sábado, 19 de abril de 2014

Llover sobre mojado[1]

Fernando Murillo Flores[2]

Todo Juez ejerce función jurisdiccional, es decir, la capacidad constitucionalmente legítima de resolver un conflicto jurídico de intereses entre personas privadas o una pública o privada, pero no todo Juez puede ejercer esa función en todo tipo de casos, sino que lo hace en razón de la especialidad a la que corresponde el caso justiciable; así es como se tienen casos constitucionales, contencioso administrativos, civiles, penales y laborales, etc. Esta delimitación de casos justiciables en función de la materia[3], por ejemplo, se conoce como competencia, es decir, sólo unos jueces pueden conocer juicios en una materia determinada y otros en otra materia.

Ahora sí es fácil comprender que todo Juez ejerce jurisdicción, pero no es competente para conocer todos los casos justiciables, sino sólo aquellos para los que es competente; la competencia así entendida es una limitación, por especialidad o materia, de la jurisdicción. Tal vez sea por la limitación de la jurisdicción a cargo de la competencia, que esa limitación se hace mediante la ley, expresión normativa que en este caso debe ser asumida como aquella norma que tiene dicho nivel jerárquico. En efecto, el artículo 6 del Código Procesal Civil (ley) expresa: “La competencia sólo puede ser establecida por la ley.”. No está demás tener presente que la competencia está muy vinculada a la idea del Juez Natural y al Proceso previamente establecido, de lo contrario una persona podría ser llevado ante un Juez incompetente y sometido – de repente – a un proceso que no le corresponde.

Pongamos tres ejemplos para ver cómo es que la ley determina la competencia:

1.    La competencia de los Jueces de Trabajo para conocer procesos laborales correspondientes al derecho laboral privado y al derecho laboral público.-

La Ley Procesal de Trabajo dice: “Artículo 2. Los juzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes procesos: 1. En proceso ordinario laboral, todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivos, originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. (…) 4. En proceso contencioso administrativo conforme a la ley de la materia, las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, administrativa o de seguridad social, de derecho público; así como las impugnaciones contra actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo.

Más claro ni el agua. La ley (Ley N° 29497) establece que los Jueces Especializados de Trabajo conocen demandas en materia laboral privada y pública. La pregunta es ¿en virtud de qué se ha determinado que unos solo conozcan conflictos de derecho laboral privado y otros solo conflictos de derecho laboral público? La respuesta es sencilla: en virtud de una norma administrativa.

