentro de los tres días de notificada la resolución que resuelve sobre la medida de protección o cautelar; el procesado, que no siempre asiste a la audiencia, puede apelar en las mismas oportunidades que la víctima. En todo caso, la apelación se concede sin efecto suspensivo, esto quiere decir que tanto la medida de protección y cautelar se ejecuta.

Debemos reparar que el dispositivo que comentamos establece que se apelan, tanto la medida de protección como la medida cautelar, con lo cual no estamos de acuerdo por las razones ya expuestas, pero así viene el Reglamento, lo que quiere decir que si se apela la decisión de conceder una medida de protección, la misma deberá admitirse, empero ¿ante quien se eleva la apelación?

III.     El trámite de la apelación.

Ingresado el cuaderno de apelación, el Tribunal, dice el Reglamento en su Art. 43.3 “(…) comunica a las partes que los autos están expeditos para ser resueltos. La resolución definitiva que decide la apelación se expide dentro de los cinco días siguientes después de formalizado el acto precedente.” El dispositivo establece, entonces, un plazo de cinco días para resolver la apelación, desde que ingresa el cuaderno, hasta que se emite la resolución que le ponga fin a la apelación.

Quien estableció ese plazo fue optimista, sobre todo si además estableció que el Tribunal antes de resolver – en ese plazo de cinco días – debe remitir el cuaderno a la Fiscalía para que ésta emita su “(…) dictamen previo a la resolución definitiva dentro de las cuarenta y ocho horas de recibido el expediente.” (Art. 43.4). Dos cosas, si ese plazo concedido a la Fiscalía forma parte del plazo que tiene el Tribunal para resolver, el plazo será incumplido, de seguro, no sólo por la Fiscalía sino por el Tribunal y, si ese plazo no forma parte del plazo que tiene el Tribunal, entonces los diez días ya no son diez, sino tantos más días se empleen en remitir y devolver el cuaderno, y aquellos días que el Fiscalía emplee en dictaminar. En fin, los plazos, en muchos casos, están hechos para no poder cumplirlos, más si se tiene en cuenta – en este caso puntual – el apoyo logístico para el transporte de los cuadernos del Poder Judicial a la Fiscalía y viceversa.

El Art. 43.5 estipula que en segunda instancia “(…) no procede informe oral, ni ninguna otra actividad procesal.” Aunque dice el dispositivo “(…) de manera excepcional, el Superior puede citar a las partes o a las abogadas o los abogados a fin de que informen o respondan sobre cuestiones específicas.” Sin duda, si ello ocurre tendría que citarse a una audiencia, y luego del dictamen Fiscal, lo que hará que el plazo se amplíe y de hecho el plazo legal para resolver se dilate con esta previa audiencia, pues el dispositivo termina expresando: “En este caso, la resolución definitiva que resuelve la apelación se expide dentro de los cinco días después de esta diligencia.” Lo anterior es excepcional, pero muchas veces, podría tornarse en un medio para escapar del plazo para resolver, esperemos que no sea así.

Otro factor que puede dilatar el proceso es que en segunda instancia el Tribunal se percate que la víctima no cuenta con asesoría legal, lo que determinará que se proceda conforme al Art. 44 del Reglamento y se comunique tal hecho al servicio de asistencia jurídica gratuita y defensa pública. En conclusión el plazo legal establecido para resolver la apelación en segunda instancia es poco menos que ilusorio. Pese a ello existe la posibilidad de realizar algunas medidas de procedimiento que pueden optimizar  

IV.    Una anotación final, sobre las medidas cautelares.

El Art. 16 de la Ley establece que el Juez, de oficio o a pedido de parte, puede emitir medidas cautelares “(…) que resguardan pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas.”. El Reglamento expresa en su Art. 39.2 estipula “En razón a la temporalidad de las medidas cautelares, la víctima, antes de la expedición de la sentencia penal o del Juzgado de Paz Letrado, puede plantear ante el Juzgado competente las pretensiones civiles de fondo. (…)

Tal vez esto sea lo más sensato que tiene el Reglamento, en concordancia con la Ley: la medida cautelar que el Juez de Familia emita en la Audiencia, en el marco del artículo 611 del Código Procesal Civil, requiere de una pretensión principal. Pero esto dejémoslo para una segunda parte.

