domingo, 10 de julio de 2016

AMAG - PAE - DERECHO DE PROPIEDAD Y POSESIÓN


Con los alumnos del curso Derecho de Propiedad y Posesión. PAE - AMAG






Cusco, 18 de junio y 9 de julio de 2016.

domingo, 19 de junio de 2016

JURISDICCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS - 2016

CARPE DIEM

Los alumnos del curso Jurisdicción Internacional de los Derechos Humanos - 2016, de la Maestría en Derecho Constitucional de la EPG de la Universidad Andina del Cusco.



Los órganos, procesos y procedimientos existen, pero sin personas dispuestas a respetar el derecho, significan nada.

Cuzco, 3, 4, 5, 17, 18 y 19 de junio de 2016. 

domingo, 29 de mayo de 2016

“24 horas” “rápidos y furiosos” vs. “lentos y calmados”


Fernando Murillo Flores

Que el denominado Sistema de Justicia, integrado principalmente por el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional de Perú, dejara en libertad a un grupo de cinco delincuentes capturados en flagrancia y nombrados como los “rápidos y furiosos”, no hace sino demostrar que el indicado sistema es (somos) un grupo de “lentos y calmados”. A la comunidad, que tiene una pésima percepción del Sistema de Justicia, no le resultó suficiente ninguna explicación sobre lo sucedido y, una vez más, las explicaciones de los representantes de las entidades del sistema fueron inverosímiles, más aún si sobre todo que cada uno de los actores fue desfilando por diferentes medios de comunicación echándose, en forma cruzada, la culpa los unos y los otros, dejando una estela más de inseguridad y frustración.

El viejo Estado peruano, sus viejos poderes e instituciones, así como la falta de una adecuada operación de su aparente moderno sistema penal, quedaron una vez más en vergüenza, una vez más se dejaron pocos motivos para defender ante la comunidad, a las entidades que integran el Sistema de Justicia. En estas líneas no pienso explicar qué es lo que pasó, sino alcanzar a la comunidad algunos conceptos para que se forme una mejor idea de los hechos.

Nuestra Constitución establece en su artículo 159 las atribuciones del Ministerio Público (Fiscalía), indicando que “Corresponde al Ministerio Público: (…) 4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.” La preeminencia del Ministerio Público (Fiscalía) en la responsabilidad constitucional de la investigación del delito es clarísima, sin embargo, ¿a quien vemos y escuchamos en los medios de comunicación social cuando se da cuenta de una investigación sobre un delito?, a quien escuchamos es, a un oficial de la Policía Nacional del Perú, más no al Fiscal a cargo del caso o, mejor dicho, a quien conduce “desde su inicio” la investigación del delito. Usted saque su conclusión sobre quién conduce la investigación del delito y, sobre todo, si en la responsabilidad constitucional de investigación, el Ministerio Público va en un sentido y la Policía Nacional del Perú, que depende del Poder Ejecutivo, en otro. Esta pregunta es fundamental: ¿es un problema de la Constitución o es un problema de comportamiento conforme a la Constitución?

Nuestra Constitución declara como un derecho fundamental, el derecho a la libertad, empero también autoriza a restringirla de una manera constitucional y legal; en ese sentido la detención de una persona se puede producir: i) por un plazo de 24 horas (más el término de la distancia), cuando es capturada en comisión flagrante del delito (con las manos en la masa); ii) por un plazo de 15 días, cuando la persona es detenida por la comisión de los delitos de narcotráfico, terrorismo y espionaje y, iii) por mandato judicial. Estos plazos son máximos e improrrogables. Incluso nuestro Tribunal Constitucional estableció en un precedente vinculante, el plazo estrictamente necesario.

Los rápidos y furiosos fueron detenidos en flagrancia, en banda y portando armas sin licencia, según se dice, en posesión de drogas, - lo cual es creíble pues estos delincuentes consumen drogas o alcohol antes de delinquir -, seguramente con el afán de calmar los nervios, antes de su accionar delictivo; desde el primer minuto de detención, el Ministerio Público debió conducir las investigaciones del caso para presentarlo, dentro de las 24 horas, al Juez Penal.   