2.    La competencia de los Jueces Penales para conocer el proceso constitucional de hábeas corpus.-

El Código Procesal Constitucional (CPConst.) establece en su artículo 28: “La demanda de hábeas corpus se interpone ante cualquier Juez Penal, sin observar turnos.
Más claro ni el agua. El CPConst. (Ley Orgánica) establece que los Jueces Penales (de investigación preparatoria y de juzgamiento)[4] son competentes para conocer las demandas de hábeas corpus. La pregunta es ¿en virtud de qué se ha determinado que unos solo conozcan dichas demandas y otros no? La respuesta es sencilla: en virtud de una norma administrativa.
3.    La Competencia de los Jueces de Paz Letrados para conocer procesos penales por faltas.-
El Código Procesal Penal (CPP) establece en sus artículos “19. Determinación de la competencia.- 1. La competencia es objetiva, funcional, territorial y por conexión. 2. Por la competencia se precisa e identifica a los órganos jurisdiccionales que deben conocer un proceso. (…)”  y “artículo 30 Competencia de los Juzgados de Paz Letrados.- Compete a los Juzgados de Paz Letrados conocer de los procesos por faltas.
Más claro ni el agua. El CPP. (Ley) establece que los Jueces de Paz Letrados son competentes para conocer proceso por faltas. La pregunta es ¿en virtud de qué se ha determinado que unos jueces de paz letrados “en adición a sus funciones” sean jueces penales de investigación preparatoria. La respuesta es sencilla: en virtud de una norma administrativa.
Nosotros somos de la opinión que el tema de la competencia jurisdiccional, así como cualquier otra competencia asignada por la Constitución es un tema que debe estar delimitado por la ley y no por una norma de inferior jerarquía a esta y mucho menos si es administrativa. Por excelencia o es la propia Constitución quien la establece o son las leyes orgánicas, aunque de acuerdo al artículo 6 del Código Procesal Civil, puede ser una ley ordinaria la que lo establezca. Pero, sin duda, es la ley.
He tenido la oportunidad de leer algunas de esas normas administrativas y el fundamento que, como común denominador exponen para mal tratar la competencia, es aquella que se lee en una última de ellas[5] que por su tenor es la que da el título a este artículo; el fundamento es el siguiente: “Que conforme a lo previsto en el artículo 82, inciso 26) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y el artículo 8, numeral 26), del Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial “adoptar acuerdos y demás medidas necesarias para que las dependencias del Poder Judicial funcionen con celeridad y eficiencia y para que los magistrados y demás servidores del Poder Judicial se desempeñen con la mejor conducta funcional”. Dicha función guarda correspondencia con lo previsto en el artículo 7, numeral 5), del citado Reglamento en cuando establece como uno de sus objetivos “brindar a que sea oportuna y transparente”. Tales atribuciones le han sido conferidas a este Órgano de Gobierno mediante ley, y en ese sentido su ejecución y puesta en práctica constituyen decisiones que forman parte de la típica esfera de los actos de administración a los que está facultado y son de su competencia.
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) es un órgano de gobierno administrativo del Poder Judicial, no tiene competencia alguna respecto a los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial, de manera que cuando la norma trascrita dice que es competente para “adoptar acuerdos y demás medidas necesarias para que las dependencias del Poder Judicial funcionen con celeridad y eficiencia y para que los magistrados y demás servidores del Poder Judicial se desempeñen con la mejor conducta funcional.”, como órgano de gobierno administrativo, en efecto, debe disponer todas y cada una de las acciones para que el órgano jurisdiccional cumpla su función jurisdiccional, vale decir, dotar de locales apropiados, mobiliario, equipos de cómputo, redes informáticas, servicios de información y asignar el personal auxiliar jurisdiccional correspondiente que, en conjunto permita que “las dependencias del Poder Judicial funcionen con celeridad y eficiencia”, pero de allí a normar la competencia que al órgano jurisdiccional le viene asignada por ley, existe una distancia abismal.   
Desde nuestra perspectiva, no encontramos – la verdad – fundamento jurídico válido para que mediante una resolución administrativa del CEPJ, se determine – contra ley – que unos jueces de trabajo conozcan exclusivamente procesos laborales respecto del derecho laboral privado y otros no, pues en puridad de conceptos es sustraerles una competencia (la de conocer uno u otro) que por voluntad de la ley les corresponde a todos los jueces de trabajo. Tampoco encontramos lo propio respecto a “adicionar”, vía norma administrativa, competencia a un Juez de Paz Letrado para conocer – como Juez Penal – una investigación preparatoria, pues la ley ha determinado que sólo son competentes para conocer procesos por faltas, mas no procesos relacionados a delitos. Finalmente, nunca entendimos cómo es que sólo unos jueces penales y no otros, siéndolos todos por igual, podía conocer las demandas de hábeas corpus, sobre este último caos la R.A. N° 034-2014-CE-PJ., se explaya en contarlo en sus considerandos primero y segundo. Finalmente – para poner un poco de orden en el juego desordenado de la competencia a cargo de entes y normas administrativas – esta resolución hace llover sobre mojado, cuando resuelve: “Establecer que en los Distritos Judiciales en los cuales se encuentra vigente totalmente la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal de 2004, son competentes para conocer los procesos de hábeas corpus, todos los Jueces Penales, entendiéndose por estos a los Jueces Penales de Investigación Preparatoria y Jueces Penales Unipersonales, quedando excluido de dicha competencia aquellos que con exclusividad ejerzan funciones como Jueces Penales Colegiados.” Pero, ¿no es eso lo que siempre dijo el Código Procesal Constitucional desde el 2004?

Bueno paciente y amable lector, ahora pensemos, ¿sustraerle la competencia determinada por ley a un Juez de Trabajo o convertir a un Juez de Paz Letrado en un Juez Penal de Investigación Preparatoria es hacer “que las dependencias del Poder Judicial funcionen con celeridad y eficiencia y para que los magistrados y demás servidores del Poder Judicial se desempeñen con la mejor conducta funcional.?”, ¿Cree usted que un Juez de Paz Letrado será más célere, eficiente y se desempeñe con mejor conducta funcional siendo además Juez de Investigación Preparatoria?. Nosotros no lo creemos.



[1] La frase “llover sobre mojado” significa aquella situación en la que no cabe hacer o decir algo que no esté ya hecho o dicho, en suma, no cabe aportar algo nuevo.
[2] Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Cusco.
[3] En este articulo solo se tratará de la competencia por razón de materia y en los casos comentados.
[4] Lo singular descarta la posibilidad de los juzgados penales colegiados.
[5] R.A. N° 034-2014-CE-PJ., del 21 de enero de 2014. “Establecen disposiciones para la determinación de la competencia de jueces penales para conocer procesos de hábeas corpus en los Distritos Judiciales en los cuales se encuentran vigente totalmente el Nuevo Código Procesal Penal de 2004, publicada en el diario oficial El Peruano del 4 de abril de 2014 . p. 520311

domingo, 6 de abril de 2014

Réquiem


Fernando Murillo Flores[1]

Comienzo este artículo agradeciendo a mi Colega, a quien no conozco en persona, el Dr. Edwin Figueroa Gutarra[2] por haber seleccionado una Sentencia de Vista, basada en una ponencia mía, emitida por la otrora Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco[3], para publicarla en una recopilación suya denominada “Las sentencias del Poder Judicial sobre Amparo, Hábeas Corpus, Hábeas Data y Cumplimiento” de Gaceta Constitucional, editada por Gaceta Jurídica, Lima 2013, p. 327.

