viernes, 29 de agosto de 2014

De Presidente de un Jurado Electoral Especial a Juez Superior Titular (4)[1]


Fernando Murillo Flores[2]

Es bueno recordar que la elección de Jueces Superiores Titulares, a cargo de las Salas Plenas que integran, para que el Jurado Nacional de Elecciones conforme los Jurados Electorales Especiales, se hace en cumplimiento de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Esto es importante en la medida que permite afirmar que la elección se hace mediante votación y en cumplimiento de una ley orgánica, no siendo un acuerdo de Sala Plena como órgano de deliberación.

Haciendo un símil, la elección de Presidente de Corte, a cargo de la Sala Plena de la que forma parte y en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es análoga a la elección de un Juez Superior Titular para que éste conforme un Jurado Electoral Especial, en tanto y en cuanto es una elección mediante la emisión de un voto de parte de los miembros de la Sala Plena, mas no una decisión que se toma respecto de asuntos de competencia de la Sala Plena como órgano de deliberación (Cf. Artículo 94 de la LOPJ). Este mismo símil lo encontramos respecto a la elección de Juez Superior Titular que debe ejercer el cargo de Jefe de la OCMA.

El proceso de elección y el acto mismo de elegir, no es el mismo para tomar un acuerdo, como producto de una deliberación; lo primero es la expresión personal de quien decide votar a favor de una determinada persona para que ésta ocupe un cargo determinado, lo segundo es tomar un acuerdo mediante el voto, respecto a temas de gobierno y administración. En ese orden de ideas, ambas elecciones no son pasibles de recurso alguno, mucho menos de reconsideración, pues admitir lo contrario – por ejemplo – implicaría aceptar que la elección de Presidente de Corte o del Jefe de ODECMA es un “acto” respecto del que se puede plantear reconsideración, así como aceptar que la elección de un Juez Superior Titular para que conforme un Jurado Electoral Especial, es otro “acto” susceptible de reconsideración.        

9.1. Recurso de Reconsideración del Señor Juez Superior Andrés Quinte Villegas.- La Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Cusco, en su sesión del 30 de mayo de 2014, eligió de entre los Jueces Superiores Titulares que lo integran, al Juez Superior, Señor Andrés Quinte Villegas, como el Juez Superior Titular ante el Jurado Nacional de Elecciones, para que este conforme el Jurado Electoral Especial de Espinar. De manera general los argumentos de la reconsideración son los siguientes[3]:

i) haber sido elegido en ausencia; ii) que el Presidente no debió haber votado, sino dirimido; iii) que la elección vulnera el derecho de un magistrado a la inamovilidad de su cargo y a no ser trasladado sin su consentimiento; iv) que por lo anterior la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones es inconstitucional.

9.2. Recurso de Reconsideración del Señor Juez Superior Luis A. Sarmiento Núñez.- La Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Cusco, en su sesión del 30 de abril de 2014, eligió de entre los jueces superiores titulares que lo integran, al Juez Superior, Señor Luis A. Sarmiento Núñez, como el Juez Superior Titular ante el Jurado Nacional de Elecciones, para que este conforme el Jurado Electoral Especial de Canchis. De manera general los argumentos de la reconsideración son los siguientes[4]:

i) que la elección vulnera el derecho de un magistrado a la inamovilidad de su cargo y a no ser trasladado sin su consentimiento; ii) que por lo anterior la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones es inconstitucional; iii) que las decisiones deben estar motivadas; iv) “so pretexto de cumplir con la ley electoral, (no) se puede afectar el derecho constitucional de inamovilidad de un Juez”; v) que la Sala Plena tenía la potestad de hacer control difuso respecto de las normas que afectan derechos constitucionales (inamovilidad en el cargo); vi) estar ocupando los cargos de miembro del Consejo Ejecutivo de la Corte Superior de Justicia de Cusco, miembro integrante de la Comisión de Control Interno responsable de la Unidad de Visitas e Investigaciones de la ODECMA.

Analizando cada uno de los argumentos de las reconsideraciones, desde un punto de vista académico, debemos decir lo siguiente:

a)        Haber sido elegido en ausencia.- De lo expuesto, era y es la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones la que imponía la obligación a la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia del Cusco, a elegir entre los Jueces Superiores Titulares que la integran a quien en tal condición debía integrar, presidiendo, un Jurado Electoral Especial. Esta obligación comprende, como obligados, a los Jueces Superiores Titulares que integran la Sala Plena de una Corte Superior de Justicia como los llamados a elegir y ser elegidos, lo repetimos una vez más, todo en cumplimiento de una ley orgánica.