Si la Fiscalía y la Policía no culminan la documentación necesaria para presentar el caso y al detenido ante el Juez Penal, en el plazo de 24 horas desde la detención, entonces se exponen a la presentación de un hábeas corpus a favor de los detenidos. Sin embargo la única decisión posible para el Juez del Hábeas Corpus, constatado el exceso en el plazo de detención (24 hrs.) si es que declara fundado el habeas corpus, es, sin lugar a dudas, disponer que el detenido en exceso sea puesto a disposición ante el Juez Penal, mas no ordenar su libertad porque ello sería sustraer a un detenido en flagrancia de la acción punitiva del Estado. En efecto, el artículo 34 del Código Procesal Constitucional establece: “La resolución que declara fundada la demanda de hábeas corpus dispondrá alguna de las siguientes medidas: (…) 3) Que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición del Juez Competente, si la agresión se produjo por haber transcurrido el plazo legalmente establecido para su detención.” siempre que el delito no merezca, procesalmente, solo comparecencia.

Ahora bien, sino se presenta un hábeas corpus, y el plazo de detención se excede (24 hrs.) entonces la Fiscalía y la Policía (rectius la Fiscalía) debe llevar de todos modos el caso y al detenido ante el Juez Penal quien, no puede disponer que el caso y el detenido no sean recibidos, pues el mandato constitucional, derivado de una detención en flagrancia, implica que la persona detenida sea “puesta inmediatamente a disposición del Juez competente” ya sea dentro del plazo o habiéndose vencido. Debe establecerse que la detención en flagrancia, no es una detención arbitraria, en cuyo caso sí correspondería, de presentarse un hábeas corpus y declararse éste fundado, disponer la libertad inmediata de la persona, pero esto es cuando no existe una causa que justifique la detención de la persona, lo cual dista mucho de una detención en caso de flagrancia, en la que ésta – precisamente – es la causa que justifica la detención. Entonces ante una detención arbitraria cabe disponerse la libertad del detenido, precisamente por no existir causa que justifique la detención, pero, ante una detención en comisión flagrante del delito, no cabe disponer la libertad del detenido sino, de declararse fundado el hábeas corpus, que sea conducido y puesto de inmediato a disposición del Juez Penal.

En ningún caso procedía poner en libertad a esa banda llamada “rápidos y furiosos” (con el perdón de Paul Walker y Vin Diesel), más si no se había presentado un hábeas corpus que en ningún caso daba pie a su liberación, sino a ponerlos a disposición del Juez Penal. La pregunta cae por su propio peso ¿cuál fue la razón para ponerlos en libertad? Yo, antes que alguna otra, pienso que fue una cadena de irresponsabilidades y negligencias que tienen como base que ya no se hace lo mínimo exigible funcionalmente.

Este caso provocó la reunión de los representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ministerio del Interior (todo un cónclave). Lo primero que se ha dicho es que debe modificarse la Constitución para ampliar el plazo máximo de detención en caso de flagrancia. ¿Es esa realmente la solución? No, no la es. El plazo máximo de detención en flagrancia (24 hrs., más el término de la distancia) es un plazo suficiente cuando, dentro del mismo, los responsables hacen lo suyo, es decir, la Policía y el Ministerio Público, pero entre la definición de los roles en este binomio y su correspondiente coordinación, versus el tiempo, éste termina agotándose.

Estimo que hay casos en los que objetiva y razonablemente dicho plazo no podrá ser cumplido, por ejemplo, en el que 50 personas irrumpieron en una casa para saquearla, destrozarla y desocuparla, pero ¿acaso esa no es una causa objetiva y razonable para no poder cumplir materialmente el plazo de 24 hrs., aun actuando con toda diligencia y coordinación? En estos casos, me atrevería a decir, incluso ni un hábeas corpus podría ignorar esas causas objetivas y razonables al momento de tomarse la decisión correspondiente que, derivaría a lo sumo, únicamente en recomendar que los detenidos sean puestos a disposición del Juez, pues el exceso de la detención por flagrancia estaría justificado.

En un país en el que todos hacemos nuestros deberes a última hora, extender el plazo de 24 hrs., a no sé cuántas horas o días, lo único que hará será crear un nuevo plazo que sin duda volveremos a incumplir. Seamos realistas, el problema está en nosotros. Recuerdo de niño un dibujo animado de superhéroes, cuando los malhechores generaban el caos en la ciudad, una voz en off decía: “mientras tanto en el salón de la justicia…” y entraban en escena la Mujer Maravilla, Batman y Robin, Superman y otros, que diagnosticaban el problema, se ponían de acuerdo e iban tras los maleantes.


“Mientras tanto…” los “Rápidos y furiosos” obligaron a los representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ministerio del Interior a reunirse, no sé si “en el salón de la justicia” pero no para analizar a aquellos y como combatirlos, sino para ver qué hacer con un sistema de “Lentos y calmados”. Espero sinceramente que eso sea haga. Ya no somos niños para creer en dibujos animados; si bien los héroes existen y no así los superhéroes, ahora sólo es tiempo de que cada uno haga su trabajo en tiempo real, llegue a la hora a trabajar y no haga costumbre la tolerancia, pues los “Rápidos y furiosos” llegan a la hora precisa a su cita con el delito y no se refugian en la tolerancia. A trabajar se ha dicho.