La Sentencia de Vista se emitió en el expediente contencioso administrativo N° 2009-000627-0-1001-JR-CI-1., denominado el caso “Amira Núñez del Prado Santander[4]”. Esta resolución es presentada en la guía del lector de la indicada recopilación en la siguiente forma: “Finalmente, bajo el nombre “innovación en el ordenamiento”, agrupamos las decisiones que modificaron normas o instituciones a partir de las interpretaciones o los fallos de las Cortes Superiores. Damos cuenta de dos posibilidades: (…) y, (2) la creación o reformulación de instituciones, cuando la Corte Superior[5] crea, vía interpretación, una figura como el “estado de cosas ilegal”

Apelando a mi memoria y capacidad de síntesis el caso fue el siguiente: la demandante empleada del Estado como profesora del sector Educación pretendía, en un proceso contencioso administrativo, el pago de la bonificación correspondiente al cumplimiento de 25 años de servicios para el Estado. La Administración demandada si bien reconocía el derecho a percibir tal bonificación, la pagaba determinándola en función de la remuneración permanente de la demandada, cuando lo constitucional y legal era que debía pagarse en función de la remuneración total íntegra. En este sentido ya se había pronunciado el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. En el caso concreto se le dio la razón a la demandante.

La Segunda Sala Civil que en ese entonces era la competente para conocer el caso en sede de apelación, fue más allá del caso concreto y determinó que la actuación de la administración consistente en pagar la bonificación por tiempo de servicios (20, 25 y 30 años) sobre la base de la remuneración permanente, era una actuación ilegal, es decir, contraria a la ley. Es oportuno mencionar que una actuación contra la ley de parte de la administración (léase Estado) está fuera del Estado Constitucional de Derecho. Pero cono dicha actuación ilegal era constante y uniforme en desmedro de los Profesores del sector Educación, se declaró que dicho estado de cosas era ilegal. Entonces se determinó que en casos futuros cuando un profesor del sector Educación cumpliese 20, 25 o 30 años ya no tuviese que agotar vía administrativa alguna, ni un proceso contencioso administrativo, sino únicamente acudir al Juez encargado del proceso en el que se hizo tal declaración y solicitar que se ordene, previo traslado a la administración demandada, el pago de la bonificación correspondiente de acuerdo a la remuneración total permanente, aplicando el proceso de represión de actos homogéneos establecido en el artículo 60 del Código Procesal Constitucional. Esa sentencia de segunda instancia, declarando el estado de cosas ilegal y disponiendo que puedan ser reprimidos como actos homogéneos, fue consentida por la Dirección Regional de Educación. Como se puede inferir, las posibilidades de contracción de la administración demandada ya no podía basarse en la discrepancia de tales declaraciones, pues consintieron la resolución, sino que lo único que podía ser alegado era: que el demandante no era profesor o que no había cumplido el número de años que afirmaba haber cumplido y que la bonificación había sido pagada de acuerdo a la remuneración total íntegra. Si la contradicción no se basaba en ningunos de esos supuestos, entonces, se declaraba la actuación de la administración (pago con la remuneración permanente) como ilegal, así como homóloga a la que se le hizo a la demandante en el proceso principal y se ordenaba que se pague la bonificación con la remuneración total íntegra. El tiempo de duración de este proceso: no más de un mes.

Al tomar la decisión nos guiamos por dos instituciones del Derecho Procesal Constitucional: a) el estado de cosas inconstitucional y, b) la represión de actos homogéneos.En ese marco constitucional tomamos la decisión de declarar: i) un estado de cosas ilegal y, ii) establecer el mecanismo procesal para la represión de actos homogéneos. 

Cuando el proceso fue remitido al Juzgado llamado a recibir los pedidos de represión de los actos homogéneos declarados como un estado de cosas ilegal, la Juez del proceso declaró improcedentes dichos pedidos, ante las apelaciones los Jueces Superiores hicieron lo propio, condenando a los demandantes (Profesores) a seguir un proceso contencioso administrativo que en promedio dura 2 años, previo a un agotamiento de vía administrativa que dura en promedio 1 año, sin contar el vía crucis que representa la ejecución de una sentencia contencioso administrativa, en lugar de brindarles un procedimiento constitucional, basado en la técnica establecida en el artículo 60 del Código Procesal Constitucional, que no iba a durar más de un mes.

