Frankenstein
Fernando Murillo Flores
He cumplido 20 años al servicio de mi Estado, en la responsabilidad de Juez Superior del Poder Judicial, en la Corte Superior de Justicia del Cusco. Ingresé a la magistratura luego de ejercer la abogacía durante 12 años. Creo que puedo dar mi opinión y testimonio sobre muchos aspectos de la función jurisdiccional.
Empezaré por decir que los jueces somos las autoridades públicas que jamás contaremos con la aprobación de todos los usuarios de la función jurisdiccional, la razón es sencilla: en todos los procesos en los que tomamos decisiones, una de las partes pierde y, al menos, un 50% de esos usuarios no opinará bien de nosotros.
Además, formamos parte de un Estado que durante toda la vida republicana no está del todo legitimado como centro del poder desde el que emanan las normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico; existe un Perú real, con muchos problemas y contradicciones que continúan acentuándose y, un Perú formal con instituciones deslegitimadas que difícilmente lograrán legitimidad, más que por cualquier otra razón, por el comportamiento de sus autoridades y funcionarios, en el que los privilegios e intereses particulares de éstos, priman sobre el interés general a cuyo servicio se debe toda la institucionalidad de nuestro país.
Los jueces debemos ser las autoridades públicas más controladas y sujetas a evaluaciones para permanecer en el cargo, antes que cualquier otra autoridad.
En lo personal, he sido contratado para ejercer la responsabilidad más noble que un abogado pueda ejercer: el impartir justicia en función de los medios de prueba sobre los hechos y aplicando el derecho que corresponde, luego de una labor de interpretación de las normas que integran nuestro ordenamiento jurídico en el marco de los procesos judiciales para los que soy competente.
Alguna vez un Profesor en la ESAN nos dijo que, en el Perú, los gerentes están resolviendo problemas del pasado y, en verdad es así, como casi todo en nuestro país. Con relación a ello, no sé si será bueno, malo o feo que el sistema de control de la magistratura ahora sea responsabilidad de una persona que no sea del Poder Judicial, pero lo que sí llama a reflexión es que la Ley que creo la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (Ley N° 30943) se haya publicado hace más de 4 años y recién este año se haya nombrado, de parte de la Junta Nacional de la Justicia, al jefe de dicha entidad que, según dicha ley debe ejercer el cargo por un plazo de tiempo de 5 años “no prorrogable” lo que quiere decir que vencido dicho plazo, debe cesar automáticamente, no siendo claro si puede o no ser nuevamente nombrado, pues lo improrrogable se refiere al tiempo de duración en el cargo. Bueno sería saber por qué Hoover ejerció durante 48 años el cargo de director del FBI, pero bueno, estamos en el Perú.
Lo cierto del caso es que la OCMA tenía una cabeza, una dirección a cargo de un Juez Supremo nombrado por sus pares y esta cabeza era parte de una organización compuesta por jueces contralores que son parte del Poder Judicial, así como trabajadores de éste. Durante largos años esto fue así, de modo que se creo toda una cultura de la organización del sistema del control de la magistratura que no viene al caso ahora analizar, pero que dicha cultura existe, existe.
Nunca escuche, salvo cuando leí a Mary Shelley que, por cierto, es ficción, que el trasplante de cabeza sea posible en humanos. ¿Será posible en organizaciones que buenas, malas o feas, tiene una cultura organizacional como cuerpo, cambiarles la cabeza?
La razón por la que se creó la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial es porque ante acto de corrupción, originó la desconfianza del control de jueces a cargo de jueces, y auxiliados por personal del Poder Judicial, es por ello que se crea un sistema autónomo y especializado, ajeno a la organización de los jueces, en los siguientes términos:
103-C.1
Créase la especialidad de control disciplinario judicial. Sus magistrados son
denominados jueces de control y se incorporan mediante concurso público de
méritos conducido por la Junta Nacional de Justicia para prestar servicios en
la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.
103-C.2
La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial solo puede estar integrada
por jueces de control en el órgano central y en las oficinas descentralizadas,
según la distribución que apruebe la jefatura nacional, contando, además, con
funcionarios de apoyo para el ejercicio de sus funciones, las cuales deben
garantizar la pluralidad de instancia a través de órganos uninominales.
Cuya cabeza estará a cargo de un Jefe del que la ley que crea el sistema dice:
103.1
El jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial es la máxima
autoridad del órgano de control funcional y lo representa. Tiene las mismas
incompatibilidades, prohibiciones, remuneración y beneficios que los jueces
supremos.