Qué fácil sería, para un Juez Superior, evadir el cumplimiento de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, aunque para algunos sea “solo basado en el supuesto cumplimiento de una norma electoral” dejando de asistir a la Sala Plena en la que debe elegir y ser elegido, a uno o por uno de sus pares como aquél que debe integrar un Jurado Electoral Especial. Si no asistir fuese una actitud válida para evadir el cumplimiento de una Ley Orgánica, entonces todos los Jueces Superiores no hallarían modo más eficiente que no asistir a la Sala Plena, pero ello no es así en tanto que por el sólo hecho de ser Juez Superior hábil puede ser sujeto pasivo de elección.

Si acaso un Juez Superior Titular no pudiese asistir a la Sala Plena en la que debe cumplir una obligación de origen legal, tiene el deber  justificarse, pero ello no impide que sea elegido, si el vínculo con el Poder Judicial está vigente. Si el Juez Superior Titular considera que por alguna razón no debe o no puede ser elegido, así lo debería expresar verbalmente ante el pleno o, si no puede asistir, por escrito exponiendo la razón por la que considera que no puede ser sujeto pasivo de una elección. Si por el contrario no se asiste, ni se pone por escrito la razón por la que considera no debe elegírsele, el pleno no puede adivinar o suponer alguna razón por la que no debe elegir al ausente. Si luego se expone alguna razón que no haya sido puesta en conocimiento del Pleno para sostener que la elección no fue válida ello implica una actuación desleal, más si dichos motivos son alegados luego de la elección. Continuará… 




[1] La primera , segunda y tercera partes de este artículo se publicó en el Diario del Cusco, en sus ediciones del 2, 11 y 21 de agosto de 2014 y también se pueden leer en http://catedrajudicial.blogspot.com
[2] Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Cusco.
[3] Cf. Recurso de reconsideración presentado el 9 de mayo de 2014.
[4] Cf. Recurso de reconsideración presentado el 12 de mayo de 2014.

lunes, 18 de agosto de 2014

De Juez Superior a Presidente de un Jurado Electoral Especial (3)[1]

Fernando Murillo Flores[2]

VII.     ¿Quiénes eran elegibles?.

Conforme lo establece la LOJNE, en concordancia con la Constitución,  quien debe presidir un JEE es un Juez Superior Titular, elegido por la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia a la que pertenece. Este deber lo establecía tanto el artículo 33.a de la LOJNE, modificado por la Ley N° 26486 que establecía: “Los Jurados Electorales Especiales están integrados por tres miembros: a) Un Juez Superior Titular en ejercicio de la Corte Superior bajo cuya circunscripción se encuentra la sede del Jurado Electoral Especial, quien lo preside. Simultáneamente, la misma corte superior designa a su suplente” como ahora lo establece el mismo artículo luego de su modificación por la Ley N° 30194 “Los Jurados Electorales Especiales están integrados por tres miembros: a) Un Juez Superior Titular en ejercicio de la Corte Superior bajo cuya circunscripción se encuentra la sede del jurado electoral especial, quien lo preside. Simultáneamente, la misma corte superior designa a su suplente. (…) La designación de los Presidentes de los Jurados Electorales Especiales, a que se refieren los párrafos precedentes, será realizada por la Sala Plena de la Corte Superior de cada Distrito Judicial.”

Cuando la elección del Juez Superior Titular para integrar y presidir un JEE debía hacerse aun de acuerdo a la norma antes de la modificación, El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la R.A. N° 137-2014-CE-PJ del 23 de abril de 2014 que establecía: “Disponer que la Sala Plena de cada Corte Superior de Justicia podrá elegir a sus candidatos, en primer lugar, entre aquellos jueces que expresen su voluntad de participar en el proceso electoral. En el supuesto de no existir voluntarios, todos los Jueces Superior Titulares de cada Corte Superior de Justicia, a excepción de su Presidente, el Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura; y los que estuvieren legalmente impedidos para integrar un Jurados Electoral Especial, conformarán obligatoriamente la lista de candidatos de la cual serán seleccionados los Presidentes Titulares y Suplentes que integrarán los Jurados Electorales Especiales. El Presidente de cada Corte Superior de Justicia tiene voto dirimente. (…)”

Entonces, no siendo elegibles únicamente el Juez Superior Titular que ejercía la Presidencia de Corte Superior de Justicia y el Juez Superior Titular que ejercía la Jefatura de ODECMA, el resto de jueces superiores titulares eran elegibles, sin excepción alguna.

