Terminando mal y empezando peor

Fernando Murillo Flores

Antes de finalizar el primer semestre de este año, el Perú conoció altos niveles de corrupción en el Poder Judicial y en el otrora Consejo Nacional de la Magistratura. El Poder Ejecutivo identificó el problema en el sistema de nombramiento de jueces y fiscales para así presentar una iniciativa de reforma constitucional que concluyó con la aprobación de la población, vía referéndum, de lo que ahora es la Junta Nacional de Justicia.

Mientras tanto, en el Poder Judicial, se fueron descubriendo una serie de hechos en las altas esferas de la Corte Suprema y en algunas Cortes Superiores, que daban cuenta de una crisis en los encargados de dirigir sus destinos. El punto culminante de su crisis fue que su Presidente, el Juez Supremo, señor Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo renunció al cargo (cf. R.A. N° 008-2018-SP-CS-PJ). Es increíble que la Jefa de la Oficina de Control de la Magistratura, la Jueza Suprema, señora Ana María Aranda Rodríguez no haya renunciado pese a la magnitud de los hechos; al menos el primero tuvo un poco de vergüenza, pues a la segunda es, en realidad, a quien se le escaparon las tortugas.

Una de las últimas decisiones que tomó el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, bajo la presidencia de Rodríguez Tineo, fue declarar en emergencia al Poder Judicial por el plazo de 90 días y aprobar un plan de trabajo para afrontar – así lo entendemos – esa situación de emergencia (cf. R.A. N° 203-2018-CE-PJ). Días antes ya se había declarado en emergencia la Corte Superior de Justicia del Callao, que fue la ground zero de toda esta triste y no menos trágica historia (cf. R.A. N° 199-2018-CE-PJ).

La Sala Plena de la Corte Suprema eligió, en reemplazo del locuaz Rodríguez Tineo, al Juez Supremo, señor Víctor Roberto Prado Saldarriaga “para completar el período 2017-208” (cf. R.A. N° 010-2018-SP-CS-PJ), así se abrió una aparente luz de esperanza en un cierto liderazgo por eso de que la crisis es una oportunidad. Termina el año y el actual Presidente del Poder Judicial hará, sin duda, una memoria de buenas intenciones, pues de estas está empedrado el infierno, dice el refrán.

El 26 de julio de 2018 la Sala Plena de la Corte Suprema aprobó “la propuesta presentada por la Comisión encargada de proponer un planeamiento estratégico para la mejora del Poder Judicial, teniendo en cuenta las intervenciones de los señores Jueces Supremos Titulares” que se publicó con el nombre de “Plan de cambios urgentes para el Poder Judicial” ¿cuál es el balance de este plan que ya va a tener 6 meses?. Ninguno.

Otros hechos – tráfico de influencias – afectaron al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que llevó a que el 20 de agosto de 2018 se haga de conocimiento público que el presidente electo, solicitaría se declarase en emergencia éste órgano de gobierno y se reformulen sus funciones y normatividad. Esta declaración de emergencia en efecto se dio declarándosela por 10 días. Antes de ello, la consejera Rosa Amelia Vera Meléndez renunció, mientras que al consejero Augusto Ruidias Farfán, se le inició un trámite a instancia del Presidente de la Sala Plena de la Corte Suprema para reemplazarlo por otro, pero éste fracaso, pese a que incluso se ampliase la declaración de emergencia, en un primer momento por 30 días calendario (cf. R.A. N° 13-2018-SP-CS-PJ) y en un segundo, por 15 días calendario más (cf. R.A. N° 22-2018-SP-CS-PJ del 10 de octubre de 2018). Este incidente es realmente interesante y digno de otro análisis, para sacar lecciones del mismo.