Pero como todo no es malo, hubo una Juez[6] encargada de un Juzgado Contencioso Administrativo que sí atendió los pedidos de represión de actos homogéneos y ordeno, ante la rebeldía de la demandada, el pago de la bonificación de acuerdo a la remuneración total permanente, previa declaración de la actuación como ilegal y homogénea a la ya declara ilegal. En algunos casos la administración demandada no apeló, en esos casos la ejecución continuaba; en otros casos la administración absolvió el traslado del pedido y ante la decisión de atender el pedido de represión de actos ilegales homogéneos, apelaron y lastimosamente en segunda instancia se declaró que dicho procedimiento no era correcto y se produjo la condena para los profesores de enfrentarse a un agotamiento de vía administrativa, de iniciar un proceso contencioso administrativo y de pasar el vía crucis de la ejecución.

A veces me encuentro con estudiante de post grado que me preguntan por temas de investigación, bueno acabo de regalar uno: El estado de cosas ilegal y la represión de actos homogéneos en la Corte Superior de Justicia del Cusco. Estoy seguro que antes de hallar razones objetivas para su fracaso, encontraran una hoguera de vanidades.

Confieso que hoy, a cuatro años de la expedición de esa Sentencia de Vista (6 de abril de 2010), ya no siento la cólera e indignación que me invadieron cuando por obra de otros jueces dicha sentencia fue letra muerta. Ahora solo siento – en retrospectiva – que cumplí mi deber; constaté aunque sea por un instante y en teoría (muy linda por cierto) que el Juez puede crear o al menos innovar el derecho, y que por un instante el Juez puede legitimarse ante la comunidad con decisiones justas. Ahora sé que nada de eso es posible.





[1] Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Cusco, actualmente preside la Sala Constitucional y Social.
[2] Juez Superior Titular de la Corte Superior de Lambayeque
[3] En esta decisión me acompañaron los señores, jueces superiores titulares, Carlos Quispe Alvarez y Octavio Concha Mora. Mi respeto a ellos.
[4] En la persona de esta Profesora y Educadora (a quien no conozco), mi eterno agradecimiento a los profesores del Cuzco y en particular a quienes – como mi madre Elena y hermana Ruth – hicieron posible en mí el don de escribir y la pasión de leer.
[5] Se refiere a la Corte Superior de Justicia de Cusco.
[6] Me refiero a la Dra. Karina Verónica Echegaray Vidal, hoy Juez Titular Mixto de la Corte Superior de Justicia del Cusco. Mi agradecimiento a ella porque creyó que era posible la creación del derecho, y en efecto lo fue en algunos procesos.

Algo más sobre el acto lesivo


Fernando Murillo Flores[1]

Hace algún tiempo publique un artículo titulado “El acto lesivo”, en él dijimos: “Pero empecemos por explicar el tema del acto lesivo desde el principio. Quien presenta una demanda de amparo debe afirmar: a) ser el titular de un derecho constitucional, siempre que no sea consustancial a la persona, b) que existe un hecho, acto u omisión que le impide ejercer plenamente dicho derecho, pero, c) no solo debe afirmarlo, también le corresponde acreditarlo, pues rige de manera plena lo establecido en el artículo 196 del Código Procesal Civil: “Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos” pues de lo contrario, sanciona el artículo 200 del mismo código: “Si no se prueban los hechos que sustentan la pretensión, la demanda será declarada infundada”. Estos dos dispositivos son íntegramente aplicables al proceso constitucional de amparo, sin dejar de mencionar que acreditada la existencia de un acto lesivo, es a la parte demandada a quien le corresponde acreditar que su proceder fue constitucional.”

Es buena la oportunidad para anotar y reafirmar que en cuanto a la acreditación de los hechos que soportan la pretensión, el Código Procesal Civil es íntegramente aplicable en un proceso constitucional de amparo, por ejemplo.

Acabo de leer una sentencia del Tribunal Constitucional y constatamos que no nos equivocamos al decir lo que dijimos:

4. Que los procesos constitucionales tienen como una de sus finalidades restablecer el ejercicio de derechos fundamentales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho fundamental. Sin embargo, para que pueda lograrse tal objetivo, se deben satisfacer previamente determinados presupuestos que, de acuerdo con las particularidades de la vía constitucional utilizada, servirán para que el juez constitucional emita una sentencia sobre el fondo, a saber: a) la certeza de la titularidad del derecho fundamental invocado por la parte; y b) la acreditación de la existencia del acto lesivo constituido por una acción, omisión o amenaza.
5. Que, respecto del primero de los presupuestos referidos, se entiende que en sede constitucional no puede encontrarse en cuestionamiento la titularidad del derecho fundamental que se aduce como afectado. En cuanto al segundo, y en la medida en que en el proceso de amparo no existe etapa probatoria, quien alegue la materialización de una determinada acción u omisión de un supuesto acto lesivo, tiene una mínima obligación de acreditarlo adecuadamente, a fin de que genere certeza en el juzgador constitucional.[2]
Ahora espero que a los demandantes de un amparo les quede claro que tienen que acreditar ser titulares del derecho constitucional que se vulnera en su ejercicio, siempre y cuando dicho derecho no sea inherente a su condición de persona, como es el caso de la libertad, de la vida, a la igualdad, pero sí cuando sean derechos constitucionales adquiridos en relación con otras personas y que se van adquiriendo en dicha interrelación, como el derecho al trabajo y a la propiedad, que sí o sí deben acreditarse.