Luego de la modificación de la norma, el panorama anterior no varió en absoluto pues siguió establecido: i) Que un JEE lo debe presidir un Juez Superior Titular; ii) Que su elección estaba a cargo de la Sala Plena, así iii) La elección del Juez Superior Titular suplente también estaba a cargo de la Sala Plena y, el legislador, consciente de que en algunas Cortes Superiores no existía el número suficientes de Jueces Superiores Titulares, autorizó por excepción se elijan a Jueces Superiores Provisionales. Dentro de esta excepción no estuvo ni está – actualmente – la Corte Superior de Justicia de Cusco.

VIII.       Los voluntarios y los elegidos.

Recordemos que en el Distrito Judicial del Cusco está determinada la existencia de 5 JEE: 1) Cusco; 2) Quispicanchi; 3) Urubamba; 4) Canchis y, 5) Espinar y que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial estableció, aunque no era necesario, lo siguiente: “todos los Jueces Superior Titulares de cada Corte Superior de Justicia, a excepción de su Presidente, el Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura; y los que estuvieren legalmente impedidos para integrar un Jurado Electoral Especial, conformarán obligatoriamente la lista de candidatos de la cual serán seleccionados los Presidentes Titulares y Suplentes que integrarán los Jurados Electorales Especiales”.

En la Sala Plena del 28 de marzo de 2014 se propuso – sin oposición alguna – la integración del JEE de Cusco (con sede en Cusco) a la Juez Superior Titular, Sra. Xiomar Alfaro Herrera como titular y como suplente al Juez Superior Titular, Sr. Uriel Balladares Aparicio; en la Sala Plena del 24 de abril de 2014 se ofrecieron voluntariamente para integrar el JEE de Quispicanchis (con sede en Urcos) el Juez Superior Titular, Sr. Wilber Bustamante del Castillo y como suplemente la Juez Superior Titular, Sra. Elizabeth Grossmann Casas. Al respecto no hubo oposición o postulaciones.

En la Sala Plena del 30 de abril de 2014 se auto postularon (por escrito) para integrar el JEE de Urubamba (con sede en Urubamba) el Juez Superior, Sr. Mario Hugo Silva Astete y como suplente el Juez Superior Titular, Sr. Luis Alfonso Sarmiento Núñez. Ante la postulación de éste último surgió la auto postulación del Juez Superior Titular, Sr. Carlos Fernández Echea, como suplente para el JEE de Urubamba, lo que obligaba a la Sala Plena a tener que elegir al Juez Superior Titular suplente para el JEE de Urubamba.

Como no podía ser de otro modo tuvo que llevarse a elección del Juez Superior Titular para ser designado miembro suplente del JEE de Urubamba. El resultado de dicha votación fue la elección, por mayoría, del Juez Superior Titular, Sr. Carlos Fernández Echea como Suplente del JEE de Urubamba.

En la misma Sala Plena se procedió a elegir a los Juez Superior Titular que serían designados ante el JNE como titulares y suplentes de los JEE de Espinar (con sede en Espinar) y de Canchis (con sede en Sicuani). El resultado de la votación fue la elección del JST Sr. Andrés Quinte Villegas como titular del JEE de Espinar y como suplente la Juez Superior Titular, Sra. Miriam Pinares Silva, y como titular del JEE de Canchis, el JST Sr, Luis Alfonso Sarmiento Núñez (quien se había auto postulado para la suplencia del JEE de Urubamba); antes de la elección del JST suplente del JEE de Canchis, se auto postuló como el JST, Sr. Yuri Jhon Pereira Alagón, con lo que se le designó como tal. 