domingo, 10 de julio de 2016

AMAG - PAE - DERECHO DE PROPIEDAD Y POSESIÓN


Con los alumnos del curso Derecho de Propiedad y Posesión. PAE - AMAG






Cusco, 18 de junio y 9 de julio de 2016.

domingo, 19 de junio de 2016

JURISDICCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS - 2016

CARPE DIEM

Los alumnos del curso Jurisdicción Internacional de los Derechos Humanos - 2016, de la Maestría en Derecho Constitucional de la EPG de la Universidad Andina del Cusco.



Los órganos, procesos y procedimientos existen, pero sin personas dispuestas a respetar el derecho, significan nada.

Cuzco, 3, 4, 5, 17, 18 y 19 de junio de 2016. 

domingo, 29 de mayo de 2016

“24 horas” “rápidos y furiosos” vs. “lentos y calmados”


Fernando Murillo Flores

Que el denominado Sistema de Justicia, integrado principalmente por el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional de Perú, dejara en libertad a un grupo de cinco delincuentes capturados en flagrancia y nombrados como los “rápidos y furiosos”, no hace sino demostrar que el indicado sistema es (somos) un grupo de “lentos y calmados”. A la comunidad, que tiene una pésima percepción del Sistema de Justicia, no le resultó suficiente ninguna explicación sobre lo sucedido y, una vez más, las explicaciones de los representantes de las entidades del sistema fueron inverosímiles, más aún si sobre todo que cada uno de los actores fue desfilando por diferentes medios de comunicación echándose, en forma cruzada, la culpa los unos y los otros, dejando una estela más de inseguridad y frustración.

El viejo Estado peruano, sus viejos poderes e instituciones, así como la falta de una adecuada operación de su aparente moderno sistema penal, quedaron una vez más en vergüenza, una vez más se dejaron pocos motivos para defender ante la comunidad, a las entidades que integran el Sistema de Justicia. En estas líneas no pienso explicar qué es lo que pasó, sino alcanzar a la comunidad algunos conceptos para que se forme una mejor idea de los hechos.

Nuestra Constitución establece en su artículo 159 las atribuciones del Ministerio Público (Fiscalía), indicando que “Corresponde al Ministerio Público: (…) 4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.” La preeminencia del Ministerio Público (Fiscalía) en la responsabilidad constitucional de la investigación del delito es clarísima, sin embargo, ¿a quien vemos y escuchamos en los medios de comunicación social cuando se da cuenta de una investigación sobre un delito?, a quien escuchamos es, a un oficial de la Policía Nacional del Perú, más no al Fiscal a cargo del caso o, mejor dicho, a quien conduce “desde su inicio” la investigación del delito. Usted saque su conclusión sobre quién conduce la investigación del delito y, sobre todo, si en la responsabilidad constitucional de investigación, el Ministerio Público va en un sentido y la Policía Nacional del Perú, que depende del Poder Ejecutivo, en otro. Esta pregunta es fundamental: ¿es un problema de la Constitución o es un problema de comportamiento conforme a la Constitución?

Nuestra Constitución declara como un derecho fundamental, el derecho a la libertad, empero también autoriza a restringirla de una manera constitucional y legal; en ese sentido la detención de una persona se puede producir: i) por un plazo de 24 horas (más el término de la distancia), cuando es capturada en comisión flagrante del delito (con las manos en la masa); ii) por un plazo de 15 días, cuando la persona es detenida por la comisión de los delitos de narcotráfico, terrorismo y espionaje y, iii) por mandato judicial. Estos plazos son máximos e improrrogables. Incluso nuestro Tribunal Constitucional estableció en un precedente vinculante, el plazo estrictamente necesario.

Los rápidos y furiosos fueron detenidos en flagrancia, en banda y portando armas sin licencia, según se dice, en posesión de drogas, - lo cual es creíble pues estos delincuentes consumen drogas o alcohol antes de delinquir -, seguramente con el afán de calmar los nervios, antes de su accionar delictivo; desde el primer minuto de detención, el Ministerio Público debió conducir las investigaciones del caso para presentarlo, dentro de las 24 horas, al Juez Penal.   