En este sentido el Tribunal Constitucional ha expresado en no pocas ocasiones: “que en el proceso de amparo no se dilucida la titularidad de un derecho, como sucede en otros, sino sólo se restablece su ejercicio. Ello supone, como es obvio, que quien solicita tutela en esta vía tiene que acreditar, mínimamente, la titularidad del derecho constitucional cuyo restablecimiento invoca, en tanto que este requisito constituye un presupuesto procesal, a lo que se suma la exigencia de tener que demostrar la existencia del acto cuestionado. Dicho en otras palabras, el proceso de amparo constituye, en buena cuenta, un proceso al acto, en el sentido de que el juez no tiene tanto que actuar pruebas, sino juzgar, en esencia, sobre su legitimidad o ilegitimidad constitucional.”[3]

También espero que así como acrediten la titularidad del derecho constitucional, acrediten también la existencia del acto lesivo, es decir, aquél acto, hecho u omisión que impida que el derecho constitucional continúe ejerciéndose hasta antes – precisamente – de su lesión, pues es el acto lesivo que como tal (inconstitucional) debe ser declarado nulo conforme así lo establece el artículo 55.2 del Código Procesal Constitucional. En todo caso debe recordarse que un proceso de amparo, así como uno de hábeas corpus, es un proceso al acto, al acto lesivo cabe decir, entonces es este acto lesivo el que debe acreditarse como aquél que lesiona un derecho constitucional del que es titular el demandante, precisamente para declararlo nulo.

Basta de creer que en un proceso de amparo, por ser un proceso constitucional, es el Juez Constitucional quien debe buscar el derecho, encontrar no sé donde el acto lesivo, basta de pensar que el Juez porque está en el marco de un proceso constitucional – lo repetimos – debe  ser un zahorí o nictálope ante las partes que muchas veces, eso sí, son noctámbulos en medio de una argumentación y afirmación de hechos sin prueba alguna de su realización. Basta.    





[1] Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Cusco, actualmente Preside la Sala Constitucional y Social.
[2] Exp. N° 02789-2013-PA/TC.
[3][3] Exp. N° 00607-2009-PA/TC. F. 39

sábado, 22 de marzo de 2014

El espíritu de los Tribunales (1)

Fernando Murillo Flores[1]

Imaginemos el siguiente escenario: La Sala Constitucional y Social, integrada con los magistrados A, B y C resuelve un proceso laboral en segunda y última instancia en diciembre de 2013, iniciado en un Juzgado de Trabajo, y quien perdió el proceso decide presentar una demanda de amparo contra la resolución judicial firme en el proceso laboral ante el Juzgado Constitucional y Contencioso Administrativo de Cuzco, este Juzgado declara fundada la demanda y el proceso en apelación ingresa a la Sala Constitucional y Social cuya conformación actual, a junio de 2014, es con los magistrados D, E y F.

La pregunta es ¿puede conocer el amparo la Sala Constitucional y Social? La respuesta es que sí, o al menos así lo pensamos o pensábamos, pues al momento de la apelación en el proceso de amparo, este órgano jurisdiccional tiene una conformación distinta a la que tuvo cuando conoció el proceso laboral cuestionado.

Sin embargo, una sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 02747-2011-PA/TC) determina que la respuesta es negativa, es decir, que la Sala Constitucional y Social, en el escenario hipotético no puede conocer el amparo contra el proceso laboral, así su composición haya cambiado. Es más, para el Tribunal Constitucional (TC), de hacerlo, se cometería una grave irregularidad, en la sentencia se dice:

14. (…) Esa irregularidad que en otras circunstancias hubiese supuesto que se declarase la nulidad de todo lo actuado, tiene que ver con el hecho de que pese a que se cuestionaba mediante este amparo una decisión de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, ha sido la misma Tercera Sala Civil la que también ha resuelto en primera instancia de este proceso, sin embargo cabe mencionar que dicha Sala estaba con una diferente composición de magistrados.
15. El Tribunal recuerda en términos generales que cuando ante el amparo se cuestiona una resolución judicial, el recurrente no objeta una decisión particular atribuible a un determinado individuo por su condición de tal, sino a un acto jurídico-estatal [la sentencia o resolución judicial], que es imputable en su realización a un órgano igualmente estatal, que llegado el caso —y con independencia de quienes lo integren en el momento en que se expida sentencia—está llamado a remediar la eventual violación de derechos fundamentales que se hubiera declarado.
16. Por ello el juzgamiento de si tal acto jurídico-estatal [la resolución judicial] es lesivo (o no) a los derechos fundamentales que se aleguen, no puede ser decidido por el órgano judicial al que se atribuye la lesión de tales derechos. Esta no es una cuestión meramente formal. Es una exigencia derivada del contenido constitucionalmente garantizado del derecho a ser juzgado por un juez imparcial, que no tolera dentro de su ámbito de protección que acontezcan hechos como los que aquí se ha descrito. (…)