PROCESOS CONSTITUCIONALES - 2016

CARPE DIEM

Con los alumnos del curso de Procesos Constitucionales II, de la Maestría de Derecho Constitucional, de la EPG de la Universidad Andina del Cusco.



El éxito del control de la constitucionalidad reposa en la Magistratura Constitucional.

Cusco, 13, 14, 15, 27, 28 y 29 de Mayo de 2016

viernes, 29 de abril de 2016

“YO ACUSO”


Fernando Murillo Flores

Hace mucho tiempo que decidí escribir artículos para expresar mis ideas, opiniones y análisis propios de mi profesión. En El Diario del Cusco se me brindó siempre un espacio para ejercer mi derecho constitucional de expresión y opinión.

Así, ejercí uno de los derechos humanos más importantes en una sociedad moderna y civilizada, el derecho de expresión y opinión. Estos derechos de raigambre histórica, dejan entrever que no siempre existieron, sino que como todos los derechos humanos, fueron abriéndose paso hasta un total reconocimiento positivo en constituciones nacionales e instrumentos internacionales. En el Perú el reconocimiento de tales derechos (de expresión y opinión) se da en sede constitucional, con respaldo internacional.

En mí residen, por el solo hecho de ser persona, el derecho a la vida, a la libertad e igualdad que, como tales son derechos inherentes e inmanentes a mi condición humana, pero también residen otros, no menos importantes, pero igual de fundamentales, como el de expresión y de opinión, aunque para ejercerlos se requiera, precisamente, expresar y opinar. Esos derechos humanos imponen al Estado el deber de no interferir en su desarrollo y/o ejercicio; así como el Estado debe respetar la vida, garantizar la libertad y brindar un trato igual ante la ley a toda persona, tiene también el deber de respetar que estos se desarrollen como tales, es más, de crear el ambiente y espacios para que expresen sus ideas, opiniones y arte.

En esa dimensión y contexto, ninguna autoridad pública o privada, puede interferir en el ejercicio de los derechos fundamentales de parte de quien, por ser persona humana, es su titular y los ejerce, salvo que tenga la intención de vulnerar su ejercicio mediante actos que les son lesivos, que son más intensos y graves si son intencionales y deliberados.

Mediante este artículo Yo acuso que he sido y vengo siendo objeto de una interferencia e intervención inconstitucionales respecto a mis derechos constitucionales de expresión y opinión, al imponerle a mis artículos de opinión, la censura previa proscrita por las normas citadas. Los hechos ocurren así:

1.    Como siempre lo hice y venía haciendo, alcanzo mis artículos a El Diario del Cusco, mediante mi correo electrónico, solicitando que se publique un día hábil de semana.
2.    El Diario del Cusco siempre publicó mis artículos sobre diversos temas, siendo o no diario judicial, recibiéndolos en una dirección de correo electrónica abierta desde 2009.
3.    El lunes 25 de enero de 2016, a las 19:36 hrs., luego de haberse publicado mi artículo “Preguntas de un obrero que lee”, recibí de la Administración de El Diario del Cusco, el siguiente mensaje por correo electrónico:
“Buenas noches Dr. Fernando
Previo un cordial saludo por la presente le comunico que por orden expresa de la Presidenta de la Corte Superior Dra. Elizabeth, los artículos de opinión deberá enviar al área de imagen para la coordinación respectiva para su publicación, por lo que ya no tomaremos en cuenta sus artículos si lo envía directamente en vista que ahora somos el Diario Judicial 2016, agradeciendo su comprensión.”
4.    El jueves 27 de enero de 2016 envíe una carta a la Dra. Elizabeth Grossmann Casas, Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco, para que cese la amenaza de la violación de mis derechos de expresión y opinión, mediante el mecanismo de la censura previa.
5.    Los días viernes 28 de enero; viernes 5 y viernes 12 de febrero de 2016 envíe artículos, como siempre lo hice, en forma directa a El Diario del Cusco, y no se publicaron.
6.    Luego del último envío – a diferencia de las anteriores, obtuve una respuesta de El Diario del Cusco: “BUENAS TARDES SEÑOR FERNANDO MURILLO, TENEMOS ÓRDENES ESTRICTAS DE NO PUBLICAR CUALQUIER TIPO DE ARTÍCULO QUE NO SEA REMITIDO DESDE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL. POR CUANTO LE PEDIMOS POR FAVOR SOLICITE  LA APROBACIÓN DE SU ESCRITO EN LA MENCIONADA OFICINA, PARA SU POSTERIOR PUBLICACIÓN. MUCHAS GRACIAS.
7.    Con la no publicación de mis artículos, a la fecha, la amenaza se ha convertido en un hecho positivo de vulneración de mis derechos constitucionales.
8.    Luego recibí algunas comunicaciones de parte de El Diario del Cusco, con las que se pretende justificar la censura previa impuesta por la Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco, en un error de comunicación en el marco de correos privados de emisión y receptor, pero lo cierto del caso es que obra en poder de El Diario del Cusco tres artículos míos sin publicación desde el 28 de enero de 2016.