Si la Fiscalía y la Policía no culminan la documentación necesaria para presentar el caso y al detenido ante el Juez Penal, en el plazo de 24 horas desde la detención, entonces se exponen a la presentación de un hábeas corpus a favor de los detenidos. Sin embargo la única decisión posible para el Juez del Hábeas Corpus, constatado el exceso en el plazo de detención (24 hrs.) si es que declara fundado el habeas corpus, es, sin lugar a dudas, disponer que el detenido en exceso sea puesto a disposición ante el Juez Penal, mas no ordenar su libertad porque ello sería sustraer a un detenido en flagrancia de la acción punitiva del Estado. En efecto, el artículo 34 del Código Procesal Constitucional establece: “La resolución que declara fundada la demanda de hábeas corpus dispondrá alguna de las siguientes medidas: (…) 3) Que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición del Juez Competente, si la agresión se produjo por haber transcurrido el plazo legalmente establecido para su detención.” siempre que el delito no merezca, procesalmente, solo comparecencia.

Ahora bien, sino se presenta un hábeas corpus, y el plazo de detención se excede (24 hrs.) entonces la Fiscalía y la Policía (rectius la Fiscalía) debe llevar de todos modos el caso y al detenido ante el Juez Penal quien, no puede disponer que el caso y el detenido no sean recibidos, pues el mandato constitucional, derivado de una detención en flagrancia, implica que la persona detenida sea “puesta inmediatamente a disposición del Juez competente” ya sea dentro del plazo o habiéndose vencido. Debe establecerse que la detención en flagrancia, no es una detención arbitraria, en cuyo caso sí correspondería, de presentarse un hábeas corpus y declararse éste fundado, disponer la libertad inmediata de la persona, pero esto es cuando no existe una causa que justifique la detención de la persona, lo cual dista mucho de una detención en caso de flagrancia, en la que ésta – precisamente – es la causa que justifica la detención. Entonces ante una detención arbitraria cabe disponerse la libertad del detenido, precisamente por no existir causa que justifique la detención, pero, ante una detención en comisión flagrante del delito, no cabe disponer la libertad del detenido sino, de declararse fundado el hábeas corpus, que sea conducido y puesto de inmediato a disposición del Juez Penal.

En ningún caso procedía poner en libertad a esa banda llamada “rápidos y furiosos” (con el perdón de Paul Walker y Vin Diesel), más si no se había presentado un hábeas corpus que en ningún caso daba pie a su liberación, sino a ponerlos a disposición del Juez Penal. La pregunta cae por su propio peso ¿cuál fue la razón para ponerlos en libertad? Yo, antes que alguna otra, pienso que fue una cadena de irresponsabilidades y negligencias que tienen como base que ya no se hace lo mínimo exigible funcionalmente.

Este caso provocó la reunión de los representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ministerio del Interior (todo un cónclave). Lo primero que se ha dicho es que debe modificarse la Constitución para ampliar el plazo máximo de detención en caso de flagrancia. ¿Es esa realmente la solución? No, no la es. El plazo máximo de detención en flagrancia (24 hrs., más el término de la distancia) es un plazo suficiente cuando, dentro del mismo, los responsables hacen lo suyo, es decir, la Policía y el Ministerio Público, pero entre la definición de los roles en este binomio y su correspondiente coordinación, versus el tiempo, éste termina agotándose.

Estimo que hay casos en los que objetiva y razonablemente dicho plazo no podrá ser cumplido, por ejemplo, en el que 50 personas irrumpieron en una casa para saquearla, destrozarla y desocuparla, pero ¿acaso esa no es una causa objetiva y razonable para no poder cumplir materialmente el plazo de 24 hrs., aun actuando con toda diligencia y coordinación? En estos casos, me atrevería a decir, incluso ni un hábeas corpus podría ignorar esas causas objetivas y razonables al momento de tomarse la decisión correspondiente que, derivaría a lo sumo, únicamente en recomendar que los detenidos sean puestos a disposición del Juez, pues el exceso de la detención por flagrancia estaría justificado.