IX.   Pateando el tablero.

El lector habrá podido apreciar que las normas estaban claras para la conformación de los JEE dentro del Distrito Judicial del Cusco, a cargo del JNE, vía elección (Presidente y suplente) de los Jueces Superiores Titulares a cargo de la Sala Plena a la que pertenecen. Producidos los hechos y elecciones en la Corte Superior de Justicia de Cusco, conforme a lo narrado, empezaron los reclamos administrativos y judiciales de los elegidos. Se empezó a patear el tablero. Continuará.



[1] La primera y segunda parte de este artículo se publicaron en el Diario del Cusco, en sus ediciones del sábado 2 y lunes 11 de agosto de 2014 y se pueden leer en http://catedrajudicial.blogspot.com
[2] Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Cusco.

viernes, 8 de agosto de 2014

De Presidente de un Jurado Electoral Especial a Juez Superior Titular (2)[1]


Fernando Murillo Flores[2]

IV.        El orden público. (o lo que debiera serlo)

El orden público, dice Rubio Correa, “es un concepto esencialmente jurídico, que atañe al cumplimiento ineludible de las normas imperativas. Hace referencia al derecho, y también se vincula al orden interno en el sentido de la preservación de las reglas generales de la organización social (…) De esta manera, el orden público estaría conformado por el conjunto de disposiciones existentes dentro del sistema jurídico (y de los principios subyacentes a tales normas, susceptibles de ser obtenidos mediante ciertos procedimientos de interpretación)[3]

En otras palabras, el orden público es el conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico de una República – el Perú lo es – y que todos los ciudadanos deben cumplir y con más énfasis quienes son autoridades o funcionaros públicos. Este deber cívico lo establece la Constitución en sus artículos 38[4] y 55[5]. Quienes más deben cumplir ese ordenamiento jurídico son los Magistrados del Poder Judicial, pues sólo así pueden ejercer la función jurisdiccional imponiendo a los ciudadanos del Perú el cumplimiento del ordenamiento jurídico cuando éstos no lo cumplen de manera espontánea.

V.      La Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Cusco.

La Ley Orgánica del Poder Judicial[6] (LOPJ) no define a la Sala Plena de una Corte Superior de Justicia, de manera que debemos construir su significado a partir de la definición que sí da la LOPJ de lo que es la Sala Plena de la Corte Suprema. Esta norma en su artículo 79 establece:

La Sala Plena de la Corte Suprema es el órgano supremo de deliberación del Poder Judicial que, debidamente convocada, decide sobre la marcha institucional de dicho poder y sobre otros asuntos que no sean de competencia exclusiva de otros órganos, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.

Entonces, la Sala Plena de una Corte Superior de Justicia – como es el caso de Cusco, “es su órgano supremo de deliberación que, debidamente convocada, decide sobre la marcha institucional de dicho Distrito Judicial y sobre otros asuntos que no sean de competencia exclusiva de otros órganos, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.”

La LOPJ continúa expresando, respecto a la Sala Plena de la Corte Suprema que: “La preside el Presidente de la Corte Suprema y se integra por todos los jueces supremos titulares (…)”. Entonces, la Sala Plena de una Corte Superior de Justicia “La preside el Presidente de la Corte Superior y se integra por todos los jueces superiores titulares (…)”.

La LOPJ, sobre la SPCSJ establece en su artículo 93: “Forman la Sala Plena de la Corte Superior, todos los Vocales Superiores titulares y provisionales que ocupen cargo vacante. Los Vocales de la Oficina de Control de la Magistratura y del Consejo Ejecutivo no intervienen en los casos en que hayan conocido en el ejercicio de sus funciones.
El quórum es de más de la mitad del número de Vocales en ejercicio. La asistencia es obligatoria, la inasistencia se sanciona con una multa equivalente a un día de haber, debiendo publicarse la relación de los concurrentes e inasistentes. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple.
Se reúne para la ceremonia de inicio del Año Judicial, cuando lo convoque el Presidente o cuando lo soliciten tres o más de sus miembros. En este último caso, si la Corte tiene más de quince Vocales es necesario un tercio del número total de miembros.
VI.   La Sala Plena de una Corte Superior de Justicia y su obligación legal de elegir.
Una Sala Plena se convoca, además de las oportunidades indicadas, al menos en otras dos oportunidades por mandato de la ley. La primera, está en el artículo 88 de la LOPJ cuando establece:
Los Presidentes de las Cortes Superiores son elegidos por un período de dos años por los Vocales Superiores Titulares de la respectiva Corte, reunidos en Sala Plena, por mayoría absoluta.
La elección se realiza conforme al segundo y tercer párrafo del Artículo 74 de la presente ley. No hay reelección inmediata.