Entonces, bajo este fundamento, el proceso de amparo de nuestro escenario tendría que ser remitido a otro Tribunal, pese a que la composición de la Sala Constitucional y Social es con los magistrados D, E y F, distinta a su anterior composición con los magistrados A, B y C, que fueron los que emitieron la resolución judicial firme objeto del amparo. Ahora imaginemos, aunque sea por un instante, que los magistrados A, B y C estuviesen integrando el Tribunal al que se remite el proceso, no podrían conocerlo por la causal establecida en el artículo 307.5 del Código Procesal Civil; pero también imaginemos que en este último Tribunal existiese sólo un magistrado no impedido (el magistrado G), habría que completarlo con dos magistrados que no sean A, B, C, D, E y F, los tres primeros (A, B y C) porque resolvieron el proceso cuestionado, los otros (D, E y F) porque ahora integran el Tribunal que emitió la resolución judicial firme cuestionada. Entonces, el proceso se dilataría más.

No estoy de acuerdo con la postura del TC., y mis razones son las siguientes:

1.    Un Tribunal es un órgano jurisdiccional[2] al que debe ingresar un proceso en razón a una competencia legalmente determinada (materia, grado, territorio).
2.    Un Tribunal está conformado por magistrados, conforme la ley lo establece y en función de una designación – aunque no siempre bien hecha – igualmente contemplada por la ley. Para que un Tribunal funcione como tal, debe estar conformado por magistrados, es decir, sin magistrados un Tribunal no funciona, puede existir pero no funciona. 
3.    Un Tribunal como órgano jurisdiccional u órgano estatal (TC dixit) es un ente nominal, abstracto que solo existe en función de los magistrados que lo conforman, es decir, aquellos que como tales expresan el poder de la función jurisdiccional mediante resoluciones.
4.    Son los magistrados que conforman un Tribunal los autores de la resolución judicial que se emite en un proceso. En un proceso de amparo contra resoluciones judiciales, es la resolución judicial firme aquella que se considera por el demandante el acto lesivo de un derecho constitucional.
5.    En un proceso de amparo contra resolución judicial quienes deben ser demandados son los autores del acto lesivo (resolución judicial firme), pues ellos deben responder por la vulneración de un derecho constitucional, no se demanda al órgano jurisdiccional u órgano estatal, es decir, no se demanda a la Sala Constitucional y Social o a la Sala Civil o a la Sala Laboral, porque estos órganos jurisdiccionales no tienen personería, se demanda a los magistrados que suscriben la resolución judicial.
6.    El artículo 42.3 del Código Procesal Constitucional (CPConst.) establece que en la demanda de amparo debe consignarse “El nombre y domicilio del demandado” y el artículo 17.2 del mismo código que la sentencia debe contener “La identificación de la autoridad, funcionario o persona de quien provenga la amenaza, violación (…)” del derecho constitucional. Asimismo el artículo 7 del código citado de manera clara establece que además de la entidad estatal debe notificarse con la demanda “al funcionario o servidor demandado
7.    Queda claro que los demandados, en un proceso de amparo contra resolución judicial, deben ser los magistrados que emitieron la resolución judicial firme, igual de claro es que se notifica al Poder Judicial (entidad estatal) y al Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, para que asuma la defensa tanto de la entidad, como de los magistrados demandados[3]. La demanda no puede ser notificada a la Sala Constitucional y Social, ni a ningún órgano jurisdiccional, sino al Poder Judicial, pues éste si es una entidad estatal de la que dependen los magistrados (prueba de ello es que cuando se demanda indemnización a los jueces, el Poder Judicial es solidariamente responsable con ellos. Cf. los artículos 509 y 516 del Código Procesal Civil).

Volviendo a nuestro escenario, si el órgano jurisdiccional (Sala Constitucional y Social) u “órgano estatal” al momento de conocer un proceso de amparo contra la resolución judicial firme que emitió mediante aquellos magistrados que lo integraban (A, B y C), ingresa cuando dicho órgano está conformado por otros magistrados (D, E y F), no existe razón alguna, desde nuestra perspectiva, para que éstos conozcan del proceso de amparo contra la resolución judicial firme emitida por los magistrados A, B y C., pero para el TC esto sería una grave irregularidad.