103.2
Es nombrado por un periodo de cinco (5) años, no prorrogable, mediante concurso
público de méritos conducido por la Junta Nacional de Justicia, conforme a lo
establecido en el reglamento que el citado órgano elabore para este proceso.
Jura el cargo ante la Junta Nacional de Justicia y, para el ejercicio del
control disciplinario, tiene rango de juez supremo.
Ahora tenemos una cabeza (el Jefe), nombrada por la Junta Nacional de Justicia como respuesta a la desconfianza del control de jueces respecto de jueces que, seguramente, deberá implementar su cuerpo acorde a esa misma respuesta. ¿Cuándo ese cuerpo tendrá existencia? No lo sé, pero si para nombrar la cabeza se emplearon más de 4 años, no sé cuántos se emplearán para nombrar jueces de control de ese sistema autónomo, espero que al Jefe no se le venza su improrrogable plazo, ni muera en el intento.
Mientras tanto, en el salón de la justicia, el Jefe, que es una cabeza trasplantada en una organización llamada a ser renovada por la autónoma, deberá seguir trabajando con aquella compuesta de jueces que siguen controlando a jueces, que es lo que no se quería, ni quiere, hasta no sé cuándo, pues la ley establece:
DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
PRIMERA. Personal y presupuesto de la Autoridad Nacional de Control del Poder
Judicial.
A la
entrada en vigor de la presente ley, el personal actual de la Oficina de
Control de la Magistratura (OCMA) y de las Oficinas Desconcentradas de Control
de la Magistratura (ODECMA) permanece en funciones hasta que la Autoridad
Nacional de Control del Poder Judicial cubra la totalidad de las plazas por sus
titulares.
El
presupuesto de la Oficina de Control de la Magistratura y de las Oficinas
Desconcentradas de Control de la Magistratura será transferido a la Autoridad
Nacional de Control del Poder Judicial.
¿Esta disposición comprende a los jueces contralores de la OCMA?, es decir, cuando el dispositivo establece: “el personal actual de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y de las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura (ODECMA) permanece en funciones hasta que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial cubra la totalidad de las plazas por sus titulares”
Hay dos respuestas posibles, la primera, según la que así como el Juez Supremo que era la cabeza de la OCMA ya no está en funciones, al haber sido reemplazado por el Jefe de la Autoridad Nacional de Control de Poder Judicial, todos los Jefes de ODECMA también debieran renunciar a dichos cargos y volver a su función jurisdiccional y, la segunda que los magistrados contralores sean parte del concepto personal, y se mantengan en sus puestos hasta que sean reemplazados por los jueces de control, con un añadido, que si acaso no son reemplazados, al vencimiento del plazo de dos años para los que fueron elegidos los jefes de las ODECMAs, por ejemplo, tendrán que continuar en sus cargos.
Sea cual fuese la respuesta elegida, tendremos durante un buen tiempo, una cabeza de un sistema inspirado en un modelo de organización autónomo de control de la magistratura, llamado a tener también un cuerpo u organización con la misma inspiración, pero con un cuerpo que no sólo está inspirado en una cultura del control de jueces respecto de jueces de larga data y sujeto a desconfianza general, sino que no tendrá la confianza de la cabeza y adaptarse será imposible para el actual sistema aun imperante, sobre todo si se sabe que no hay vida más allá de ese tiempo y la adaptación no tiene sentido, pues uno se adapta para sobrevivir, no para morir.
He sido sometido a procedimientos administrativos disciplinarios, la primera vez por opinar respecto a una decisión administrativa de alguien respecto de quien ni me acuerdo; también por haber opinado que alguien debió renunciar por el tema de los denominados cuellos blancos, junto al presidente del Poder Judicial cuando ocurrió ese escándalo, y he sido sancionado por haber hecho de una sala de audiencias un salón de clases semanales, todo ello por el digamos anciano régimen de la OCMA y ODECMAs. Para mí, en lo particular, y espero que no me abran investigación por estas opiniones, el tránsito de la OCMA a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, será la puesta en escena de la misma obra de teatro y sólo un cambio de actores y actrices (para ser inclusivos).
Durante 20 años al servicio de los usuarios de la función jurisdiccional, en la Corte Superior de Justicia del Cusco no tengo amigos en ella, nunca busqué tenerlos, sólo tengo colegas y, entre nosotros y ante los trabajadores, sabemos quién es quién, para los que son, mi eterna consideración y respeto, luego de 20 años en los que siento que mi labor no ha sido sino una cucharilla de azúcar vertida en el mar. Como decía el monstruo creado por el Dr. Frankenstein “amo la vida a pesar de que es un cúmulo de angustias”.