Y, la segunda en el artículo 33 de la LOJNE que establece:

La designación de los Presidentes de los Jurados Electorales Especiales, a que se refieren los párrafos precedentes, será realizada por la Sala Plena de la Corte superior de cada Distrito Judicial

¿Cuáles son los comunes denominadores de estas dos posibilidades de convocatoria a la Sala Plena? El primero, ya está dicho: que la convocatoria se hace por mandato de la ley; el segundo: que la convocatoria es, siempre por mandato de la ley, para elegir, no para tomar un acuerdo administrativo, sino para elegir; el tercero que el mandato proviene de una ley orgánica; el cuarto que todos los miembros de la Sala Plena pueden elegir y ser elegidos.

En suma, en los dos casos reseñados, la Sala Plena se convoca por mandato de una ley orgánica y existe la obligación legal, de parte de sus miembros (Jueces Superiores Titulares) de elegir y ser elegidos. En adelante describiremos cómo es que hombres de derecho y magistrados integrantes de la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Cusco, lograron evadir el cumplimiento de la LOJNE cuando fueron elegidos miembros de Jurados Electorales Especiales. Continuará…




[1] La primera parte de este artículo se publicó en el Diario del Cusco, en su edición del sábado 2 de agosto de 2014 y se puede leer en http://catedrajudicial.blogspot.com
[2] Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Cusco.
[3] Rubio Correa. Marcial. Nulidad y anulabilidad. La invalidez del acto jurídico. PUCP. Para leer el Código Civil. 2003. P. 99
[4] Constitución.- Artículo 38. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses
nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento
jurídico de la Nación.
[5] Constitución.- Artículo 45. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen.
[6] D.S. N° 017-2003-JUS.

domingo, 3 de agosto de 2014

PROCESOS CONSTITUCIONALES II

Gracias

Haciendo clases en la Maestría de Derecho Constitucional,  en la Universidad Andina del Cusco, cumplí 48 años de edad en compañía de mis alumnos.


Muchas gracias por el detalle
Fernando Murillo Flores
3 de agosto de 2014

viernes, 25 de julio de 2014

De Juez Superior Titular a Presidente de un Jurado Electoral Especial (1)

Fernando Murillo Flores[1]

Presentación.

La Constitución en su artículo 179 establece: “La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un Pleno compuesto por cinco miembros: 1. Uno elegido en votación secreta por la Corte Suprema entre sus magistrados jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido. El representante de la Corte Suprema preside el Jurado Nacional de Elecciones.

Es voluntad de la Constitución que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como componente preeminente del denominado Sistema Electoral, esté presidido por un Magistrado en ejercicio o uno jubilado, dicho de otro modo, la Justicia electoral a cargo del JNE debe estar dirigida por un hombre de Derecho con experiencia jurisdiccional. Esa y no otra es la voluntad constitucional.

La Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones (LOJNE) establece que los Jurados Electorales Especiales (JEE) deben estar presididos por un Juez Superior Titular, elegidos por la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia en cuya circunscripción territorial se ubican dichos jurados.

La Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Cusco (CSJC), cumpliendo la LOJNE, eligió entre los jueces superiores a quienes debía integrar JEE y algunos de ellos plantearon recursos administrativos y acciones legales contra su elección. Aunque no era mi intención hacerlo, en esta secuencia de artículos analizaré jurídicamente y basado en documentos, dichos recursos y acciones legales, dejando constancia que lo hago debido a las connotaciones generadas, empezando porque he sido demandado con un amparo por participar en una elección en cumplimiento de la LOJNE y por las declaraciones públicas que sobre el tema se han hecho, distorsionando – desde mi perspectiva – lo que realmente sucedió, generando un desenlace que sienta un precedente de incumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico.  

I.     Aspectos Constitucionales.

La Constitución constituye a los clásicos poderes del Estado y establece también a los organismos constitucionales, como el JNE, por ejemplo; en asistencia de la Constitución, las leyes orgánicas, establecen las competencias y funciones tanto de los poderes como de los organismos constitucionales. En consecuencia, las leyes orgánicas son de suma importancia para la organización y funcionamiento del Estado y su cumplimiento – salvo algunos que piensan que no es así – es vital en función de los artículos 38 y 45 de la Constitución.