En un país en el que todos hacemos nuestros deberes a última hora, extender el plazo de 24 hrs., a no sé cuántas horas o días, lo único que hará será crear un nuevo plazo que sin duda volveremos a incumplir. Seamos realistas, el problema está en nosotros. Recuerdo de niño un dibujo animado de superhéroes, cuando los malhechores generaban el caos en la ciudad, una voz en off decía: “mientras tanto en el salón de la justicia…” y entraban en escena la Mujer Maravilla, Batman y Robin, Superman y otros, que diagnosticaban el problema, se ponían de acuerdo e iban tras los maleantes.


“Mientras tanto…” los “Rápidos y furiosos” obligaron a los representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ministerio del Interior a reunirse, no sé si “en el salón de la justicia” pero no para analizar a aquellos y como combatirlos, sino para ver qué hacer con un sistema de “Lentos y calmados”. Espero sinceramente que eso sea haga. Ya no somos niños para creer en dibujos animados; si bien los héroes existen y no así los superhéroes, ahora sólo es tiempo de que cada uno haga su trabajo en tiempo real, llegue a la hora a trabajar y no haga costumbre la tolerancia, pues los “Rápidos y furiosos” llegan a la hora precisa a su cita con el delito y no se refugian en la tolerancia. A trabajar se ha dicho.

PROCESOS CONSTITUCIONALES - 2016

CARPE DIEM

Con los alumnos del curso de Procesos Constitucionales II, de la Maestría de Derecho Constitucional, de la EPG de la Universidad Andina del Cusco.



El éxito del control de la constitucionalidad reposa en la Magistratura Constitucional.

Cusco, 13, 14, 15, 27, 28 y 29 de Mayo de 2016

viernes, 29 de abril de 2016

“YO ACUSO”


Fernando Murillo Flores

Hace mucho tiempo que decidí escribir artículos para expresar mis ideas, opiniones y análisis propios de mi profesión. En El Diario del Cusco se me brindó siempre un espacio para ejercer mi derecho constitucional de expresión y opinión.

Así, ejercí uno de los derechos humanos más importantes en una sociedad moderna y civilizada, el derecho de expresión y opinión. Estos derechos de raigambre histórica, dejan entrever que no siempre existieron, sino que como todos los derechos humanos, fueron abriéndose paso hasta un total reconocimiento positivo en constituciones nacionales e instrumentos internacionales. En el Perú el reconocimiento de tales derechos (de expresión y opinión) se da en sede constitucional, con respaldo internacional.

En mí residen, por el solo hecho de ser persona, el derecho a la vida, a la libertad e igualdad que, como tales son derechos inherentes e inmanentes a mi condición humana, pero también residen otros, no menos importantes, pero igual de fundamentales, como el de expresión y de opinión, aunque para ejercerlos se requiera, precisamente, expresar y opinar. Esos derechos humanos imponen al Estado el deber de no interferir en su desarrollo y/o ejercicio; así como el Estado debe respetar la vida, garantizar la libertad y brindar un trato igual ante la ley a toda persona, tiene también el deber de respetar que estos se desarrollen como tales, es más, de crear el ambiente y espacios para que expresen sus ideas, opiniones y arte.

En esa dimensión y contexto, ninguna autoridad pública o privada, puede interferir en el ejercicio de los derechos fundamentales de parte de quien, por ser persona humana, es su titular y los ejerce, salvo que tenga la intención de vulnerar su ejercicio mediante actos que les son lesivos, que son más intensos y graves si son intencionales y deliberados.

Mediante este artículo Yo acuso que he sido y vengo siendo objeto de una interferencia e intervención inconstitucionales respecto a mis derechos constitucionales de expresión y opinión, al imponerle a mis artículos de opinión, la censura previa proscrita por las normas citadas. Los hechos ocurren así:

1.    Como siempre lo hice y venía haciendo, alcanzo mis artículos a El Diario del Cusco, mediante mi correo electrónico, solicitando que se publique un día hábil de semana.
2.    El Diario del Cusco siempre publicó mis artículos sobre diversos temas, siendo o no diario judicial, recibiéndolos en una dirección de correo electrónica abierta desde 2009.
3.    El lunes 25 de enero de 2016, a las 19:36 hrs., luego de haberse publicado mi artículo “Preguntas de un obrero que lee”, recibí de la Administración de El Diario del Cusco, el siguiente mensaje por correo electrónico:
“Buenas noches Dr. Fernando
Previo un cordial saludo por la presente le comunico que por orden expresa de la Presidenta de la Corte Superior Dra. Elizabeth, los artículos de opinión deberá enviar al área de imagen para la coordinación respectiva para su publicación, por lo que ya no tomaremos en cuenta sus artículos si lo envía directamente en vista que ahora somos el Diario Judicial 2016, agradeciendo su comprensión.”
4.    El jueves 27 de enero de 2016 envíe una carta a la Dra. Elizabeth Grossmann Casas, Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco, para que cese la amenaza de la violación de mis derechos de expresión y opinión, mediante el mecanismo de la censura previa.
5.    Los días viernes 28 de enero; viernes 5 y viernes 12 de febrero de 2016 envíe artículos, como siempre lo hice, en forma directa a El Diario del Cusco, y no se publicaron.
6.    Luego del último envío – a diferencia de las anteriores, obtuve una respuesta de El Diario del Cusco: “BUENAS TARDES SEÑOR FERNANDO MURILLO, TENEMOS ÓRDENES ESTRICTAS DE NO PUBLICAR CUALQUIER TIPO DE ARTÍCULO QUE NO SEA REMITIDO DESDE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL. POR CUANTO LE PEDIMOS POR FAVOR SOLICITE  LA APROBACIÓN DE SU ESCRITO EN LA MENCIONADA OFICINA, PARA SU POSTERIOR PUBLICACIÓN. MUCHAS GRACIAS.
7.    Con la no publicación de mis artículos, a la fecha, la amenaza se ha convertido en un hecho positivo de vulneración de mis derechos constitucionales.
8.    Luego recibí algunas comunicaciones de parte de El Diario del Cusco, con las que se pretende justificar la censura previa impuesta por la Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco, en un error de comunicación en el marco de correos privados de emisión y receptor, pero lo cierto del caso es que obra en poder de El Diario del Cusco tres artículos míos sin publicación desde el 28 de enero de 2016.

Queda claro para mí que la Dra. Elizabeth Grossmann Casas, en su condición de Presidenta de la Corte Superior de Justicia del Cusco (2015-2016),  pues de otro modo o posición no lo podría hacer, estableció un mecanismo de censura previa al contenido de mis artículos de expresión y opinión, instaurando como censor a su Oficina de Imagen Institucional, para que esta determine si autoriza o no la publicación de mis artículos, siendo aún más grave que le impone a El Diario del Cusco, la obligación de acatar tal disposición, por el hecho de ser éste ahora diario judicial 2016. Entonces se ha doblegado a un medio de comunicación desde dicha posición, lo que sin duda no justifica la posición débil de El Diario del Cusco.

No creo que sea correcto que porque un diario sea designado como diario judicial, dicho medio de comunicación quede hipotecado en su línea editorial, sus contenidos como medio escrito de comunicación, información, expresión y opinión, salvo que el mismo medio imponga la hipoteca de su línea editorial, de expresión y opinión, lo que sería desde ya penoso, esa prensa no es la que necesita el Perú. El Perú necesita prensa libre.

Entonces, tengo los medios de prueba que vistos y analizados en conjunto acreditan la violación de mis derechos constitucionales de expresión y opinión, al imponérsele al contenido de mis expresiones y opiniones, la censura previa, al establecer en abstracto la prohibición a El Diario del Cusco de publicar mis artículos que le alcance en forma directa, si no son enviados a la oficina de Imagen Institucional de la Corte Superior de Justicia del Cusco.


Dejo expresa constancia que procedo a acusar de manera pública el hecho, al no haberse dejado sin efecto – como lo solicité – la amenaza de violar mis derechos constitucionales, y ante la materialización de dicha amenaza. Sin embargo, atendiendo al pedido de El Diario del Cusco, le envíe este artículo que, si Usted lo lee en El Diario del Cusco, debo considerar concluida la censura previa y el restablecimiento de mis derechos constitucionales de expresión y opinión; pero si lo lee en otro medio de comunicación escrito, ello implica que la censura no solo existió, sino que continua.