Queda claro para mí que la Dra. Elizabeth Grossmann Casas, en su condición de Presidenta de la Corte Superior de Justicia del Cusco (2015-2016),  pues de otro modo o posición no lo podría hacer, estableció un mecanismo de censura previa al contenido de mis artículos de expresión y opinión, instaurando como censor a su Oficina de Imagen Institucional, para que esta determine si autoriza o no la publicación de mis artículos, siendo aún más grave que le impone a El Diario del Cusco, la obligación de acatar tal disposición, por el hecho de ser éste ahora diario judicial 2016. Entonces se ha doblegado a un medio de comunicación desde dicha posición, lo que sin duda no justifica la posición débil de El Diario del Cusco.

No creo que sea correcto que porque un diario sea designado como diario judicial, dicho medio de comunicación quede hipotecado en su línea editorial, sus contenidos como medio escrito de comunicación, información, expresión y opinión, salvo que el mismo medio imponga la hipoteca de su línea editorial, de expresión y opinión, lo que sería desde ya penoso, esa prensa no es la que necesita el Perú. El Perú necesita prensa libre.

Entonces, tengo los medios de prueba que vistos y analizados en conjunto acreditan la violación de mis derechos constitucionales de expresión y opinión, al imponérsele al contenido de mis expresiones y opiniones, la censura previa, al establecer en abstracto la prohibición a El Diario del Cusco de publicar mis artículos que le alcance en forma directa, si no son enviados a la oficina de Imagen Institucional de la Corte Superior de Justicia del Cusco.


Dejo expresa constancia que procedo a acusar de manera pública el hecho, al no haberse dejado sin efecto – como lo solicité – la amenaza de violar mis derechos constitucionales, y ante la materialización de dicha amenaza. Sin embargo, atendiendo al pedido de El Diario del Cusco, le envíe este artículo que, si Usted lo lee en El Diario del Cusco, debo considerar concluida la censura previa y el restablecimiento de mis derechos constitucionales de expresión y opinión; pero si lo lee en otro medio de comunicación escrito, ello implica que la censura no solo existió, sino que continua. 

¿Y LA ESCUELA JUDICIAL? (2)