Como ya se dijo en la introducción, es voluntad de la Constitución que el JNE esté dirigido por un hombre de Derecho con experiencia jurisdiccional[2], en concordancia con dicho mandato constitucional, la LOJNE estableció que los JEE estén presididos por un Juez Superior Titular en ejercicio.

II.      La obligación de elegir.

Las leyes – salvo opinión de algunos – desde que entran en vigencia deben ser cumplidas y con más intensidad si esas leyes son orgánicas y de parte de los destinatarios de las mismas, sobre todo si se tiene alguna cualidad personal y profesional, como el de ser magistrados, por ejemplo. Así como la LOJNE estableció que los JEE deben estar presididos por un Juez Superior Titular en ejercicio, así también estableció quien los debía elegir. Con este propósito esta ley estableció:

Artículo 33 Los jurados electorales especiales están constituidos por tres miembros: a) Un Juez Superior Titular en ejercicio de la corte superior bajo cuya circunscripción se encuentra la sede del jurado electoral especial, quien lo preside. Simultáneamente, la misma corte designa a su suplente.[3]

Luego de una posterior modificación el mencionado artículo establece:

Los jurados electorales especiales están constituidos por tres miembros: a) Un Juez Superior Titular en ejercicio de la Corte Superior bajo cuya circunscripción se encuentra la sede del Jurado Electoral Especial quien lo preside. Simultáneamente, la misma Corte Superior designa a sus Suplente. (…)
La designación de los Presidentes de los Jurados Electorales Especiales, a que se refieren los párrafos precedentes, será realizada por la Sala Plena de la Corte Superior de cada Distrito Judicial.[4]

Entonces, queda en claro que los JEE deben estar presididos por un Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia en cuya circunscripción territorial se ubican, y que la elección de los mismos debe realizarse en la Sala Plena correspondiente de la que forma parte, exceptuándose de esta posibilidad de ser elegido a quien como Juez Superior Titular, este ocupando el cargo de Presidente de Corte o Jefe del Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura.

III.        Los Jurados Electorales Especiales (Cuzco).

En el Cuzco son cinco (5) los JEE dentro del distrito judicial del Cusco: 1) Cuzco, con sede en Cuzco; 2) Quispicanchi, con sede en Urcos; 3) Urubamba, con sede en Urubamba; 4) Canchis, con sede en Sicuani; y 5) Espinar, con sede en Espinar. Los Jueces Superiores Titulares, integrantes de la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia del Cusco, debían elegir, en cumplimiento de la LOJNE (léase por obligación legal), entre sus miembros a quienes debían ser acreditados ante el JNE para que integren y presidan los JEE. Era de esperar que algunos Jueces Superiores Titulares se postularan voluntariamente para integrar aquellos JEE cercanos al Cuzco (ciudad) y, ante una ausencia de voluntariedad para los JEE de Espinar y Canchis, debía elegirse vía votación en cumplimiento de la ley, lo que en efecto se hizo pero a partir de ello se desencadenaron una serie de hechos y procedimientos de parte de los elegidos que sin duda afectaron el orden público. Continuará…   




[1] Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Cusco.
[2] Actualmente el JNE está presidido por el Juez Supremo Titular, Dr. Francisco Artemio Távara Córdova.
[3] Texto modificado por la Ley N° 29688.
[4] Texto modificado por la Ley N° 30194.

jueves, 24 de julio de 2014

ABORTO SIN MISTIFICACIONES

Miguel Espejo Rosell (*)

Como sabemos, ha sido publicada en las páginas del Boletín Oficial de Normas Legales del diario oficial El Peruano, la aprobación de la denominada: «Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la Atención Integral de la gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119º del Código Penal».

Pues bien, el tema del aborto nos coloca en un terreno de complejos problemas: religiosos, morales, éticos, políticos, jurídicos, biológicos, etc. No obstante, el propósito del presente artículo es centrar nuestra atención en el examen de dos concretas expresiones adoptadas en la mencionada Guía Técnica Nacional: «interrupción voluntaria del embarazo» y «evacuación o expulsión del contenido uterino». Estas expresiones como se pondrá en evidencia, encubren el verdadero rostro de la destrucción de la vida humana en su estadio más indefenso.