Pero esto sí nos llevará a un problema si acaso los magistrados D, E y F declaran fundado el amparo contra la resolución judicial firme emitida por los magistrados A, B y C., pues el efecto de ello sería que tendría que emitirse nuevamente la resolución judicial por la Sala Constitucional y Social en el proceso laboral cuestionado con el amparo, pues los magistrados D, E y F no podrían hacerlo, porque ellos ya habrían emitido una resolución determinando que la que emitieron los magistrados A, B y C era inconstitucional y muy bien podrían tener ya una opinión sobre el caso concreto, lo que sin duda afecta su imparcialidad. Este problema no será tal si el amparo se declara infundado, pero ante un Recurso de Agravio Constitucional el TC diría que es una irregularidad, es decir, que haya sido la propia Sala Constitucional y Social – aunque con otros magistrados – la que haya resuelto en segunda instancia el amparo contra el proceso laboral.

En este caso, el personal auxiliar jurisdiccional de la Sala Constitucional y Social tendría que convocar a magistrados para conformar el Tribunal que emitan, en dicho órgano jurisdiccional, la nueva resolución judicial en el proceso laboral cuestionado, lógicamente a magistrados que no sean A, B, C, D, E y F, salvo que al momento de tener que emitir la nueva resolución, la Sala Constitucional y Social esté conformada por magistrados distintos a los indicados. Téngase en cuenta que la nueva resolución se emite en el proceso laboral no en la Sala Constitucional y Social, sino, vale decirlo, por los magistrados que conforman dicho órgano jurisdiccional en el proceso contencioso administrativo.

Cuando un magistrado de segunda instancia deja de conformar un Tribunal, deja de ser parte del espíritu de dicho órgano jurisdiccional, lo que hace el TC es esclavizar dicho espíritu al órgano jurisdiccional y condenar a éste a no conocer un proceso, con otros espíritus cuando es competente para resolver un caso concreto. Cabe establecer que quienes ejercen la función jurisdiccional son los jueces, es decir, las personas investidas del poder estatal para decir justicia, ellos son su espíritu, los órganos jurisdiccionales no. Este tema da para más, pero no el espacio que este medio me brinda, volveré sobre el tema.




[1] Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Cusco, actualmente preside la Sala Constitucional y Social.
[2]Para la sentencia comentada “un órgano estatal”
[3] Aunque esto no sea correcto.

domingo, 9 de febrero de 2014

La cuerda se rompe por la parte más débil


Fernando Murillo Flores[1]

Como ya lo expuse en una serie de artículos anteriores,[2] el Presidente de Corte al designar a los jueces superiores en los tribunales de Sicuani y Quillabamba hasta el año 2012, lo hacía en función de un criterio “ilegal” del menos antiguo al más antiguo, en desmedro de la especialidad que sí es el criterio legal y aunque sea un poco difícil de implementar, ello no justifica optar por el primero.

Como se puede apreciar en el cuadro, el criterio ilegal fue utilizado hasta el año judicial de 2011, para luego dejarse de lado en función de otros factores, así el año 2012 no se siguió la secuencia del menos antiguo al más antiguo, sino que se la alteró, pues a ese año habían jueces superiores que aún no habían ido a presidir los tribunales de Sicuani y Quillabamba y que eran menos antiguos que Uriel Balladares Aparicio y Fernando Murillo Flores que fueron precisamente designados ese año, esta es una muestra de que el criterio del menos antiguo al más antiguo se “alteró” por alguna misteriosa razón.

Durante el año judicial 2013 nuevamente se retomó dicho criterio, como se puede ver en el cuadro, aunque debe anotarse que el Tribunal de Quillabamba fue traslado al Cuzco el mes de febrero de 2013. Era de esperar que dicho criterio fuese utilizado el año judicial 2014 a partir de la secuencia retomada el año judicial 2013, sin embargo, si bien se utilizó dicho criterio, hubo una alteración en la secuencia, como se grafica en el cuadro, pues se designó en el Tribunal de Sicuani a la Juez Superior Xiomar Alfaro Herrera – incorporada durante el año judicial 2013 – dejándose sentado una vez más el precedente según el que la secuencia en la designación se quiebra cada vez que se incorpora un Juez Superior constituyéndose en el menos antiguo y si no participó en la elección del Presidente de Corte, mejor.
  