Fernando Murillo Flores

Una de las principales responsabilidades que debe tener presente quien dirige a otras personas es, precisamente, saber que es una persona y su dignidad.
Empezando por la dignidad, Savater dice: “Lo que llamamos dignidad humana no es precisamente nada de lo que el hombre ya tiene, sino lo que aún le falta; y lo que le falta es sin duda lo único que realmente le queda, a saber: lo que le queda por hacer” (Savater. Fernando. Ética como amor propio. Ariel, 2008)  
Sobre lo que es una persona, Ferreiro y Alcázar nos dicen que “el hombre es un ser vivo con tres dimensiones fundamentales: cuerpo, inteligencia y voluntad”, las necesidades que corresponden a esas dimensiones son las materiales, cognoscitivas y afectivas, proyectándose las dimensiones de tener, saber/hacer y ser/servir. El hombre, según los autores citados, en su dimensión laboral al interior de una organización se proyecta, a su vez, en la eficacia, atractividad y unidad de la misma. Toda persona con esas dimensiones de cuerpo, inteligencia y voluntad, puede ser motivada por el líder por razones extrínsecas, intrínsecas y trascendentes.” (Pablo Ferreiro – Manuel Alcázar. Gobierno de personas en la empresa. PAD, Lima 2005).
En muchas organizaciones públicas o privadas, muchas veces la motivación extrínseca se ve limitada por razones de presupuesto, vale decir, que existen limitaciones para motivar materialmente al personal mediante una remuneración (ganar más). Entonces, la alternativa frente a dicha limitación es la motivación intrínseca y la motivación por motivos trascedentes, pero para ello se debe saber qué es una persona.
Asumir esas alternativas de motivación nos impone hacer atractiva la organización para el trabajador quien muchas veces antepone la motivación extrínseca o material (remuneración), por la posibilidad de conocer y saber más, lo que implica exigir la inteligencia del trabajador, motivándolo por razones cognoscitivas, agregando eficiencia a su acción. El trabajador encontrará aún más atractiva a su organización, si quien la lidera se preocupa por motivarlo a servir y materializar la misión de la organización, brindándole la oportunidad de trascender, ayudando al trabajador a ser mejor persona.
En la institución para la que trabajo, como se sabe, existen serias limitaciones para motivar extrínsecamente al personal auxiliar jurisdiccional, es decir, para incrementar sus remuneraciones, esta constatación debería dar lugar a motivar al personal intrínsecamente y por motivos trascendentes, para así hacer atractiva la organización. Esta responsabilidad si bien debería ser asumida por todo el personal jurisdiccional en su conjunto y en cada área de su responsabilidad, reside principalmente en quien la preside.
Dicho de otro modo, si un directivo no puede resolver o tomar decisiones para motivar al personal extrínsecamente, mediante incremento de remuneraciones, él no será responsable  de ello, pero de lo que sí es responsable – sin duda alguna – es motivar al personal cognoscitivamente y por razones trascendentes. La ausencia de esta motivación sí es responsabilidad del directivo y si no lo hace, entonces las consecuencias sí serán de cargo suyo, pues cada día que pase en la organización sin motivación le ocasiona un daño irreparable en perspectiva temporal. 
En el pasado (2011) hubo un intento serio por motivar cognoscitivamente a las personas que laboran como auxiliares jurisdiccionales en la Corte Superior de Justicia del Cusco, ese intento fue la creación de la Escuela Judicial (http://catedrajudicial.blogspot.pe/2012/04/y-que-fue-de-la-escuela-judicial.html) con la misión de capacitar al personal auxiliar jurisdiccional, ese intento se materializó el año 2011, con algunos problemas continuó el año 2012, para finalmente funcionar “por última vez” el año 2013 (http://escuelajudicialcusco.blogspot.pe/).
Han transcurrido, desde entonces, más de 2 años, sin que sepamos algo de ese intento que debió dejar de serlo por constancia, perseverancia y voluntad. ¿Cuál es la razón por la que la Escuela Judicial no funcione, pese a que tiene una normatividad que obliga a su funcionamiento, según un cronograma anual y pautas académicas?
La respuesta es sencilla; es el nulo interés y compromiso por motivar al personal brindándole una real posibilidad de capacitarse en función de su trabajo y de los aciertos y desaciertos en el mismo, es decir, en motivar al personal desde un punto de vista cognoscitivo, lo que implica saber más para hacer mejor el trabajo.
Sinceramente no creo que la Escuela Judicial vuelva a funcionar, al menos en esta gestión presidencial que ya tiene vencido un año y cuatro meses de su segundo año, lo que implica que así existiese interés en que funcione, como siempre, el plazo está vencido, lo que demuestra – una vez más – que los directivos se la pasan solucionando problemas del pasado sin visión del futuro. En fin.
Pero otro de los peores errores que puede cometer un directivo, que no tiene conciencia de lo que implica gobernar personas y motivarlas en función de generar un ambiente laboral propicio para la identificación del personal con su organización, es no tener ninguna política coherente para la dirección de personal o políticas de personal en función de un fin: la unidad de la organización. Esa ausencia de una política de personal se refleja en esbozar una aparente política de trato igualitario al personal y, sin embargo, implementar todo lo contrario como es el caso de hacer excepciones en la teoría, para favorecer realmente a determinados trabajadores, postergando los méritos en sentido contrario a la tendencia actual de la meritocracia. En fin.
Todo esto sucede cuando, como dice Russell, se genera “Un sistema que acuerde mucho poder al cortesano o al intrigante es, por lo general, un sistema poco capaz de promover el bienestar general (Russell. Bertrand. El Poder, RBA, 2013). En fin.

Si la organización que se dirige tiene limitaciones para motivar al personal mejorando sus ingresos, es poco lo que podrá hacer un directivo, si no toma la iniciativa en la motivación cognoscitiva, así como en una correcta política de personal que logre la unidad en la organización. Será por eso que los aplausos no son como al principio y ya se escucha el rumor del fracaso.

domingo, 24 de abril de 2016

DERECHO CIVIL PATRIMONIAL - 2016

CARPE DIEM

Con mis alumnos del curso de Derecho Civil Patrimonial de la Maestría de Derecho Civil y Comercial, de la Escuela de Post Grado de la Universidad Andina del Cusco.




La propiedad es un derecho fundamental...

Cusco, 8, 9, 10, 22, 23 y 24 de abril de 2016.