Antes de avanzar en nuestro análisis, es inevitable manifestar que la cuestión presenta implicaciones ideológicas. Si esto es así, el carácter instrumental del lenguaje puesto al servicio de las ideas juega un papel esencial. En esta dimensión, como señalara Austin: «Las palabras que empleamos a diario son herramientas de las que nos valemos para realizar múltiples tareas; es un principio elemental que tratemos de utilizar herramientas “limpias”. Debemos saber qué es lo que queremos decir y qué es lo que no queremos decir»[1]. El mismo autor también nos previene: «y es menester que estemos precavidos contra las trampas que el lenguaje nos tiende» [2]. Considero que hay razones muy fuertes para atender esta recomendación. Así por ejemplo, ha de tenerse presente que a través de las trampas dialécticas que estimulan o favorecen las falacias, la manipulación del lenguaje, o el uso de este instrumento para falsear la realidad lejos de desvelar la verdad; puede diluirse la percepción social respecto de la realidad.

Hecha esta advertencia general, toca ver que en la Guía Técnica Nacional se ha impuesto la expresión: «interrupción voluntaria del embarazo»[3], para designar al «aborto inducido o provocado». Este enunciado oculta la verdadera naturaleza y gravedad del aborto frente a la opinión pública. Es que el término interrupción se define como: «Aplazamiento, suspensión o cese temporal de una actividad iniciada, con propósito de posterior prosecución» [4]. En consecuencia, tal como puede notarse, el rasgo semántico de interrupción  es  lo «temporal» y «transitorio».

Con ello, es evidente que al practicarse el aborto no solo se interrumpe el embarazo, sino que termina. Y la vida de quien aún no ha nacido se suprime definitivamente.

Es en ese exacto sentido que el filósofo y académico Julián Marías, subrayara: «A veces se usa una expresión de refinada hipocresía para denominar el aborto provocado; se dice que es la “interrupción del embarazo”. Los partidarios de la pena de muerte tienen resueltas sus dificultades: ¿para qué hablar de tal pena, de tal muerte? La horca o el garrote pueden llamarse “interrupción de la respiración” (y con un par de minutos basta); ya no hay problema. Cuando se provoca el aborto o se ahorca no se interrumpe el embarazo o la respiración; en ambos casos se mata a alguien» [5].

En efecto, el aborto ―en el sentido señalado―, es la eliminación o destrucción directa y deliberada de la vida de un ser humano antes de su nacimiento, expulsándolo del claustro materno en cualquier fase de su desarrollo.

Hechas esas consideraciones, no resulta aceptable el uso de la expresión bajo análisis.

Por otro lado, aún mayor perplejidad suscita que en la Guía Técnica Nacional se adopte el sustituto eufemístico: «evacuación o expulsión del contenido uterino». Ciertamente, con deshumanizada expresión ―indigna aun para la sofística― se alude la evacuación o expulsión del nasciturus del seno materno. Se percibe nítidamente la intención de reducir al concebido a la condición de mero tejido o masa orgánica parte de la naturaleza de la madre. No puede ocultarse que ello denota abierta hostilidad a la vida del ser humano antes de su nacimiento.

Todo lleva a pensar que se pretendiera resucitar de las catacumbas del derecho romano la inadmisible teoría de que el concebido es «viscerum matris», o sea víscera de la madre [6]. Prescripción largamente superada que no puede admitirse desde ningún prisma científico ni jurídico. No debe perderse de vista que el concebido es un nuevo ser humano, individualizado, único e irrepetible. Pues, «aun cuando hay un vínculo inescindible entre concebido-madre y concepción-embarazo, se trata de individuos y situaciones diferentes, respectivamente» [7].

Llegado este momento, es impostergable recurrir al pensamiento del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, que en sentencia reciente del 03 de abril de 2014, ha dejado muy en claro con rigor ejemplar, la condición jurídica del nasciturus. El trascendental pronunciamiento expresa: que el nascituro no es una simple masa orgánica, una parte del organismo de la madre o, en la clásica expresión latina, una portio viscerum matris, sino que es un ser humano (ente humano) y, por eso, ya con la dignidad de persona humana, independientemente que los ordenamientos jurídicos de cada Estado le reconozcan o no personificación jurídica y de la amplitud con que el concepto legal de personalidad jurídica pueda ser visto [8].