Mediante la R.A. N° 17-2018-SP-CS-PJ la Sala Plena de la Corte Suprema delegó en su presidente la facultad de presentar iniciativas legislativas, las mismas que en efecto se presentaron respecto a los temas siguientes: i) el otorgamiento de una facultad extraordinaria a la Sala Plena para la suspensión temporal de jueces supremos titulares y provisionales o consejeros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la función jurisdiccional o de gobierno; ii) la modificación del sistema de elección de presidentes de la Corte Suprema y Cortes Superiores; iii) la creación de la Autoridad Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial. A la fecha, ninguno de esos proyectos de ley fueron atendidos por el Poder Legislativo. Qué poco peso específico tiene el Poder Judicial ante el Poder Legislativo.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó un “Protocolo de gestión y actuación para las visitas de los señores jueces supremos a las Cortes Superiores del País” en cuyo marco muchos de ellos visitaron las diferentes cortes de justicia del país, es decir, quienes estaban en el más alto nivel jerárquico de la judicatura, descendían a las cortes para “evaluar cualitativa y cuantitativamente el desempeño de las Cortes Superiores de Justicia del país, con el fin de detectar las deficiencias del servicio de justicia y dictar los correctivos correspondientes de manera inmediata” ¿cuál es el balance de estas visitas? Ninguno.

El otro día se publicó en la web del Poder Judicial (30 de noviembre de 2018), una noticia que parece tener origen en lo anterior: “En Taller de Planificación Estratégica para Modernización del Estado. Jueces Supremos plasman documento con bases de visión y misión del Poder Judicial al 2030.” En el desarrollo de la noticia se lee: “Cabe señalar que la elaboración del Plan Estratégico del Poder Judicial 2019-2030 está enmarcado en el Plan de Urgencias diseñado por la gestión de Prado Saldarriaga, en el cual fue realizada la visita de los jueces supremos a veinte cortes del país, el planteamiento de iniciativas legislativas para la reforma del sistema de justicia, entre otros.” Y se continua: “Jueces supremos del Poder Judicial elaboraron el documento que sentará las bases de la misión y visión estratégica de la institución judicial, el cual está enmarcado en la lucha contra la corrupción, autonomía presupuestal, descarga procesal, mejoramiento del sistema judicial administrativo, justicia inclusiva, entre otros, para el 2030.”

En primer lugar, ya no es tiempo de iluminados y peor si lo son de la noche a la mañana; las visitas de los Jueces Supremos a las Cortes a lo mucho duraron 2 días, en los que era imposible cumplir el ambicioso protocolo de las mismas y menos tomar conocimiento de la realidad; en segundo lugar, que los Jueces Supremos elaboren una visión y misión del Poder Judicial no significará algo para los jueces superiores, de primera instancia y jueces de paz letrados, pues si éstos no ponen una palabra de lo que se escriba como misión o visión del Poder Judicial, no se sentirán identificados con esa visión y misión elaborada por aquellos ¿acaso no recordamos que el Poder Judicial tenía una visión y misión en carteles pegados en sus paredes y que ya se despegaron, y de las que ya nadie tiene memoria?. Si bien se dice, en la noticia, “La autoridad judicial señaló que este plan estratégico no es un documento que otros lo han elaborado, sino que lo han desarrollado (y deben aplicarlo) los propios jueces.” Al respecto bueno será recordar que, a casi 200 años de edad del Poder Judicial, los Jueces Supremos que recién descendieron a las Cortes de Superiores de Justicia para conocer la realidad, si bien son jueces también, en realidad son “otros” respecto de los Jueces de instancias inferiores. Dicho de otro modo, ¿de qué hubiese servido que Publio Cornelio Escipión, antes del enfrentamiento en Zama, donde venció a Anibal Barca, se reuniese con sus oficiales para planear el enfrentamiento, si en la mente y corazón de cada centurión y legionario no estaba grabado el sentimiento por Roma y que durante la batalla no les llegase oportunamente las órdenes de quienes siendo oficiales no dudaron entrar en acción?       

Mediante R.A. N° 166-2018-P-CE-PJ, del 5 de octubre de 2018, publicada el 10 del mismo mes, se prorrogó por 45 días calendario más la emergencia del Poder Judicial ¿cuál fue la razón real de la declaración de emergencia del Poder Judicial? La verdad es que no sabemos si aún estamos en emergencia y mucho menos si ya superamos el trance con tantas decisiones sin brújula, pero la realidad es que el jueves 6 de diciembre, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se eligió al Presidente del Poder Judicial, es decir, a quien lo dirigirá, ya no diremos liderará – sus destinos en los siguientes 2 años. ¿Alguien conoce cuáles son sus posiciones, su pensamiento, tendencia y, sobre todo, su plan de acción al frente del Poder Judicial? Lo cierto del caso es que ahora el Presidente del Poder Judicial es el Juez Supremo, señor José Luis Lecaros Cornejo.