Cada vez se hace más urgente, en nuestra Corte, asentar la especialidad en sus jueces superiores; reconducir los procesos de amparo, contenciosos administrativos, civiles, laborales y penales que conoce la Sala Mixta de Canchis (con sede en Sicuani) a los tribunales especializados en la ciudad del Cusco, repetimos, en función de la especialidad como garantía de uniformidad y predictibilidad jurisdiccionales y asumiendo que la Corte Superior de Justicia de Cusco es una Corte especializada, lo que sin duda es una de sus fortalezas. Es igual de urgente iniciar los trámites correspondientes para el traslado de la indicada Sala a la ciudad del Cusco, sede de Corte, convirtiéndola para que conozca la materia que más demanda tenga.[3]

El criterio ilegal de la antigüedad (del menos antiguo)[4] como uno válido para designar jueces superiores a la Sala Mixta de Canchis (con sede en Sicuani), debe ser desterrado de la responsabilidad y atribución del Presidente de Corte, para dar paso al criterio legal de la especialidad, manteniéndola como una garantía para los justiciables, al respecto trascribimos un comentario de la Profesora Ledesma Narváez: “Este comentario tiene como propósito alentar la permanencia indefinida de los jueces titulares en las Salas. Esa situación de estabilidad orgánica, cohesiona en mejor forma el trabajo interno del Colegiado, permite fijar y mantener precedentes judiciales, y contribuye a la celeridad y economía procesal, pues, evita diferir las vistas de la causa y los informes orales (sobre todo los últimos meses del año) para el futuro Colegiado [5]”. Claro, pero atender la especialidad implica desterrar – cuando no exista razón para ello – la existencia de las Salas Mixtas en una Corte especializada, pues es lícito preguntarse ¿es posible respetar el criterio de la especialidad en una Sala Mixta?, ¿puede existir un Magistrado con una especialidad para atender una Sala Mixta?, creemos que no, entonces, la solución es especializar la Sala en función de la demanda y de los requerimientos del servicio de justicia.

Finalmente, es bueno considerar que la atribución que la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Carrera Judicial otorga al Presidente de Corte para conformar los tribunales que integran la Corte, es una que otorga un margen discrecional limitado, pues además del criterio de la especialización, se suman otro límites implícitos como el que se explica en una sentencia del Tribunal Constitucional en un caso sucedido en la Corte Superior de Justicia de Cusco[6], todo ello con la finalidad de evitar lo más nefasto en el ejercicio de facultades y atribuciones: la arbitrariedad, sea en beneficio propio o de grupo. La arbitrariedad es tan antigua que comentando la constitución de la edad media, Fioravanti nos dice: “Un príncipe no equitativo, que comience a convertirse en tirano, es entonces un príncipe que ya no sabe, o ya no quiere, mantener unida a la comunidad que se le ha confiado, que ha no es imagen de ella entera y de la multiplicidad de las relaciones que en ella se desarrollan, y se convierte por el contrario en imagen de una sola parte o sólo de algunas partes, e inevitablemente comienza así a establecer privilegios injustos, a establecer penas injustas.”[7]

Mientras no especialicemos la Corte Superior de Justicia de Cusco al 100%, mientras no respetemos la especialización de sus jueces superiores, seguiremos utilizando un criterio ilegal para designar a los jueces superiores en la Sala Mixta Descentralizada de Canchis (con sede en Sicuani) y quebrando dicho criterio ilegal cada vez que exista una parte débil de la cuerda, como ha sucedido este año.

Juez Superior
2010
2011
2012
2013
2014
Miguel Grimaldo Castañeda Sánchez


Renunció


Andrés Quinte Villegas





Luis Rafael Callapiña Hurtado



Cesó

Carlos Quispe Álvarez





Octavio Concha Mora





Víctor Ladrón de Guevara de la Cruz





Uriel Balladares Aparicio


Sicuani


Luis Alfonso Sarmiento Núñez





Pedro Álvarez Dueñas





Darwin Alex Somocurcio Pacheco





Luis Fernando Murillo Flores


Quillabamba


Wilber Bustamante del Castillo

Sicuani (sólo octubre - diciembre)



Mario Hugo Silva Astete



Quillabamba
(sólo enero)

Miriam Helly Pinares Silva



Sicuani

Dafne Dana Barra Pineda
Quillabamba




Carlos Bernardino Fernández Echea





Elizabeth Grossmann Casas

Sicuani (enero - octubre)



Yuri Jhon Pereira Alagón





Begonia del Rocío Velásquez Cuentas
Sicuani




Yenny Margot Delgado Áybar

Quillabamba



Xiomar Alfaro Herrera[8]




Sicuani





[1] Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Cusco.
[2] Cf. http://catedrajudicial.blogspot.com/2012/11/la-arbitrariedad-en-la-conformacion-de.html
[3] Cf. http://catedrajudicial.blogspot.com/2014/01/la-sala-mixta-descentralizada-de-canchis.html
[4] Como ha sucedido en el presente año judicial (2014)
[5]http://laley.pe/not/733/_es_constitucional_alterar_la_composicion_de_los_colegiados_cada_ano_judicial_/
[6] Cf. Exp. N° 04238-2011-PHC/TC. F. 5
[7] Fioravanti Maurizio. Constitución. De la antigüedad a nuestros días. Editorial Trotta, 2001. p. 40
[8] Magistrada incorporada durante el año judicial 2013. Es la menos antigua en la relación de antigüedad de los jueces superiores de la Corte Superior de Justicia de Cusco.