Nada impide que la jurisprudencia nacional se afiance y consolide en la dirección de este importante precedente.

De todo lo que fue dicho, es posible concluir que en todo género de cosas se puede presentar un fenómeno de algo que no es, pero parece ser: hay una apariencia de bondad de la que se reviste el mal, una apariencia de belleza, de fuerza, de felicidad, de justicia; empero, que inducen al engaño [9]. Estas apariencias, como ha quedado evidenciado, sobrevuelan a lo largo de la Guía Técnica Nacional.

Sin embargo, son vanos los esfuerzos por ocultar verdades elementales. De hecho, recurrir al camuflaje verbal como estratagema para renombrar conceptos, no conseguirá cambiar la realidad. Ponemos el acento en esta situación: pretender reducir al concebido a un organismo, o peor aún a una cosa, no modificará su condición humana digna de tutela jurídica. Pues, como remarcara infatigablemente Julián Marías, la lengua distingue absolutamente entre «persona» y «cosa». Distinguimos entre «qué» y «quién», distinguimos entre «algo» y «alguien», entre «nada» y «nadie».

Y, si esto que parece obvio, no es de fácil comprensión; pueda tal vez tocar conciencias aquel elocuente eslogan pregonado en salvaguarda de los derechos del concebido: «finja que yo soy un árbol y sálvame»[10]; que a nuestro juicio, está acorde con la «psicosis ambientalista» que se respira en los días que corren.

(*) Abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Maestrista con mención en Derecho Civil y Procesal Civil en la misma Universidad.
[1] AUSTIN, J. L. “COMO HACER COSAS CON PALABRAS”.  PAIDÓS, Barcelona, 1982, p. 17.
[2] Ibídem.
[3] Conviene advertir, que si bien la expresión, “interrupción voluntaria del embarazo”, ha ingresado al Diccionario Académico Oficial, existe marcada discrepancia respecto de su aplicación. En esta línea, el presente trabajo quiere hacerse eco de las palabras de Casado Velarde, quien anota sobre el particular: «Y esa expresión se “ha colado” en el Diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de Medicina y hasta en el Diccionario académico oficial. En ambos diccionarios se define aborto como “interrupción del embarazo”. Pero, por fortuna, no todos los diccionarios del idioma han incluido ese eufemismo en la definición. El Diccionario del Español Actual (de Manuel Seco, O. Andrés y G. Ramos) y el Diccionario del Español de México discrepan de la definición académica oficial. Para el primero, aborto es la “expulsión provocada del feto”. Para el segundo, abortar es “expulsar un feto antes del tiempo en que puede vivir o expulsarlo ya muerto”». CASADO VELARDE, Manuel. “Interrumpir la vida. Disponible en: <http://www.larazon.es/detalle_movil/noticias/5488173/sociedad/interrumpir-la-vida> Accedido el 07 de julio de 2014.
[4] CABANELLAS, Guillermo. “DICCIONARIO DE DERECHO USUAL”. 7ª ed., Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1972, T.II., p. 424.
[5]MARÍAS, Julián. “Una visión antropológica del aborto”. Disponible en:  <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2036499> Accedido el 29 de junio de 2014.
[6] ESPINOZA ESPINOZA, Juan. “Derecho de las Personas”. 3ª ed., Editorial Huallaga, Lima, 2001, p. 129.
[7] STC Exp. N.º 02005-2009-PA/TC, F.j. 38.
[8] Traducción libre de: Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. Processo: 436/07.6TBVRL.P1.S1. Disponible en: <http://www.stj.pt/>
[9] SANGUINETI, Juan José. “LOGICA”. 5ª ed., EUNSA, España, 2000, p. 159.
[10] 1ª  Caminata en Defensa de la Vida, por un Brasil sin Aborto. Rio de Janeiro. 05 de octubre de 2013. Puede verse  en <http://www.youtube.com/watch?v=hAONfytu7H4>




domingo, 20 de julio de 2014

Teoría General del Derecho Civil

Carpe Diem

Mis alumnos del Curso: "Teoría General del Derecho Civil" en la Maestría de Derecho Civil y Comercial, de la Escuela de Post Grado de la Universidad Andina del Cusco.



Que vuestros sueños se hagan realidad. Fue un gusto estudiar con ustes.

Cuzco,  4, 5, 6, 18, 19 y 20 de julio de 2014.