La información que tenemos es que fueron 18 Jueces Supremos quienes participaron en la Sala Plena de la Corte Suprema para elegir al Presidente y del Poder Judicial. Si bien el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial habilitó – en una decisión discutible – a los Jueces Superiores que fueron elegidos para presidir y completar el período 2017 – 2018 en sus Cortes Superiores de Justicia, ante la caída de sus presidentes por actos reñidos con el cargo, para poder postular nuevamente al cargo. Lo propio parecía que iba a suceder – previo acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema – para la postulación a la Presidencia del Poder Judicial, del Juez Supremo, Señor Prado Saldarriaga (cf. comunicado público del Juez Supremo, Señor Jorge Luis Salas Arenas, del 5 de diciembre de 2018). Pero este acuerdo no se dio lo que significó que no había consenso para su reelección, hubo – dice – 11 votos en contra, 5 a favor, y una abstención.

En la elección, en primera vuelta, el Juez Supremo Lecaros Cornejo obtuvo 4 votos; la Jueza Suprema Barrios Alvarado 4 votos; el Juez Superior Lama More 2 votos y el Juez Pariona Pastrana 2 votos. En la segunda y definitiva vuelta el escrutinio arrojó el siguiente resultado: 6 votos para Lecaros Cornejo; 4 votos para Barrios Alvarado y hubo – según información que trascendió – 8 votos en blanco. Este resultado denota que el Presidente electo, si bien tiene legitimidad formal, no la tiene realmente. Una lectura de esas elecciones es que 10 Jueces Supremos, de 18 en total, decidieron votar por Lecaros Cornejo (6) y Barrios Alvarado (4) pues aquellos consideraron que eran dignos de confianza, otra lectura es que 8 Jueces Supremos no encontraron que Lecaros Cornejo y Barrios Alvarado merecían confianza. Pero lo más grave de todo es que ni de Lecaros Cornejo ni de Barrios Alvarado se conoce qué plan de acción tienen para el Poder Judicial, es decir, que se elige a ciegas, por simpatías o antipatías, por amistad o por enemistad, pero en ningún caso pensando en el Poder Judicial, dejándonos una vez más en el voluntarismo.

No sabemos si el Presidente electo continuará con esa inercia en función de decisiones sin brújula,  no sabemos si tenga otro u otros planteamientos pues nunca expresó ni siquiera un boceto de plan de gobierno, y es de esperar que los 5 Jueces Supremos que lo apoyaron volverán como todos a sus labores individuales y de sus tribunales, sabiendo por quien votaron, pero sin saber porque. Lo anterior nos indica que empezaremos peor el 2019, luego de terminar mal el 2018. Todo lo anterior no hace sino dejar al Poder Judicial, una vez más, como furgón de cola. El Congreso amplió su legislatura hasta el 30 de enero 2019 para aprobar la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia que, según trascendió será sobre un proyecto que el Poder Ejecutivo ya tiene preparado y, si acaso lo hace el propio Congreso, en uno u otro caso será de modo apresurado ¿tiene el Poder Judicial un proyecto de ley orgánica alternativo? ¿tiene el Poder Judicial posiciones al respecto?. Luego no nos quejemos los jueces que la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia tiene errores, en función de los que se generaran además una serie de reglamentos para todos los procedimientos que deberá transitarse para nombramientos, ratificaciones y destituciones, así como el de evaluación de gestión.

Hay muchos retos para el propio Poder Judicial, uno de ellos y diríamos que el principal es elaborar y a la brevedad que le sea posible, un proyecto de su ley orgánica en el que se definan su estructura, organización y forma de gobierno, y en la que se contemplen todas las disposiciones que nos permitan evitar muchos de los hechos que actualmente hicieron – a ciegas – que lo declararan en emergencia.

Esperamos haber explicado la razón del título de este breve artículo.